Militares salvadoreños siguen bloqueando archivos de masacre

(AP). Los militares salvadoreños han vuelto a decir “no”.

Pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró que las inspecciones de sus archivos son legales, la fuerza armada de El Salvador impidió el martes que un juez ingresara a una de sus instalaciones para incautar documentos relacionados con la matanza de El Mozote, donde murieron casi un millar de campesinos en 1981.

La situación se ha repetido en tres ocasiones en los últimos días pese a la presión del juez a cargo del caso, de la postura de la Corte y del supuesto apoyo del presidente Nayib Bukele.

Más de tres décadas después de la matanza, el juez Jorge Guzmán reabrió el caso, por el que ningún responsable ha enfrentado a la justicia, y está procesando a un grupo de militares en condición de baja que en su momento ocuparon puestos de dirección durante la guerra civil de 12 años que concluyó con la firma de los acuerdos de paz de 1992.

“Yo no puedo autorizarles el acceso a los archivos”, respondió el martes el capitán Carlos Escobar cuando el juez Guzmán pidió que se le permitiera ingresar a la Segunda Brigada Aérea en Comalapa, a 34 kilómetros al sureste de la capital.

El oficial sostuvo que en las instalaciones guardan los planes de defensa nacional, “los cuales son de carácter secreto y están protegidos bajo la Constitución de la República y cualquier otro tipo de documentación relacionada con el personal o cualquier otro tipo de información que genere la unidad militar”.

Esta nueva negativa ocurre pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia declarara que las inspecciones de los archivos militares son legales y no perjudican a la fuerza armada. También advirtió al ministro de Defensa, contraalmirante René Francis Merino Monroy, que impedir la inspecciones puede constituir un delito.

El organismo de justicia recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2012 investigar la masacre de El Mozote, por lo que el Estado salvadoreño está obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido.

“Sigue el bloqueo, sigue la actitud del gobierno actual, del ministro de Defensa y el presidente (Bukele) de proteger a criminales de guerra y afectar las investigaciones”, manifestó el abogado David Morales, que participa en el proceso como querellante en representación de las víctimas.

Bukele ha asegurado públicamente que su gobierno desclasificaría “voluntariamente” los archivos, pero los militares siguen sin permitir que se inspeccionen.

Para el miércoles está previsto que el juez llegue a la Brigada de Artillería, en San Juan Opico, y el jueves intentará hacer la inspección en el archivo general de la nación.

La masacre ocurrió entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de San Salvador durante una operación de un batallón entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia. Los soldados entraron a la zona en busca de unidades de la guerrilla, pero algunos mataron a civiles.

Un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1983 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, al coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales que no fueron juzgados por la vigencia de la Ley de Amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).