Peligra caso histórico de miles de esterilizadas en Perú

(AP). Un proceso por miles de esterilizaciones forzadas —en su mayoría contra mujeres que buscan responsabilizar a un grupo de políticos de Perú— está en peligro porque un juez investigado por corrupción en otro caso demora en decidir si inicia la investigación, dijeron el miércoles abogados de las víctimas.

Es una de las causas más emblemáticas de Perú donde desde el poder político a fines del siglo XX se buscó frenar la natalidad de los humildes e indígenas sin reparar en sus derechos y como una estrategia para intentar disminuir la pobreza del país, de acuerdo con el Ministerio Público.

Las mujeres apoyadas por la organización peruana DEMUS lucharon dos décadas para empujar a la fiscalía a denunciar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en cuya gestión se desarrolló las campañas masivas de esterilizaciones. También están señalados tres exministros de Salud, entre ellos el congresista y actual presidente de la comisión legislativa de fiscalización, Alejandro Aguinaga.

La investigación preliminar a nivel de la fiscalía peruana sufrió varios intentos de archivo en 2009, 2014, 2016 y 2018, dijo el abogado Milton Campos de DEMUS. “Nos enfrentamos ante un peligro inminente, no sólo por la actuación actual del juez y los denunciados, que tienen mucho poder, sino porque el poder judicial no está dando muestras a las mujeres esterilizadas forzadamente que tienen en prioridad el caso para ser atendido”, añadió el abogado a The Associated Press.

En marzo, después de un cuarto de siglo de ocurridos los hechos, un fiscal en representación de más de 1.300 esterilizadas a la fuerza denunció ante la justicia a Fujimori y los exministros de Salud. El caso avanza tan lento que desde el 14 de septiembre el juez Rafael Martínez empezó a leer su decisión, que determinará si se inicia una investigación judicial a los poderosos políticos peruanos. Dos meses después, el juez aún no termina de leer su determinación.

Martínez anunció el miércoles que su lectura continuará el sábado y tal vez hasta “cuatro fechas” más debido que su despacho trabaja en otros casos. El caso se complica porque el juez dejará pronto el proceso por orden superior. Una fiscalía lo investiga por estar presuntamente implicado en una red judicial que por dinero favorecía a narcotraficantes de organizaciones internacionales.

Si el juez archiva el caso y determina que no hay razones para pasar a una etapa de investigación judicial, la defensa apelará, dijo Campos, quien junto a la abogada María Cedano patrocina a las peruanas Mamérita Mestanza y Celia Ramos, quienes murieron tras ser esterilizadas a la fuerza.

La fiscalía acusa a Fujimori por su presunta autoría mediata en las lesiones seguidas de muerte de cinco mujeres y lesiones graves de otras 1.301 mujeres esterilizadas sin consentimiento.

El fiscal Pablo Espinoza dijo a inicios de año cuando denunció a Fujimori que su gobierno se había focalizado en esterilizar a las más pobres. “El Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”, indicó. Afirmó que entre 1996 y 2000 se organizaron innumerables “festivales de salud” en pueblos alejados que incluían fuegos artificiales y bandas de música para atraer a mujeres y luego, mediante engaños y coerción, esterilizarlas sin consentimiento informado.

El fiscal indicó que la política ordenada por el gobierno de Fujimori también premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos. Según la fiscalía, se realizaron una 273.684 esterilizaciones y se produjeron 1.599 complicaciones.

Victoria Vigo fue esterilizada a los 32 años sin su consentimiento en 1996 luego de un embarazo complicado tras el cual dio a luz por cesárea a su tercer hijo. El bebé murió poco después. En medio de su dolor, la mujer decidió luchar por justicia sin lograrlo un cuarto de siglo después.

Temprano en una conferencia de prensa presencial, Vigo dijo el miércoles a periodistas que empezó a buscar justicia en 1997 y que muchas de sus compañeras de infortunio habían fallecido con el paso del tiempo de cáncer, del COVID o de otros problemas de salud. “Nuestras voces están secas de contar nuestras historias, de contar miles de veces lo que nos han hecho”, dijo.

Fujimori, de 83 años, no se ha pronunciado, ni su hija, la actual jefa del partido político Fuerza Popular y excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien fue la primera dama durante la presidencia del padre (1990-2000). Tampoco ha hablado el legislador Alejandro Aguinaga.

El expresidente cumple una condena de 25 años de cárcel por su autoría mediata en los asesinatos de 25 peruanos, incluyendo a un niño de 8 años, a manos de un grupo clandestino de militares. Tiene otras tres condenas, dos de ellas por corrupción.

Por dos décadas las activistas que denuncian las esterilizaciones a la fuerza se han manifestado con faldas y piernas manchadas en tinta roja. También han mostrado dibujos de trompas de falopio ensangrentadas. Presidentes de todos los espectros políticos les han dado la espalda.

El caso retoma interés porque el actual ministro de Salud, el doctor Hernando Cevallos, denunció en 1997 a la fiscalía, junto a otros médicos, que eran obligados a operar hasta 60 mujeres por día en las campañas de esterilizaciones.

El actual mandatario Pedro Castillo prometió justicia a las mujeres esterilizadas días antes de una ajustada segunda vuelta presidencial en junio cuando venció a Keiko Fujimori, hija del expresidente denunciado por el caso. Castillo recordó que su propia familia campesina también sufrió las esterilizaciones y añadió “el dolor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas es el mío”.

Tras llegar al poder ninguno de las dos autoridades se ha pronunciado sobre el caso.

“Yo en estos momentos me siento con el corazón contrito, se me murió mi hijo”, recordó la señora Vigo. “Y yo no sabía que ya me habían esterilizado”, dijo.