Andalucía

El TSJA paraliza el proyecto para almacenar gas natural en Doñana

La resolución judicial da la razón a los ecologistas y a la Junta, que se oponía al permiso otorgado por el Gobierno central a una empresa

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por Petroleum Oil & Gas España S.A. contra la resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 8 de enero de 2016, por la que se denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto conjunto ‘Marismas Oriental’.

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Según reza la resolución judicial, contra la misma cabe recurso de casación, se desestima el recurso de la empresa que consideraba que la administración regional había “desvirtuado” la propia finalidad y sentido de la AAU, incidiendo en que “ha respetado plenamente” el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que fue otorgada por la administración estatal.

La sentencia recuerda, como ha adelantado el diario “Huelva Información”, que la negativa de la administración regional a la AAU radica en un informe del Espacio Natural de Doñana, el cual “encuentra su motivación en la presencia de elementos del proyecto que son incompatibles con la normativa de aplicación”.

Así, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determina que el recurso debe ser desestimado debido a “la efectiva presencia” en el proyecto “Marismas Oriental” de “actividades incompatibles” con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aplicable.

“Marismas Oriental” es uno de los cuatro subproyectos en los que se divide la iniciativa de Gas Natural, junto a “Saladillo”, “Marismas Occidental” y “Aznalcázar”. En su momento, la Junta, gobernada entonces por el PSOE, denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a Marismas Oriental por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.

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Por su parte, el anterior Gobierno andaluz dejó claro la importancia de evaluar el impacto ambiental teniendo en cuenta el efecto acumulativo de los cuatro subproyectos: “Marismas Occidental”, “Marismas Oriental”, “Aznalcázar” y “Saladillo”, todos con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable realizada por el Estado.

En otro orden de cosas, en abril de 2018 la Junta anunció medidas legales ante la negativa del Gobierno español a evaluar de forma conjunta los cuatro subproyectos y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha, el denominado Marismas Occidental.

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La secretaria general del PSOE andaluz y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha recordado a través de su perfil de Twitter que “la justicia avala” la gestión que realizaron al frente del Gobierno andaluz sobre este asunto. “La justicia avala nuestra gestión en el proyecto de gas en Doñana. El TSJA considera ajustadas a derecho todas las decisiones que tomamos para salvaguardar nuestro espacio natural. Nuestra defensa del parque ha sido, es y será innegociable”, ha concluido la dirigente socialista.

En esta misma línea se ha pronunciado a través de la misma red social el presidente de la Diputación Provincial de Huelva y secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo. “Ésta es un victoria de quienes defendemos Doñana y una derrota de los que la ven como un estorbo y de los ambiguos. Los socialistas la defenderemos siempre, por encima de otros intereses”, ha remarcado.

WWF celebra la sentencia

WWF celebra la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, a través de un comunicado, reclama al Gobierno central que retire la consideración de interés estratégico a los subproyectos existentes y apueste por proyectos que fomenten las energías renovables.

"Valoramos muy positivamente la sentencia del TSJA, que reconoce, como hemos venido defendiendo desde 2010, al igual que otras organizaciones ecologistas y los informes del Espacio Natural dependiente de la Junta de Andalucía, que Doñana no puede ser un almacén de gas natural al ser incompatible esta nueva actividad con lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 2005 (PORN) de este espacio", afirma.

Así, explica que dentro del procedimiento de la AAU, el proyecto fue informado por el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana en marzo de 2015. “Presentamos una propuesta al Consejo para que el mismo emitiese un “informe negativo” al almacenamiento de gas por vulnerar la normativa del Espacio Natural en relación con las zonas de grado A y B dispuestas en el PORN”, señala WWF, que añade que dicha propuesta “fue aprobada y el informe negativo fue incorporado al informe que realizó el Espacio Natural por el cual declaraba incompatible el proyecto de Petroleum Oil”.

Para WWF, los argumentos de la administración andaluza para rechazar Marismas Oriental -"ratificados ahora por esta sentencia", abunda-, “ponen también fin a otro de los nuevos proyectos de almacenamiento de gas natural en el Espacio Natural, el de Saladillo, que necesita de un permiso del propio espacio para comenzar y que debería ser también negativo al afectar a zonas A y B establecidas en el PORN de 2005”.

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"Estos planes para almacenar gas en el subsuelo Doñana son inaceptables e incompatibles con Doñana, lo que ha quedado aún más claro con el nuevo PORN del Espacio Natural aprobado en 2016, que prohíbe expresamente nuevas actividades extractivas o de almacenamiento", incide WWF.

Además, apunta que aunque puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo (TS), esta sentencia "se suma a los pronunciamientos en contra de los almacenes de Naturgy de organismos internacionales como Unesco o el Parlamento Europeo, así como del Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía o los defensores del pueblo español y andaluz, y la oposición de organizaciones ambientales y sociales de Doñana".

“El impacto conjunto de estos proyectos sobre el medio ambiente, su nula vinculación a los objetivos del Espacio Natural y las actividades socioeconómicas el entorno, y la falta de certezas sobre sus riegos para el acuífero o la estabilidad sísmica de la zona, son argumentos más que suficientes para poner fin a los mismos”, concluye la organización ecologista.