En un decreto educativo del PSOE de 2007 se aludía a ofertar centros públicos y concertados

El PSOE andaluz seguirá la flecha de la protesta y saldrá a la calle, según han anunciado algunos de sus portavoces, para exigir la retirada de lo que han bautizado como el «decretazo» de escolarización de la Junta, que ha puesto «en pie de guerra» a la comunidad educativa y que abre la puerta al «negocio» privado. Pero si mira hacia atrás podrá comprobar que uno de sus gobierno socialistas ya introdujo en una norma de la materia que en todas las zonas educativas se pudiera elegir un centro público y uno privado concertado. Se trata en concreto del Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regularon los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado, a excepción de los universitarios.

En su artículo octavo se recogió literalmente: «Por Resolución de la persona titular de cada una de las delegaciones provinciales de la consejería competente en materia de educación, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, oído el correspondiente Consejo Escolar Provincial y, en su caso, los Consejos Escolares Municipales; se delimitarán las áreas de influencia y sus modificaciones de cada provincia, de acuerdo con la capacidad autorizada de cada centro docente y la población escolar de su entorno». Y se añadía que se haría «teniendo en cuenta al determinar cada una de ellas que se pueda ofrecer a los solicitantes, siempre que sea posible, como mínimo, un centro docente público y otro privado concertado». Fuentes consultadas por este periódico, apuntan que esa referencia a los dos tipos de instalaciones fue suprimida luego en otro Decreto posterior que se aprobó en febrero de 2011, pero durante los cuatro años comprendidos entre 2007 y 2011, la situación de la escolarización en la comunidad no distaba de lo impulsado ahora desde el Gobierno regional de PP y Cs en cuanto a lo que la elección de centro se refiere y que tanta reacciones ha provocado. Entonces no saltaron las alarmas, pero ahora parece que sí lo han hecho y ayer los sindicatos de la enseñanza pública ANPE, CC OO, CSIF y UGT ratificaron la convocatoria de una jornada de huelga el próximo 4 de marzo. En una reunión de la Intersindical de Educación, celebrada en Sevilla, señalaron como el aspecto más controvertido del nuevo Decreto el punto del artículo 9.4 que señala que «en los municipios o ámbitos territoriales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, las áreas de influencias para cada enseñanza se configurarán de forma que las familias tenga la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo».