Más del 80% de los docentes no secunda la huelga educativa «ideológica»

A comienzos de año, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, reconoció que la falta de entendimiento con los sindicatos había roído el primer año de gestión de su equipo a dos departamentos: educación y salud. Tal vez a eso responda la jornada de huelga sectorial a la que la comunidad educativa convocó ayer, agarrándose al decreto de escolarización al que la Junta dio luz verde el pasado febrero, pero que no difiere en demasía del aprobado por un Ejecutivo socialista en 2007 en cuanto a la posibilidad de que las familias elijan entre centros públicos y concertados, en los puntos donde esto sea posible, dado que la oferta de los segundos sólo supone un 20% de la total, como ya informó LA RAZÓN.

A pesar del llamamiento incendiariamente convencido realizado a los 101.820 docentes aludidos, respondieron 15.644, el 15,4%, según los datos notificados por el departamento de Educación que lidera Javier Imbroda –aunque el porcentaje definitivo no se conocerá hasta que los directores de los centros registren todas las ausencias en las próximas horas–, quien volvió a negar que tenga intención de desmantelar la educación pública. En ese sentido, apuntó al «sesgo ideológico» que guió a todos los que utilizaron el decreto de escolarización, que no de planificación educativa, para «armarse e ir contra» el Gobierno autonómico de PP y Cs y contra él mismo. Cree que la nueva norma ha servido a algunos de «coartada» para atacar al Ejecutivo regional, igual que antes la educación fue usada durante años como instrumento ideológico.

Desde la Consejería de Educación han reiterado estos días que la desaparición de unidades educativas públicas en Primaria se debe a la falta de niños por la bajada de la natalidad y ha ido unida, en cambio, al incremento en Secundaria, Educación Especial o Formación Profesional. Se ha garantizado además que la Junta no podría aunque quisiera concertar una unidad si, en la zona que fuera, existen plazas libres en instalaciones públicas, por lo fijado al respecto en normativa estatal. Pero su sembrado de argumentos no ha convencido y se ha llegado a los paros. Con todo, la huelga tuvo un seguimiento desigual en el mapa de la comunidad. En Cádiz, Granada y Almería, el porcentaje superó el 20% de los docentes de los centros públicos, mientras Córdoba y Huelva se situaron en torno al 12%; Jaén anotó un 10,3; Sevilla se quedó en el 10%; y Córdoba no llegó ni a éste, de acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno regional, recabada del sistema informático al que vuelcan los centros. La ausencia del profesorado fue mayor en Infantil y Primaria, con un 21,7,5%; que en Secundaria, donde las aulas estuvieron menos vacías y el porcentaje se situó en un 10,5.

Aunque, de su lado, los sindicatos convocantes, CSIF, ANPE, Ustea, CC OO y UGT, respaldados por la federación andaluza de asociaciones de madres y padres, más plataformas como la marea verde y la llamada «Escuelas de calor» de Sevilla –CGT citó en solitario y USO se desmarcó de las protestas–, cifraron el seguimiento entre el 60 y el 70% del profesorado. El malestar sindical se expresó también durante la jornada a través de manifestaciones que tomaron las calles en todas las provincias. Una de las más numerosas fue la de Sevilla, donde los participantes sobrepasaron los 3.000, según los sindicatos, y alcanzaron el palacio de San Temo, sede de la Presidencia de la Junta. Las organizaciones sindicales pidieron al Ejecutivo autonómico que escuche al sector educativo y negaron que los paros respondieran a motivaciones ideológicas o políticas para desgastarlos. Alegaron razones profesionales e insistieron en que está en peligro «el mantenimiento de unidades educativas» públicas. A ellos se sumaron dirigentes políticos del PSOE y de formaciones integrantes de Adelante Andalucía como son IU y Podemos, quienes exigieron, con los sindicatos, la retirada del decreto.Un paso que, a tenor de las palabras del portavoz de la Junta, Elías Bendodo, no se dará, al aseverar éste que la huelga «ideológica» había «fracasado» porque la «gente no es tonta». Lo que sí tendrán que afrontar es trasladar a la normativa andaluza el hecho de que se elimina el concepto de «demanda social» como criterio en la reordenación del mapa escolar, si finalmente el Gobierno de la Nación impulsa ese cambio en la reforma educativa que hornea.

De momento, Imbroda defendió en el Parlamento ya por la tarde el que calificó de «decreto de las familias» que contempla criterios como «la reagrupación de hermanos», el dar prioridad a «niños con enfermedades graves» o a quienes tienen menos recursos. «¿Es esto ir contra la educación pública?», se preguntó, para recordar la inversión superior a los 450 millones hecha en la materia y abrochar con: «No era una huelga educativa, era una huelga ideológica».

El consejero acusa a la oposición de «manipular»

El consejero de Educación, Javier Imbroda, acusó ayer en el Parlamento a las bancadas de la oposición de izquierdas de haber «manipulado» a la comunidad educativa que ayer hizo huelga. Los aludidos replicaron. Desde Adelante Andalucía criticaron que la Junta quiera importar a la región «el modelo» de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, «Esperanza Aguirre» y negaron tener «capacidad de manipular». Los socialistas lo culparon de haber «despreciado» al sector por un decreto que ha nacido «sin consenso» y también rechazaron que hubieran manipulado a nadie. «No mercadee con la educación pública», pidieron a Imbroda, quien recalcó que trabaja «en equipo» para «mejorar» las dos «redes» del sistema: la pública y la concertada. Se confesó «cansado de mentiras», pero garantizó que «seguirá dialogando».