La Guardia Civil constata el ascenso de tres personas ligadas a la mina de Aznalcóllar

Las acusaciones se licúan para unos y no tanto para otros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha analizado la documentación que le ha remitido el Gobierno andaluz sobre trece ex cargos o funcionarios ligados al concurso público en el que se adjudicó en 2015 la mina sevillana de Aznalcóllar al Grupo México/Minorbis. Lo ha hecho a petición del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que aceptó sin rugir la orden de la Audiencia Provincial de reabrir el caso sobre la asignación del yacimiento minero por segunda vez.

Los investigadores han concluido que de los trece, «los únicos que obtuvieron puestos de más relevancia», tras la resolución del concurso, fueron los entonces secretario general de Innovación del Ejecutivo autonómico y directora general de Minas, Vicente Fernández y María José Asensio, respectivamente. La UCO precisa en un informe, consultado por LA RAZÓN y fechado el pasado 26 de febrero, que el primero fue nombrado luego interventor general de la Junta de Andalucía y la segunda viceconsejera. «Ambos puestos políticos», se asevera en el documento policial. Junto a ellos, «también cambió a un destino con mayo» categoría, María Pilar Horche, al subir de «un puesto de trabajo de nivel 22» a otro «25», en el Departamento de Planificación Seguridad Minera de la Administración regional, «donde continúa», precisan los agentes. Fernández acabaría siendo designado más tarde presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sillón que abandonó por su implicación en la causa.

El resto de los trabajadores cuyas trayectorias se han diseccionado, no obtuvieron cargos que, «en vista del nivel del complemento de destino», supusieran, «un aumento significativo en sus retribuciones o en la relevancia del puesto de trabajo».

La Guardia Civil traslada además al órgano judicial que tras haber accedido a información «de tipo fiscal» relativa a «una serie de personas próximas al círculo personal» de los señalados –órbita que se definió en virtud a la inscripción en el padrón municipal en los mismos domicilios que éstos–, «no se ha podido determinar la existencia de ninguna compensación de tipo laboral o retributiva». O dicho de otro modo: «La información fiscal y tributaria analizada no ha arrojado ningún dato reseñable relacionado con las personas que componen» esos espacios de confianza, a la luz de lo reflejado en el mencionado informe de cuatro páginas.

Fuentes del caso entienden que de lo transmitido por la UCO al juzgado se desprende que no se ha cometido el presunto delito de cohecho al que apuntó la Audiencia de Sevilla. Sin embargo, otras fuentes del entorno de Emerita Resources, una de las empresas que aspiraba a reabrir la mina de Aznalcóllar y que se quedó fuera, apuntan que lo que han constatado los investigadores es que «hubo ascensos a puestos claves», de «los que decidían en minas, el antiguo secretario general, la directora general y la ingeniera» del ramo. Y se produjeron «por decisión política», inciden.

Habrá que ver ahora hacia donde mueve ficha el juzgado instructor del proceso y con las tesis de quien se alinea.