Un ex trabajador de UGT-A admite que filtró documentos y tilda al sindicato de «organización criminal»

Visto para sentencia. Así dejó ayer el juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla el juicio contra el ex trabajador de UGT-A Roberto Macías, quien admitió que filtró a los medios «cinco o seis» documentos que demostrarían una presunta pauta de corrupción en un sindicato al que calificó de «organización criminal», según trasladaron a LA RAZÓN fuentes del caso. Si bien, el propio Macías, quien se sentó en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos, aseveró a este diario que lo que reconocía es haber realizado «una denuncia pública» de acuerdo a lo fijado en «la Directiva Europea de Protección de Denunciantes», por lo que pidió a la jueza que lo amparara como tal.

Pero, del otro lado, la Fiscalía Anticorrupción, que solicita tres años de cárcel para el ex administrativo, insistió en que el encausado «no fue denunciante de nada». UGT coincide en eso y mantiene que «se llevó documentación» e «hizo uso de ella en su interés, aún cuando declaró en un primer momento que no se la había facilitado a nadie». Fuentes ligadas a la central sindical anotaron además que «no se ha puesto en entredicho en ningún momento el informe pericial de la Policía» que «acredita que la documentación que se llevó no era de trabajo» y que «la usó mucho después de ser despedido». En el sindicato, cuya secretaria general, Carmen Castilla, compareció ayer como testigo, se preguntan que, si lo que hizo fue una denuncia enmarcable en la mencionada directiva, «por qué declaró ante el juzgado de instrucción que no» había trasladado a «la prensa ni a ninguna persona física o jurídica información de los archivos que tomaba de UGT para su trabajo». Un grupo de personas se conjuró a las puertas del juzgado para respaldar a Macías al grito de: «Basta ya, la Justicia dónde está».