Escala la tensión entre el Gobierno central y el andaluz que confirma el distanciamiento

Tal vez cuando los tiempos de coronavirus se apacigüen puedan trenzarse complicidades. Pero, de momento, los nudos se han desasido, si es que alguna vez existieron. El último desencuentro entre el Gobierno central que pilota el socialista Pedro Sánchez y el andaluz que comanda el popular Juanma Moreno se ha producido a cuenta de que Málaga y Granada se hayan quedado descolgadas del resto de la comunidad en el paso a la fase 1 del desconfinamiento el próximo 11 de mayo.

Hasta donde ha podido saber LA RAZÓN, la Junta planteó por escrito al Ministerio de Sanidad una propuesta de desescalada que incluía que “todas las provincias de la comunidad” avanzaran a la vez el lunes, si bien, recogieron en ella una serie de “salvedades” ligadas a la transición al nivel 1 en el caso de tres distritos sanitarios: el de Granada, el de su área metropolitana y el de Málaga capital, al no cumplir éstos con todos los parámetros exigidos. El Ejecutivo regional se comprometía a no permitir en ellos reuniones, seminarios, congresos, actos o espectáculos al aire libre, funerales y velatorios más allá de la intimidad, o mercadillos ni actividades similares. En definitiva, se apuntó en el documento que se limitaría la concentración de personas más allá de lo que se fuera articulando desde Madrid en el ámbito del Estado de alarma.

Durante las negociaciones se trató luego la posibilidad de pasar de ese criterio mixto provincia/área sanitaria, a sólo el de las zonas de salud, pero finalmente en la órbita del ministerio y sus expertos entendieron que no quedaba suficientemente claro cómo se iba a aislar a Málaga o Granada ciudades del resto del territorio, entre otros elementos. La concreción es un valor en medio de la incertidumbre.

Y se ha llegado a hoy, donde representantes del Ejecutivo autonómico y de las dos formaciones que lo sustentan, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), se han referido al “agravio”, al “castigo” y al “ataque frontal” que la “decepcionante” decisión de Sanidad ha supuesto, a su juicio, para la región.

Pero otros encontronazos poblaron antes la burbuja política de la confrontación, más allá de las cifras de material sanitario aportadas por ambas administraciones durante la pandemia o a que el reparto de fondos para aliviar la crisis no atienda más a la población, como pretendían desde el Gobierno autonómico. El equipo de Sánchez ha anunciado recursos judiciales a normas puestas en marcha desde Andalucía como el decreto que, según la Junta, iba a permitir regularizar unas 327.000 viviendas; el que modificó la ley para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en la contratación de préstamos hipotecarios sobre la vivienda; o más recientemente el decreto de simplificación administrativa, con el que el Ejecutivo regional quería cambiar 27 normas para desenmarañar. El Gobierno central ha dado luego otro paso al poner encima de la mesa la posibilidad de elevar al Tribunal Constitucional (TC) también algunos preceptos de la ley de Presupuestos de este ejercicio por la subida de salarios públicos. Desde la Junta se ha avanzado que se intentará dialogar en todos los casos para que no se tumben las normas con su sello, pero sólo el tiempo dirá si logran llegar a acuerdos o no.

La tensión entre administraciones se ha desatado a menudo en el plano económico. En ese apartado se han cocido tiranteces por que se prohibiera a Andalucía salir a los mercados a financiarse por el incumplimiento de los objetivos de estabilidad, de deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, cuando estaba a las riendas de San Telmo la socialista Susana Díaz, lo que tildaron incluso de “intervención”. Tampoco contribuyó a fomentar un buen clima el que el Ministerio de Hacienda no haya pagado el IVA pendiente desde diciembre de 2017 o las trabas al abono de pagarés que funcionaban desde hacía años sin problemas. Y son sólo algunos ejemplos que se podían haber discutido en los márgenes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuya convocatoria han reclamado desde Sevilla durante meses pero que, de momento, no ha llegado.

Desde la otra orilla, el envés de la moneda, replican a cada queja, mientras afrontan ahora el vértigo de ser el mando único ante el coronavirus. Es previsible que habrá nuevas puestas en escena para dejar clara la distancia creciente entre gobiernos.