Cruce de recursos y acusaciones entre UGT-A y su ex empleado por las filtraciones de documentación contable

A los costados de un juez, siempre hay dos partes. En la causa que enfrentó a UGT-A con su ex empleado Roberto Macías se puso recientemente un punto y aparte, cuando el juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla condenó al segundo a dos años de cárcel por revelación de secretos.Pero el sindicato se ha movido y ha presentado un recurso de apelacióncontra la sentencia recorrido por dos vetas argumentales esenciales. En primer lugar pretende que la Audiencia provincial deje sin efecto «la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas» que se recogió en el fallo, al entender que no se produjo, o que, «en todo caso, es imputable al propio acusado». En su escrito, al que tuvo acceso LA RAZÓN, se desarrolla ese filón legal y se alude, entre otras cuestiones, a que hasta se pospuso el juicio debido a que el día señalado para que arrancara, «y ya en la vista», Macías expuso que había renunciado a su abogado y que el nuevo no había «tenido tiempo de prepararlo». De hecho, éste se aplazó. UGT defiende que no hubo «dilación no justificada ni extraordinaria que se aparte de los parámetros normales u ordinarios». A ello engarza el propósito de que el ex trabajador indemnice al sindicato con «60.000 euros» o la cuantía que la Audiencia de Sevilla estime oportuna. En relación a ese segundo bloque argumental, sostiene que del relato de hechos del fallo «resulta la existencia de la lesión del honor de la entidad querellante, mediante la divulgación de hechos concerniente» a ésta o a «personas que forman parte de su órgano de dirección» y «resulta probado la apropiación por el acusado de al menos 374 elementos (342 ficheros y 32 carpetas)». Ello «supone un total de 22.500 archivos o ficheros informáticos, extraídos del Servidor de datos de UGT-A, en concreto de una carpeta denominada ‘Compras’» y que, a su vez, «se hallaba dentro de otra denominada ‘Confidencial/Compras’». La entidad traslada al tribunal provincial que hay «elementos objetivables para determinar una indemnización que pueda reparar la fama, el crédito o la reputación dañada» por «la voluminosa información apropiada y luego revelada en parte por el acusado» a través de medios de comunicación.

Del otro lado, enmarcaron ayer el desgranado recurso como una «clara ampliación de las represalias contra» Macías por haber revelado «el presunto fraude conocido por la opinión pública como el caso de las ‘facturas falsas de UGT'». Desde la Asociación Mediterránea y Contra la Corrupción (Amayt), que patrocina la defensa del ex empleado «ugetista» criticaron que la petición «espúrea» de que se anule el atenuante por dilaciones indebidas persiga que «la condena sea mucho mayor a dos años de prisión, lo que conllevaría un ingreso» en la cárcel «en el hipotético caso» de que el recurso armado también por esta parte fuese desestimado por la Audiencia. A su juicio, el «largo y tortuoso proceso ha provocado un daño irreparable» a Macías y a su familia, quienes «desde hace seis años» sufren «el acoso y derribo judicial por parte del sindicato hermano del PSOE». Respecto a la «infame» reclamación dineraria, lamentan que se busque con ella «hundir en la miseria» al «único hombre que ha reconocido en sede judicial el presunto desvío de fondos públicos». La partida se ha reactivado.

«Es un alertador de corrupción»

Desde Amayt reiteraron ayer su convicción de que Roberto Macías es «un alertador de corrupción, en virtud de la Directiva Europea EU 1937/2019, que protege a las personas que informen de infracciones al Derecho de la Unión» como es su caso. En ese sentido, aseveraron que lo que suceda con el ex administrativo de UGT Andalucía «sentará un precedente en el derecho europeo», a tener en cuenta.