Hubo «deficiencias» en la reestructuración del sector público andaluz impulsada por el PSOE

El impacto aún está por determinarse, pero el actual Gobierno andaluz integrado por PP y Cs asegura haber dado el impulso definitivo a la extinción de 101 entes instrumentales que orbitaban alrededor de la Junta. De hecho, se ha creado un grupo de trabajo para hacer el seguimiento del proceso de supresión de catorce de ellos. Pero antes de su desembarco en el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, ya se inició ese camino por parte de los gobiernos anteriores socialistas, como se hizo también en otras regiones, a partir del Acuerdo 1/2010, de 22 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por el que se aprobó el pacto con los territorios sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013. Éste establecía, entre otros compromisos, que los ejecutivos autonómicos y los de Ceuta y Melilla tendrían que armar planes de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativo y empresarial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y de reducir el gasto público. Se les dio, de hecho, un plazo de tres meses. Y luego se fueron sumando movimientos en esa dirección.

Ahora el Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe comparativo de «Fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades de las comunidades autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público», consultado por LA RAZÓN, en el que se concluye, entre otros puntos, que «en los trabajos de fiscalización efectuados se ha podido verificar el cumplimiento de la legalidad aplicable, tanto la normativa estatal como autonómica, a los procedimientos de reordenación para la extinción y creación de entidades en las distintas formas que se han llevado a cabo», si bien «se han observado particularidades y deficiencias» en lo llevado a cabo por algunas entidades en las regiones de «Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, el País Vasco, el Principado de Asturias y la Comunitat Valenciana».

Se ha analizado el periodo comprendido entre 2010 y 2016 y en concreto en lo relativo a la comunidad andaluza, se explica que todo arrancó con «el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía» aprobado en el Consejo de Gobierno el 27 de julio de 2010 y cuyo desarrollo se materializó en el Decreto Ley 5/2010 por el que se dio luz verde a medidas urgentes de reajuste y que luego fue modificado parcialmente por otro, hasta la aprobación por el Parlamento autonómico de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del sector público de Andalucía. Más tarde, en el mismo foro, el Consejo de Gobierno, se adoptaron «acuerdos puntuales» que afectaron a «46 entes», a los que se sumaron «otros 12» que desaparecieron por vías distintas a su paso por el núcleo duro palaciego de la Junta.

En el informe del tribunal, fechado el pasado 25 de junio y accesible en su página web, se refleja que ya la Cámara de Cuentas avisó de que no constaba en el ámbito de la comunidad que hubiera habido «una herramienta de planificación estratégica» en la que se identificaran «objetivos, indicadores, plazos, efectos», así como «los órganos encargados del seguimiento y medición de los resultados alcanzados en términos de coste, ahorro, personal...», de forma que se garantizara que «los procesos de extinción, creación y transformación o reestructuración de entidades dependientes o participadas por la Junta, respondieran a «una gestión organizada, coordinada, coherente, eficaz y eficiente».

En el documento del órgano fiscalizador se recogen ejemplos concretos de anomalías como que en el caso del Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla, «no se emitió el informe de auditoría» exigido por ley y sí uno «de revisión limitada» ni consta «acuerdo definitivo de aprobación de la cesión por el Consejo Rector». Esto último también sucedería en el Consorcio Escuela del Mármol de Fines.

♦134 entes existían en 2009 y se redujeron a 97 en 2016

◊27,6 fue el porcentaje de reducción en ese periodo