Un juzgado pide las actas de gobiernos socialistas de Chaves, Griñán y Díaz, en los que estuvo la ministra Montero, por las ayudas a Isofotón

Hay cerca de 40 investigados por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. La vicepresidenta Teresa Ribera, que fue directiva en la empresa, niega cualquier relación con la presunta trama

Un flujo musculoso de dinero público que incluyó más de 80 millones, otorgados en esencia entre 2005 y 2012, en forma de ayudas, avales y préstamos. Esto es lo que se estableció entre los ex gobiernos socialistas andaluces y la empresa Isofotón, creada en Málaga en 1981 para el desarrollo y la comercialización de actividades ligadas sobre todo a la energía fotovoltaica solar, y aquellas otras de las que era accionista. El torrente de fondos ha acabado en los tribunales y la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha demostrado que tiene la intención de esclarecer lo que sucedió con él al haber requerido a la Consejería de Presidencia del actual Ejecutivo autonómico, tras pedirlo la Fiscalía Anticorrupción, que aporte “las actas del Consejo de Gobierno de los años 2005 a 2015 ambos incluidos”. Para ello ha librado “el oportuno escrito al Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF -Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal- de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla”. Una decisión que afecta a los equipos capitaneados por los ex presidentes andaluces Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, de los que formó parte la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo central, María Jesús Montero, quien arrancó su andadura como consejera autonómica en 2004 y pasó por distintos departamentos hasta 2018.

La jueza, quien ha dado este paso vía providencia, fechada ayer y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, ya había citado a declarar a un listado de casi 40 personas, en el que se encuentran cuatro ex consejeros de la Junta, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler, para aclarar si se han podido cometer los presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación, así como el de falsedad en documento público. Ahora pretende conocer lo que se trató en el núcleo duro de la Junta sobre Isofotón, entidad que acabó quebrando pese al apoyo público y de que los socialistas llegaran a ponerla como “ejemplo del esfuerzo” de la Junta de Andalucía con las empresas, después de que la Policía se quejara en un atestado de que se le había «ocultado» información vital para el proceso.

Una de las líneas abiertas de investigación se centra en averiguar si en algún momento se pudo haber excedido el límite presupuestario marcado para los préstamos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), desde la que se insufló el grueso del oxígeno presupuestario, junto a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), que también le gestionó algún préstamo.

En la providencia, la magistrada también acepta a la representación procesal del PP como “acusación popular”, al “haberse formalizado la fianza exigida” de 6.000 euros, y haber sido depositada en la cuenta de consignaciones del juzgado, como ha adelantado ABC.

Teresa Ribera, también salpicada

El “caso Isofotón” ha acabado salpicando a otro miembro del Ejecutivo central que comanda Pedro Sánchez, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, como directiva de la empresa en cuestión que fue. Ésta ha defendido en el Congreso de los Diputados que nunca tuvo nada que ver con la financiación de la mercantil de paneles solares Isofotón “ni antes, ni durante, ni después” de su paso por la misma, ni con las decisiones de inversión de esta compañía, que fue liquidada en 2014.