El sumidero de dinero público de Isofotón, un «ejemplo» para el Gobierno andaluz del PSOE

Hay días corrosivos que se convierten en años. El juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha fijado en un auto que la empresa Isofotón, creada en Málaga en 1981 para el desarrollo y la comercialización de actividades ligadas a la energía, en especial a la fotovoltaica solar, y aquellas otras de las que es accionista, «han recibido fondos públicos entre los años 2005 a 2012 por un importe superior a los 80 millones de euros, a través de avales, e incentivos directos a fondo perdido». Se concedieron sobre todo vía Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) del Gobierno regional, a pesar de que la situación financiera de la sociedad «era absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución», según se refleja en la mencionada resolución judicial.

De hecho, la jueza Patricia Fernández ha citado ya a declarar como investigados este mes y el siguiente a una hilera de casi 40 personas, en la que se encuentran los ex consejeros de la Junta Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler, para esclarecer si se han podido cometer los presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación, así como el de falsedad en documento público.

Si bien, para los ejecutivos autonómicos socialistas, Isofotón constituía «un ejemplo del esfuerzo que la Junta de Andalucía» venía «realizando en muchas empresas y sectores específicamente». Así se recoge en una respuesta parlamentaria escrita, rubricada por el ex titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, y fechada en septiembre de 2013, que ha localizado LA RAZÓN.

A una pregunta de la diputada andaluza del PP Esperanza Oña, el ex consejero admitió que IDEA había otorgado a Isofotón dos avales por un global de «29 millones» y «un préstamo reembolsable de 8,4» vinculado a «un proyecto de inversión de 40 millones» que, entre sus condiciones, «comprometía el mantenimiento del empleo». Maldonado reconoció ya entonces, hace siete años, que la empresa había trasladado a IDEA «su situación crítica, un plan de reestructuración y el uso de parte del préstamo». El ente público, de su lado, le había advertido de «las obligaciones de pago» o «de los posibles incumplimientos» y en marzo de 2013 envió, tanto a Isofotón como a las sociedades garantes, «notificación de vencimiento anticipado del préstamo», es decir, le requirió «el reintegro» del dinero.

El ex titular de Economía relató que se habían mantenido «múltiples reuniones» para valorar «las distintas vías de solución a la situación de la empresa» sin que se alcanzaran «logros relevantes». Es más, los fondos públicos no evitaron que la mercantil aplicara un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo, como admitió el propio Ejecutivo andaluz, ni que un juzgado malagueño la declarara en concurso voluntario de acreedores.

Maldonado desveló, por último, que a finales de julio de 2013, su departamento «puso en conocimiento de la Fiscalía el hecho de que la sociedad había abandonado el proyecto que se había financiado con el préstamo reembolsable», por si se hubiera producido «algún ilícito penal».

De acuerdo al relato judicial, en abril de 2010, IDEA dio a Isofotón un aval de 5 millones correspondientes al 50% de un préstamo de 10 que se encontraba dividido en dos tramos y que se asignó como subvención excepcional. Luego, cuatro meses después, en agosto le destinó varios avales por valor de 12 millones y se acordó la prórroga del primero por un periodo de dos años adicionales desde su vencimiento. Ya en 2011, en abril, se sumaron 12 millones más.

Además, otra entidad de la Junta, la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), le gestionó otro préstamo de 8.395.854 euros en agosto de 2012, aunque ya constaban «los incumplimientos respecto de las ayudas otorgadas anteriormente» por IDEA. Unos incentivos que, según el mencionado juzgado sevillano, «presentan graves irregularidades».