El laberinto sin fin de la formación en Andalucía

La Junta no encuentra a una asociación, ni a un instituto de UGT y les comunica vía BOJA, como a Ojeda, la pérdida de sus derechos al cobro en expedientes de 2011

Imagen de la Ciudad de la Justicia de Málaga, provincia en la que aún siguen adelante, como en Sevilla, algunas causas ligadas a los cursos de formaciónEUROPA PRESS

De que el cierre de la gestión de los fondos que los pasados gobiernos andaluces del PSOE repartieron durante años para formación es un proceso obturado, da cuenta todavía el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En algunos casos, el dinero se asignó a lo que, de acuerdo a la terminología policial, se ha llamado «cazasubvenciones», para designar a quienes creaban entidades para captar ayudas públicas, sin vínculo real previo con la formación, según se desveló a raíz del abanico de causas judiciales que se abrieron en la comunidad, archivadas en su mayoría. En otros casos no fue así, pero sí hubo deficiencias que han llevado a la Administración autonómica a reclamar documentación o incluso el reintegro del dinero.

El boletín oficial de la Junta del pasado jueves recogía un anuncio del 22 de octubre de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo del actual Ejecutivo regional, integrado por PP y Ciudadanos (Cs), por el que se notificaba a la entidad Asociación Proa de La Janda, el acuerdo de inicio de pérdida del derecho al cobro en un expediente de subvenciones de 2011, de hace casi una década, al no localizarla en su supuesta dirección.

Y no es la primera vez que un Gobierno andaluz no encuentra a Proa La Janda, un ente que supuestamente impartió cursos formativos, de acuerdo a lo que reflejaba su página web, para trasladarle documentación. De hecho, en el BOJA del 6 de junio de 2016, hace más de cuatro años, por ejemplo, se publicó otro anuncio de la dirección cosida a la formación para el empleo, consultado también por LA RAZÓN, por el que se le comunicó a la asociación, al haber «resultado infructuosa» la notificación domiciliaria, un «requerimiento de aportación de documentación» vinculado al mismo expediente de subvenciones de 2011.

De vuelta al boletín de la Junta de esta semana, se puede señalar que recogía un anuncio más de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en el que se volvía a dejar constancia de las dificultades que parece haber a la hora de localizar a algunas entidades. En este caso se trataba del «Instituto de Formación y Estudios Sociales» (IFES), al que el Ejecutivo autonómico buscaba para transmitirle también la pérdida del derecho al cobro del crédito pendiente.

El IFES es un ente de la órbita de UGT a nivel confederal, el órgano que este sindicato dedicó a la formación profesional para el empleo, y que, en teoría, debía de estar liquidado. De hecho, así lo han apuntado algunos de los portavoces de la organización sindical como su secretario general, Pepe Álvarez, quien ya en junio de 2019 defendió que a partir de entonces, y tras haberse hecho públicas las presuntas irregularidades que hubo en los cursos, se centrarían en la formación sindical y en recuperar el prestigio resquebrajado. Confirmó entonces que el instituto estaba en vías de extinción. En relación al apunte actual del BOJA, fuentes de UGT matizan que «el programa del que se notifica la pérdida del derecho a cobro es de la convocatoria de 2011, ejecutado en 2014», y que «hasta la fecha no han notificado esa Resolución». A ello suman que el IFES «no está ilocalizable» y le llega documentación «con asiduidad», pero en esta ocasión se han dirigido a «su domicilio social anterior y además ha firmado el acuse de recibo una vecina sin relación alguna» con el instituto. Entre éste y el Ejecutivo andaluz no se han cerrado las peticiones de fondos y las reclamaciones, por ambas partes. Como sigue el combate cruzado entre la Junta y el ex consejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda. Su entramado empresarial se hizo con más de 50 millones públicos para formación y a una de sus entidades también se le comunicó recientemente, vía BOJA, como ya informó este periódico, el «inicio de pérdida del derecho al cobro» en el expediente de una ayuda que se otorgó en concreto a la Agrupación de Empresas Aeronáuticas Andaluzas. Era una subvención de más de 2,44 millones de euros que se dio vía una Resolución de 31 de enero de 2011, de la antigua Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para la inserción laboral, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El goteo no cesa.