La defensa de un ex alto cargo de la Junta asegura que las ayudas a Acyco “salvaron a la empresa”

La defensa de Juan Márquez, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, ha recalcado que la ayuda que autorizó a favor de Aceitunas y Conservas (Acyco) en 2010 no sólo se destinó al fin previsto, “salvar puestos de trabajo”, sino que “funcionó para que una empresa en crisis fuese viable”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga la pieza separada de la macrocausa de los ERE relativa a los 2,9 millones de euros que recibió Acyco, ha oído este lunes el informe final de la abogada que representa a Márquez, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad.

Según el Ministerio Público, Márquez autorizó una ayuda de 109.620 euros que sirvieron para pagar la minuta del bufete que trabajó en el ERE de Acyco.

“Su decisión siempre fue no pagar una factura a un despacho de abogados. No hay ni un correo electrónico ni un documento firmado, nada que lo incrimine. Sólo está acreditado que no había intención de pagar una factura y sí de ayudar a una empresa”, ha asegurado la letrada.

La defensa ha recordado que ese compromiso con el bufete fue adquirido por el anterior director general de Trabajo, el ya fallecido Francisco Javier Guerrero, y ha relatado que Márquez “puso de manifiesto que no se iba a cumplir desde el minuto uno” de su llegada al cargo.

Además, se ha preguntado “qué sentido tenía” abonar 109.620 euros si al bufete en cuestión “se le debía mucho más”.

En cambio, autorizó la concesión de una ayuda a Acyco y “el dinero funcionó para la viabilidad de la empresa porque a día de hoy sigue existiendo, aunque con otro nombre”, según ha recordado la abogada, quien ha destacado que “el interés general” de la Administración andaluza “no resultó afectado”, ya que “una empresa en crisis fue viable”.

“No hay ni una prueba de que Acyco no estuviese en crisis. Había que salvar puestos de trabajo y se salvaron”, ha insistido la representante de Márquez.

En cuanto a la acusación de malversación de que es objeto por parte de la propia Junta, la letrada ha rememorado que Márquez “ya no era nadie” en el Gobierno andaluz “cuando se firmó la orden” para pagar, ya que cesó en el cargo unas semanas antes.

Según esta defensa, la acusación contra Márquez supone “un grave daño” a la persona y “al sistema democrático” porque “se lo acusa sólo por ocupar el cargo de director general de Trabajo” y “se criminaliza el cargo”, sin olvidar que ya fue condenado por el conocido como procedimiento específico.

“Una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, pero aquí ha pasado eso”, ha lamentado.

También ha expuesto su informe la defensa del jefe de consultores de Vitalia, quien ha criticado que los trabajadores que se beneficiaron de las prejubilaciones financiadas con fondos públicos no hayan sido enjuiciados “como partícipes a título lucrativo” de los delitos investigados.

Ha lamentado que en las piezas separadas de los ERE “no se molesta a las aseguradoras”, como prueba el hecho de que “no están ni el dueño ni la directora general de Vitalia, que también lo era de las aseguradoras”.

Respecto a su cliente, “el informe de la Guardia Civil no deja duda sobre su nula participación en la génesis de la póliza” que es objeto del juicio, concedida a Acyco en 2003.