García Navarro: “En Andalucía se ha repartido dinero con total discrecionalidad a empresas amigas o a amigos de políticos”

El término «macrocausa» no le es ajeno. El abogado Luis García Navarro ha trabajado en las de los ERE y formación, en las centradas en avales de la Junta, en las ligadas a transferencias de financiación a nueve empresas públicas, en Invercaria, el «caso Isofotón» y en algunas más pequeñas.

–Conoce bien el mapa de la presunta corrupción en Andalucía, ¿diría que hay algún patrón común?

–Sí, es la utilización de la «Administración paralela» de la Junta para evitar la fiscalización de la Intervención General. Todo lo que se ha intentado, por un lado o por otro, ha sido siempre evitar el procedimiento administrativo, los controles que la Administración tiene a su disposición para que no se produzcan las situaciones que estamos viendo en los juzgados.

–¿Se atrevería a cuantificar lo supuestamente defraudado?

–Es difícil, de hecho, en el procedimiento de los ERE, por ejemplo, la Cámara de Cuentas llegó a cuantificar el fraude en casi 2.000 millones, sin embargo, esa cantidad se ha visto luego reducida en función de los avatares del proceso. Calcular cuánto puede ser todo no es fácil. Una de las piezas que se abrió por las transferencias no se ha empezado ni a instruir y hay una gran cantidad de dinero transferido de otros programas que no son el 31L, que es el de los ERE. Pero varios miles de millones de euros sí son los que se están investigando.

–¿Qué futuro augura al proceso en el que se investigan esas transferencias?

–No puedo hacer de adivino, pero es verdad que vamos muy tarde porque el juzgado y la Audiencia están desbordados, hay multitud de partes y de recursos y se tarda mucho en concluir las instrucciones. No sé qué pasará, pero hay que pensar que todo lo que está ahora en fase de diligencias previas no va a terminar en juicio, bien porque prescriba, o bien porque se agoten los plazos de instrucción.

–¿En qué punto se encuentra la pieza política de los ERE en el Tribunal Supremo?

–Prácticamente ya está todo concluido y hemos recibido una notificación para ver si se produce una vista, que han solicitado las partes, o si se dicta sentencia directamente. Calculo que para antes del verano del año que viene tengamos un pronunciamiento del Supremo.

-¿Están en la sentencia, a su juicio, todos los que son?

–No, faltan algunos y hechos que no se enjuiciaron en su día, porque hemos tenido conocimiento con posterioridad.

–¿Cómo cuáles?

–En el juicio de Acyco, por ejemplo, nos hemos enterado de muchas cosas que no se sabían en instrucción y en el del procedimiento específico –el bloque político de los ERE– también conocimos detalles que luego han servido para las demás diligencias previas abiertas. Lo cierto es que el anterior Gobierno de la Junta, tanto en la época de Griñán –José Antonio, ex presidente de la Junta– como en la posterior de Susana Díaz no fue muy colaborador con la Administración de Justicia y mucho de lo que hemos sabido es por la labor investigadora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que ha hecho aflorar datos, pero no son todos los que obran en poder de la Junta y que no fueron facilitados en su día.

–¿Pronostica, como el ex consejero de Justicia Emilio de Llera, la modificación del fallo?

–Entiendo que sus declaraciones las ha hecho más como ex consejero que como teniente fiscal de Sevilla y me parecen una absoluta falta de respeto a sus compañeros y al tribunal que ha sentenciado. El poner en cuestión la aptitud de seis fiscales anticorrupción –promovieron una denuncia contra la jueza María Núñez– me parece bastante lamentable, pero lo es más, que haya cuestionado la sentencia y que haya dicho expresamente que es fruto de la presión mediática. Eso es poner en duda la imparcialidad del propio tribunal y no es algo que la ética del Ministerio Fiscal pueda permitir.

–Desde el PP han asegurado que el «caso Isofotón» es la punta del iceberg, ¿lo comparte?

–Es que hay muchos icebergs. Es verdad que aquí se está viendo por otro juzgado, que no es el de Instrucción 6 y va mucho más rápido, como se han tramitado los expedientes de una forma absolutamente alegal, por no llamarlo ilegal. La falta de procedimiento y el no valorar las informaciones de los técnicos en sus informes, indican que los gobiernos socialistas de la Junta repartían el dinero de manera arbitraria y a su capricho, algo que ya hemos comprobado en el «caso ERE». Había múltiples cauces, avales, préstamos, ayudas de Soprea... para que siempre las mismas empresas recibieran. Se investiga a las que, además de avales, recibieron subvenciones de los ERE. ¿Qué sentido tiene que se establezcan tantas posibilidades de ayudas en tan poco espacio de tiempo siempre a los mismos? Es evidente que había una intención política de beneficiar a determinados sectores o empresas o amigos o allegados, en contra de lo que debería de ser una política seria de fomento, que es permitir que todas las empresas en dificultades puedan acceder a ayudas en una situación de igualdad. Lo que estamos viviendo es que aquí se ha repartido dinero con total discrecionalidad a empresas amigas o a amigos de los propios políticos que repartían ese dinero.

–¿Qué opina del “carpetazo” a múltiples causas formativas?

–Se han cerrado las que eran cursos de formación provinciales, pero no los regionales, los que abarcan a la Dirección General de Formación para el Empleo. Es más, nos han notificado la celebración del juicio de Formades para febrero del año 2022.

–¿En 2022?

–No hay más fechas, teniendo en cuenta que hay una sola sala en la Audiencia con capacidad para albergar a tantas partes y que para finales de 2021 hay señalado un juicio de Invercaria. La inexistencia en Sevilla de una Ciudad de la Justicia tiene esas consecuencias.

–¿Qué piensa de que ahora instruya los “macroprocesos” el juez de refuerzo y no la titular del juzgado número 6 de Sevilla, según un reparto pactado por ellos?

–Una vez que eso ha sido validado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y parece que también por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque es verdad que se han interpuesto algunos recursos que no se han resuelto, mientras se dirime esa cuestión, entiendo que el juez predeterminado por la ley no es la persona que ocupa el juzgado, es el juzgado, y tanto el juez de refuerzo como María Núñez, la titular, son el juzgado.

–Fue secretario adjunto del Consejo de Administración de la RTVA, ¿qué le parece la situación que vive Canal Sur con fundidos a negro y protestas de los trabajadores?

–Eso fue una etapa anterior de mi vida que no es la que en estos momentos tengo y no puedo opinar de Canal Sur.