Las organizaciones agrarias andaluzas pasan a la acción contra el decreto de la PAC

Las organizaciones agrarias andaluzas mueven ficha para plantar cara al decreto de transición de la Política Agraria Común (PAC). Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias anunciaron que comienzan un periodo indefinido de movilizaciones, que se iniciará la próxima semana en Cádiz con una tractorada, a la que seguirá una nueva convocatoria en Córdoba. Las organizaciones señalaron también que están a la espera de que las condiciones sanitarias lo permitan para convocar una gran movilización de todo el sector a nivel regional.

En este sentido, agradecieron la reunión celebrada con el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio, Fernando Miranda, el pasado 24 de febrero, si bien ya en su momento lamentaron que no fuera el propio ministro Luis Planas el que explicara al sector andaluz un planteamiento que tiene como objetivo eliminar los derechos históricos, reducir drásticamente el número de regiones productivas e impulsar un modelo lineal de tasa plana. Si por parte del Ministerio de Agricultura insisten en que el Real Decreto 41/2021 de convergencia para los años 2021 y 2022 no es dañino para Andalucía, sin presentar informes econométricos que así lo sustenten, las organizaciones representativas del sector agrario andaluz afirman disponer de estudios minuciosos que demuestran todo lo contrario.

En concreto, de los 232.000 agricultores y ganaderos que reciben ayudas de la PAC en la actualidad, 80.000 perderán, al menos, un 10% en dos años. Además, la mitad de ellos, unos 40.000, sufrirán mermas de entre el 20% y el 50%.

Por otro lado, el Real Decreto 41/2021 supone la antesala de la reforma que comenzará a aplicarse a partir del año 2023, todavía en fase de negociación, en la que se pasará de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020 (por la gran diversidad agrícola y ganadera de Andalucía) a las cinco o siete que prevé el Ministerio.

«Se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, que en el peor de los escenarios puede conllevar que Andalucía pierda el 50% de los 1.300 millones de euros que recibe anualmente, sumados el pago base y verde», criticaron.