La “guerra del jamón”: la tramitación de la nueva Indicación Geográfica Protegida “se paralizará” hasta la sentencia firme

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recibido comunicación oficial del recurso que han presentado ante los tribunales los productores de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Jamón de Trevélez’ contra el registro de una nueva IGP general para el ‘Jamón Serrano’ e informará de ello a la Comisión Europea, lo que conllevará que la tramitación se paralice, ya que este organismo “esperará a que haya una sentencia firme”.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que envió el 20 de julio de 2022 el expediente completo de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamón Serrano a la Comisión Europea, que, desde esa fecha tiene seis meses para revisar el expediente y, en su caso, emitir observaciones o solicitar información adicional.

Tras haber recibido comunicación oficial del recurso por la vía contencioso-administrativa de la IGP Jamón de Trevélez, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “se informará de este hecho a la Comisión Europea” y “la tramitación, por tanto, se paralizará ya que la CE esperará a que haya sentencia firme” de la justicia española, según han detallado a Europa Press fuentes del Ministerio y avanza este miércoles ‘elDiario.es’.

Concretamente, los jamoneros de la Indicación Geográfica Protegida ‘Jamón de Trevélez’ han formalizado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -competente en la materia- contra las resoluciones del Ministerio de Agricultura que promueven el registro de esta nueva IGP general para el ‘Jamón Serrano’ y han reclamado que, como medida cautelar, se suspenda su tramitación administrativa en España y, en consecuencia, también en el seno de la Comisión Europea hasta que haya un pronunciamiento firme de la justicia.

Estos productores sostienen que la creación de la IGP Jamón Serrano “devalúa las figuras de calidad diferenciada”, supone un “engaño al consumidor” y perjudica a los pequeños productores situados en zonas rurales, en este caso la Alpujarra de Granada, donde esta actividad genera empleo y evita el despoblamiento. Su recurso se suma al que en el mismo sentido han presentado, entre otros colectivos, la Asociación Origen España -que aglutina 86 Denominaciones de Origen Protegida e Indicaciones Geográficas Protegidas en todo el país de productos agroalimentarios-.

EL RECURSO

En él recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, se hace hincapié en que las entidades que solicitaron el registro de la IGP Jamón Serrano se encuentran “extinguidas desde hace años” y se lamenta que, pese a ello, “el Ministerio de Agricultura haya seguido tramitando este expediente, que parece ahora impulsar en nombre propio” cuando “debió haber declarado su terminación” de acuerdo a la normativa vigente.

Respecto a los motivos de fondo por los que a su juicio no debe prosperar esta iniciativa, mantienen que la expresión ‘Jamón Serrano’ “no es una indicación geográfica” ni “un nombre que sirva para identificar un producto como originario de un territorio concreto”. Y es que “la zona de elaboración delimitada en el pliego de condiciones abarca todo el territorio de España” y, según sostienen, “es tan absurdamente amplia que adolece de la necesaria homogeneidad que justifique la existencia de un vínculo entre el producto y el medio geográfico en el que se elabora”.

Así, “el pliego de condiciones actual permite la elaboración de la IGP ‘Jamón Serrano’ en cualquier punto de la geografía española, incluidas las islas, olvidándose de cualquier criterio técnico en la delimitación de la zona y cualitativo en las características del producto resultante”.

ENGAÑO AL CONSUMIDOR

Los productores del Jamón de Trevélez consideran por tanto que la IGP Jamón Serrano por sí misma “resultará engañosa para los consumidores”, pues su expectativa ante la expresión ‘Jamón Serrano’ que, “además iría ligada al sello IGP, será la de estar ante un jamón elaborado en la sierra y secado en ambiente natural, cuando en realidad el pliego de condiciones permitirá la certificación de jamones no elaborados en la sierra y secados haciendo uso de aparatos de control artificial de la temperatura ambiental”.

En el recurso se hace alusión a la oposición mayoritaria que ha recibido esta iniciativa desde los distintos consejos reguladores “que consideran que esta IGP desvirtúa la imagen de estas figuras de calidad oficialmente reconocidas y conllevaría una merma a la credibilidad del sistema, pues suponer reconocer como IGP un producto genérico”. También la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) se ha mostrado en contra.