Condenada por emplear una casa de la Junta en Almería para cultivar más de 200 plantas de marihuana

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y nueve meses de prisión a una mujer acusada de sostener un cultivo de marihuana en una vivienda propiedad de la Junta de Andalucía, que se servía de un enganche irregular a la red eléctrica, donde además fue encontrada además con una cierta cantidad de cocaína.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, impone a la acusada una multa de 7.000 euros en concepto de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, con 40 días de arresto sustitutorio, por un delito contra la salud pública. También la condena por un delito de defraudación de fluido eléctrico atenuado a pago de una multa diaria de seis euros durante tres meses.

La sentencia da por probado que sobre las 9,20 horas del 17 de noviembre de 2022, agentes de la Policías Nacional entraron en una vivienda situada en el barrio de Los Almendros, donde la acusada había "dispuesto todo lo necesario para el cultivo de sustancia estupefaciente".

En el interior de dicha vivienda fueron intervenidos un total de 225 plantas de cannabis que arrojaron un peso de cerca de 1,5 kilos, de forma que su venta en el mercado ilícito habría alcanzado un valor de más de 2.800 euros.

Además de la sustancia estupefaciente, durante el registro se halló material para favorecer el cultivo y manufacturar la sustancia, como 31 focos, tres extractores y 31 transformadores.

En el registro domiciliario también se intervino a la acusada una bolsita que contenía poco más de 18,6 gramos de cocaína, con una pureza superior al 50%, cuyo precio en el mercado ilícito ronda los 1.220 euros.

El tribunal desechó la versión defensiva de la acusada, quien si bien admitió la existencia de sustancias en la vivienda, aseguró que había alquilado la casa "a un muchacho" quien estuvo allí "dos meses y medio". Asimismo, argumentó que dejó todo donde estaba "por miedo" a que le hicieran algo y que guardó la cocaína en su bolso sin saber qué era realmente después de echar al supuesto inquilino.

"Su relato es absolutamente inverosímil", apunta el tribunal en sus fundamentos, en donde destaca la estructura y aparatología que se había desplegado por las distintas habitaciones para distribuir el cultivo en las distintas estancias así como lo poco creíble de la existencia de un inquilino, del que mostró dudas acerca de su nacionalidad, y del que "no le dio miedo ir a echarlo" pero sí "tirar las sustancias estupefacientes que allí encontró".

A ello se une el testimonio de los agentes que actuaron en el registro, quienes explicaron que vieron a la mujer salir a tender y volver a entrar en la vivienda mientras que en la misma se encontraban en funcionamiento los aparatos de aire acondicionado que daban servicio a la plantación.

Para la realización de la actividad ilícita, la acusada se valía de una acometida fraudulenta a la red eléctrica con la que se estima que defraudó 2.962,05 euros, si bien esta cantidad fue dispuesta por la acusada antes del juicio, lo que se tuvo en cuenta para amortiguar la condena.