Ayuda de 1.000 euros para la emancipación de los jóvenes y desalojo de okupas en 24 horas

La vivienda es otro de los temas que está protagonizando las elecciones municipales. La promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de construir 100.000 viviendas ha provocado que todas las administraciones entren en una carrera por anunciar la construcción de inmuebles asequibles. A todo ello hay que sumar la futura ley de vivienda que entrará en vigor próximamente y que el Gobierno de España asegura que aumentará la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyará a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda. Frente a eso, el Grupo Popular en el parlamento de Andalucía defenderá mañana en el Pleno del Parlamento andaluz una Proposición no de Ley para un pacto nacional por la vivienda.

El texto que el PP lleva a la Cámara andaluza no ignora el contexto político. En su exposición de motivos señala que «estando cerca las elecciones cruciales del 28 de mayo, donde ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares y juntas generales, así como varias autonomías, verán renovadas sus instituciones, y donde los programas electorales de las diferentes fuerzas políticas que se presentan ofrecen variadas soluciones a los problemas sociales y económicos de los ciudadanos, no deja de ser sorprendente que el pasado 14 de abril se diera a conocer el ‘Acuerdo conjunto ERC-EH Bildu con el Gobierno español para la aprobación y mejora de la ley por el derecho a la vivienda’».

De esta forma, los populares introducen en el debate político dos asuntos: el problema de la vivienda que existe en España y que no ha mejorado en los últimos años –Sánchez gobierna desde 2018– y que el acuerdo alcanzado por el Gobierno cuenta con el aval, el respaldo y las aportaciones de ERC y Bildu.

El PP, que votó en contra de esta ley en el Congreso de los Diputados –junto a Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria, PNV, PDeCAT y Junts– lamenta que «estamos ante una norma cortoplacista e intervencionista que deja desprovistos de seguridad jurídica a los propietarios y que no resuelve el problema de fondo del alquiler en España, que es la falta de oferta, y cuyos efectos derivarán en una mayor inestabilidad y empeoramiento del mercado, de forma que acabará disminuyendo más la oferta y afectando negativamente a la inversión inmobiliaria».

Además, señala que esta iniciativa no es nueva y que «experiencias recientes demuestran que no ha funcionado ni en Berlín ni en Londres ni en Barcelona, donde la oferta se redujo el doble de lo que disminuyeron los precios».

Como alternativa, el PP aboga por un gran pacto nacional en el que la Junta Andalucía, el Gobierno de la nación y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se pongan de acuerdo para que «las distintas administraciones en el marco de sus respectivas competencias lleven a cabo políticas fiscales, de gestión administrativas y de reformas legales que favorezcan el acceso a la vivienda, reactiven el sector inmobiliario y de la construcción como sector prioritario generador de empleo, riqueza y bienestar en nuestra tierra».

La iniciativa contempla que, vía Presupuestos Generales del Estado, se faciliten avales para la compra de vivienda y para el alquiler; una ayuda de 1.000 euros para la emancipación de los jóvenes; y el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas. Las políticas de vivienda, otra vez en el foco.