La comisión sobre el plan de regadíos de Doñana, en directo: "Sí rotundo a esta ley", señala el alcalde de Lucena

Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, considera que no se debe "dar la espalda a la ciencia" y ha asegurado que la proposición de ley actual es, a su juicio, tan rechazable como la anterior.

Juan Antonio Millán, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, tiene experiencia en el sector desde 1983 y ha lamentado que se sabe poco del agua y de sus usos. También ha sentenciado que "es mentira que no haya agua para Doñana" y se miente deliberadamente sobre el agua para el riego. "Los regadíos de Huelva son los más eficientes", ha asegurado.

El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, ha reclamado las infraestructuras necesarias prometidas para el entorno de Doñana y la provincia de Huelva, algunas anunciadas desde 1994. Con respecto a las condiciones laborales, también señaló que en Huelva hay alojamientos para todos los trabajadores que vienen contratados en origen y "ese es el modelo a seguir".

La secretaria de Industria, Transición Justa y Medio Ambiente, Clara de la Colina, ha admitido la "complejidad" de un asunto que tiene mucho "impacto", teniendo implicaciones desde el punto de vista medioambiental y económico. Ha abogado por no utilizar Doñana "como arma electoral". Por eso ha pedido una "solución real y definitiva" que respete todos los intereses y garantice la conservación del Parque Nacional. "El futuro de Doñana debe ir de la mano del futuro de los vecinos colindantes", ha aseverado.

El secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz, ha hecho una apuesta por "la seguridad jurídica" para que los agricultores de la zona puedan desarrollar su actividad. Por ese motivo, ha apuntado que si la ley sirve a ese fin, "apoyamos esta ley". También ha recordado que "llevamos 15 años con las mismas hectáreas de cultivo" por lo que no hay "expoliación del recurso".

El agricultor onubense Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva, defendió la labor de las personas que cultivan la tierra porque "desde la Castellana es muy fácil ser ecologista". Ha apostado por el agua superficial porque es "lo mejor para los agricultores" y ha defendido que la solución es que se desarrollen las infraestructuras necesarias.

Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, ha apuntado que "hoy por hoy la Junta de Andalucía está haciendo revisiones de oficio para pasar terrenos forestales a agrícola". Por tanto, considera que hay herramientas para resolver situaciones actuales y ha lamentado que "absolutamente nadie" les ha convocado para analizar esta proposición de ley. También ha señalado que la imagen del sector y del Parlamento tiene que ser "más seria". "Se puede hacer, hágase; y si no se puede, que no se haga".

El alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, otro de los pueblos afectados por la reordenación, ha abogado por un "sí rotundo a esta ley". Ha aclarado que el proyecto "no toca el acuífero", "no supone modificaciones sustanciales del actual plan" y "no contradice la Ley Forestal". Además, ha desgranado que el actual Plan de la Corona Norte "no se cumple" ni tampoco "el trasvase" y que el plan de inversiones previsto tampoco se ha hecho.

El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, que ha asegurado que conoce la situación desde el año 2000, ha pedido que exista "consenso". Ha reclamado una comisión con representantes del Gobierno de España y Junta de Andalucía para solucionar un problema qu existe, en lugar de dar "una patada al avispero" como se ha hecho.También ha pedido que no haya "miedo" a plantear si es necesario regularizar la situación de 500, 800 o 1000 hectáreas porque está de acuerdo "en el fondo pero no en la forma". "Nos está perjudicando a la marca Huelva", ha concluido.

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, propone la retirada de la proposición de ley porque ser una iniciativa "electoralista" y es un "engaño" y es "insostenible". Según la regidora, la norma daña a los empresarios de Almonte "que están trabajando en la más absoluta legalidad". "Somos Almonte y somos el corazón de Doñana, nosotros somos Doñana. Nosotros sí que conocemos la realidad. Si muere Doñana, muere Almonte", ha dicho.

La sesión volvió a subir de tono de nuevo con Mario Jiménez como protagonista. El parlamentario fue llamado al orden por excederse de tiempo y la presidenta Ana Chocano le llamó la atención. Jiménez se quejó de no poder expresarse en los términos que quiera. Entonces, el diputado popular Antonio Saldaña le pidió a Chocano que le retire la palabra, a lo que Jiménez respondió llamándole "demócrata Saldaña". El popular le contestó como "catedrático Jiménez". Chocano se quejó de "lo difícil" que se lo está poniendo Mario Jiménez.

Continúa la sesión tras el receso con el alcalde de Rociana del Condado. Diego Pichardo señaló que llevan 30 años hablando de este tema y pidió "que las administraciones se sienten en una mesa y que solucionen un tema que leva encima de la mesa desde los años 80". "Hay que tener una reunión a tres partes y arreglar este problema", dijo.

La comisión establece un receso hasta las 16:00 horas. Para la sesión vespertina, se reservan las comparecencias, por separado, de los alcaldes de Rociana del Condado, Diego Pichardo; Almonte, Rocío del Mar Castellano; Bonares, Juan Antonio García; Lucena del Puerto, Manuel Mora, y Moguer, Gustavo Cuéllar, así como de representantes de las organizaciones agrarias UPA-Andalucía y Asaja; del sindicato UGT-Andalucía, de FresHuelva, del presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), Juan Antonio Millán, y, finalmente, del presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Miguel Delibes de Castro.

Juan José Carmona, coordinador de WWF para Doñana, defendió que "son fincas ilegales"y pidió de manera rotunda "la retirada de la ley porque ha roto la paz social en el Condado de Huelva".

Javier Gutiérrez Padilla, de la Plataforma en Defensa de Regantes del Condado, indicó que "sólo necesitamos 5 hectómetros cúbicos". "Si se toma como fecha para un hipotético plan de ordenación el día de hoy, esta finca se quedaría sin derechos de agua", señalando mostrando una imagen actual.

Javier Domínguez Rodríguez, abogado y especialista en empresas del sector agroalimentario, ha vivido desde los inicicios el proceso de aplicación del plan de 2014. Considera que no fue fruto del consenso y ha lamentado que se tomó como criterio paa regularizar terrenos una "foto fija" de 2004. Hubo "miles de alegaciones que no fueron respondidas" y cientos de recursos judiciales que "no tuvieron éxito" porque un tribunal de justicia no puede sustituir la capacidad "discrecional" de la administración. Ha lamentado que la Junta de Andalucía había subvencionado "fincas concretas sabiendo dónde estaban" y cree que la norma que se tramita soluciona algunas de esta situaciones.

Juan Manuel Ponce García, ingeniero agrónomo y ejecutivo Jefe de CERES Agroforestal SL, ha contado su experiencia desde 2004 a lo largo de su exposición, recordando que muchos agricultores quedaron fuera parcial o completamente en 2014 después de recibir incluso ayudas europeas para sus explotaciones. Ponce ha detallado que para regular las 700 has que se regularían se necesitan entre 3 y 5 hm3 de agua de trasvase y ha recordado que se podrían obtener hasta 40 hm3 de aguas regeneradas que no se están usando y que el Proyecto 2005 está "incompleto" ayudaría a la recuperación de las marismas. "No me identifico con un partido político concreto. Esto tiene fácil solución técnica pero se lleva a la confrontación política y al final el que sale perdiendo es el agricultor", ha asegurado. El problema del acuífero no se agrava con la nueva ley. "No entendemos cómo la Administración puede incumplir la ley", ha señalado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado a favor este martes de una posible modificación de la proposición de ley sobre regadíos en la comarca de la corona norte de Huelva que se tramita en el Parlamento, si se plantean desde los partidos de la oposición enmiendas a la misma que ofrezcan una alternativa "creíble y viable", recogió Europa Press.

Juan Saura es funcionario ya jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Doctor Ingeniero de Caminos y licenciado en Matemáticas, considera que los acuíferos de Doñana están saturados y que hay que traer agua de otras cuencas. Aún así, hay 18.000 hectáreas en el entorno de Doñana, de las que 13.000 seguirán obteniendo agua de los acuíferos aunque se hagan las obras y las transferencias de agua previstas. En este sentido, señala que España no puede renunciar al Guadiana como explota Portugal y aprovechar ese agua porque les estamos dando a los portugueses "miles de hectómetros cúbicos". "La manera más sencilla de traer agua al Condado de Huelva es el Guadiana", ha recalcado,

La comparecencia de Ana Warleta González, jefa de la oficina de Ordenación del Territorio en Huelva, ha servido para conocer el procedimiento funcionarial seguido para la elaboración del Plan de la Corona Norte de 2014, reconociendo la falta de recursos humanos para una ágil realización y de herramientas técnicas adecuadas, lo que derivó en "ilegalidades" y al mismo tiempo "situaciones injustas". La técnica ha llegado a señalar que "fuimos conscientes de errores del plan especial". Se aplicó una exigencia "arbitraria" en 2014 al determinar el tipo de suelo a una imagen fija de 2004. La técnica, a las preguntas de los grupos, señaló que el actual plan no traspasa las líneas rojas para afectar a Doñana.

Joaquín Regidor Garcia es ingeniero agrícola y agricultor de profesión. Tenía dos hectáreas en Lucena del Puerto heredadas de su abuelo. Solicitó ayudas en 2004, en 2007 y pasó todas las inspecciones en 2009. En 2014, con la ley de la Corona Norte, se queda fuera y le notifican dos expedientes sancionadores en 2018. Hoy tiene alquilada una finca de 3 hectáreas en Cartaya. Reclama "reparación y paz" y señala que no hay "dos bandos de agricultores".

El representante de CCOO compra de principio a fin el discurso de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, y solicita la retirada de la proposición de ley. "Hay que respetar el Plan de 2014 y sacar a Doñana de esta absurda batalla política", ha dicho. No obstante, admite que se cometieron errores y se crearon situaciones injustas que es necesario corregir de forma puntual, lo cual no deja de ser contradictorio, pues es esto lo que persigue la ley. Según ese criterio, habría que hacer excepciones al cumplimiento de la ley y al mismo tiempo asegura que la proposición de ley es innecesaria y debe ser retirada.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha justificado las ausencias en el debate sobre la ley de regadíos de Doñana de la ministra Teresa Ribera y de la CHG y ha pedido a la Junta que corrija un "despropósito" de norma para no quedarse al margen del Estado de Derecho, recogió Efe.

El secretario de Medio Ambiente también señaló ahora que las obras de Rules están pendientes de la firma de la Junta de Andalucía.

Joaquín Regidor García, funcionario, ex concejal socialista en Lucena del Puerto y agricultor afectado, dice que el plan pretende solucionar un problema que se creó en 2014 porque en ese momento "se hizo una foto y se dejaron fuera hectáreas porque en ese momento no había plástico puesto". Y señala que no se puede hablar de agricultores "legales e ilegales".

Como estaba previsto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no acude a la comisión. Se pasó un informe que envió el ente, alineado con el Gobierno central.

Eduardo López, de COAG, apuntó a intereses electorales y pidió que se retire la propuesta porque el acuífero está sobreexplotado. También criticó que se "creen falsas expectativas". COAG señala que e2,5% de los propietarios tiene el 60% de la superficie y el 80% del volumen de agua concedido.

El parlamentario socialista Mario Jiménez comienza con desacato a la presidencia de la comisión. Pidió perdón pero provocó una trifulca de más de diez minutos. Jiménez se quejó de la influencia de la proposición en las elecciones. . "Usted no me puede decir qué preguntar", señaló el diputado socialista a la presidenta.

El compareciente señala que la nueva ley no supone conceder derechos de agua, sino de sustituir el agua subterránea por agua superficial y pide sacar el tema de la agenda electoral. Martínez señala que si se hubieran hecho las obras hídricas no habría el actual problema.