La factura de la ley del "sólo sí es sí" en Andalucía: 207 rebajas de pena con 26 excarcelaciones

Los órganos judiciales andaluces contabilizan hasta el momento 207 rebajas de condena derivadas de la redacción inicial de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, dada la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo y la máxima de que ante una colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable para el reo. Fruto de tales rebajas, pesan 26 excarcelaciones.

Así figura en el último recuento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que calcula que en el conjunto de España, se han producido al menos 1.127 reducciones de condena y 115 excarcelaciones por la entrada en vigor de la conocida como ley del 'solo sí es sí', según los datos recabados por el órgano de gobierno de los jueces a fecha 1 de junio y recogidos por Europa Press.

En concreto, respecto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) figuran 12 rebajas de pena, derivadas en una excarcelación, de la Audiencia de Almería pesan 36 reducciones de pena con cuatro excarcelaciones, de la de Cádiz 49 rebajas con ocho excarcelaciones, de la Córdoba 15 reducciones de condena con dos excarcelaciones, de la de Granada 16 rebajas, de la Huelva nueve revisiones a la baja con dos excarcelaciones, de la Jaén cuatro reducciones de pena, de la Málaga 26 rebajas con tres excarcelaciones y de la de Sevilla 39 reducciones de pena con seis excarcelaciones.

Como consecuencia de dicha situación, el PSOE y el PP pactaron una reforma de la controvertida ley, no apoyada por Unidas Podemos, que cogobierna con los socialistas. La reforma fue aprobada primero en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE, PP, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria y Navarra Suma; mientras votaron en contra Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís y CUP, Junts se abstuvo y Vox no votó.

Después la reforma fue aprobada en el Senado con una votación similar y al no haber sido incorporada ninguna modificación en el texto en relación al que salió del Congreso, la nueva norma no tuvo que regresar a la Cámara baja y entraba en vigor el pasado 29 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).