La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto la citación como testigo de la hoy consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el marco de las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pospandemia de coronavirus una vez que el Estado derogó la normativa que propició esa modalidad de contratación, contemplada a su vez dentro de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

En el escrito de la Fiscalía también se aboga por que se produzca la comparecencia en sede judicial con esa misma condición de testigo de quien fue viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, Roberto Ochoa, quien desempeñó esta responsabilidad entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de 2022.

La citación de García como testigo, que ha adelantado la Cadena Ser Andalucía y ha confirmado Europa Press, se enmarca en su pasado como viceconsejera de Salud mientras Jesús Aguirre ejerció de titular de esta cartera, responsabilidad que acabó asumiendo una vez que Jesús Aguirre se convirtió en el presidente del Parlamento de Andalucía.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción, sobre el que tendrá que pronunciarse el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, se enmarcaría como un siguiente paso procesal dentro de las diligencias previas 2476/2024 y que se entendería al calor de los pronunciamientos que se han oído en las dos jornadas de testificales que se han celebrado los días 18 y 25 de este mes.

El propósito sería ahondar en la gestación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, que incluyó la contratación de emergencia del SAS dentro de la relación de procedimientos que pasaban de someterse a la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía al control financiero permanente, modalidad de supervisión a posteriori del gasto.

En la jornada de testificales de testigos donde compareció la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, que lo hizo en su calidad de anterior responsable de la Intervención General de la Junta, puso de manifiesto que la inclusión de los contratos del SAS careció de una propuesta formal por parte del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, así como de un informe de la propia Intervención, según relataron fuentes presenciales.

Martínez describió la inclusión final de los contratos del SAS para someterse al control financiero permanente como fruto de un diálogo en la Comisión General de Viceconsejeros, conocida coloquialmente como el Consejillo, por ser el órgano que prepara los contenidos que acaba aprobando el propio Consejo de Gobierno, entre la viceconsejera de Salud y el viceconsejero de Hacienda, responsabilidades que ejercían entonces Catalina García y Roberto Ochoa.

El propósito de Anticorrupción sería conocer de primera mano la versión de ambos protagonistas sobre la decisión de incorporar los contratos del SAS entre los gastos de emergencia ante el Covid que pasaban a control financiero permanente.