Sí existe un punto de encuentro: en Huelva hay agua

La guerra artificial creada por los autoproclamados salvadores de Doñana se ha cimentado sobre una verdad a medias, porque la sequía es cierto que seca el Parque Nacional, pero en Huelva sí hay agua suficiente para aliviar los acuíferos, cerrar pozos legales e ilegales y que agricultores y ecologistas convivan como han hecho siempre. Solo falta ejecutar las obras proyectadas y en eso el Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía coinciden, sin admitirlo.

Los políticos de un bando y otro creen más rentable, y más en periodo electoral, buscar la confrontación pero basta con acudir a los documentos oficiales para ver que PSOE y PP, junto a Podemos y Vox, respectivamente, plantean soluciones iguales. Resulta doloroso, sobre todo en Huelva, que todo se distorsione tanto.

El Gobierno de España está obligado a actuar para proteger Doñana tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en noviembre de 2022, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, anunció el «Marco de Actuaciones para Doñana». En total, la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanzó una inversión de 356,3 millones hasta 2027 para ejecutar entre otras cuestiones: 100 millones para la adquisición de terrenos con derechos para recuperar las masas de agua en la zona; 15 millones para la sustitución de aguas subterráneas por superficiales mediante la transferencia de recursos conforme a la Ley 10/2018; 30 millones para sustituir aguas subterráneas por superficiales del embalse de El Agrio; 11,2 millones para reducir las extracciones para el abastecimiento de Matalascañas con la transferencia desde la ETAP del Tinto en la demarcación Tinto, Odiel y Piedras; 16 millones para la recuperación de la dinámica fluvial natural de las marismas; más de 140 millones para mejora del saneamiento y depuración (EDAR de Matalascañas, Sevilla, Isla Mayor, Lucena...); y muchas más medidas medioambientales de recuperación.

La proposición de ley de la discordia urge a ejecutar esa larga relación de obras y regula en torno a 700 hectáreas de cientos de pequeños agricultores que se quedaron de forma injusta en la mayoría de casos del Plan de la Corona Norte, que sólo podrían cultivar si llegase agua en superficie. Es decir, exclusivamente procedente de trasvases de embalses donde sí hay agua y cuando estén acabadas las obras. Ello supondría un gasto anual de solo 5 hm3 más. Todo lo demás es ruido.

«La Junta está abierta desde el primer momento al diálogo con los regadíos. La tramitación de la Proposición de Ley hubiera sido más fuerte si hubiera sido dialogada con el Gobierno de España, pero dos no pueden dialogar si una de las partes se niega a hablar», recordó el portavoz andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

PSOE-A, Por Andalucía y Adelante se agarran ahora al testimonio de Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana en la Comisión de Fomento para descartar enmiendas parciales a la ley de regulación de regadíos en el Condado de Huelva y exigir la retirada. Una comparecencia en la que el experto biólogo no fue capaz de esgrimir ni un solo argumento científico que evidenciara un perjuicio directo de la iniciativa legislativa sobre Doñana. Como ayer recordó el portavoz del PP, Toni Martín, Delibes puede ser una «eminencia científica», pero «no ofreció ni un sólo argumento científico», sino que todo fueron «juicios de valor coincidentes con la izquierda». Cuando se le preguntaba en qué punto de la ley se «dañaba» al parque nacional de Doñana, la respuesta es que genera «mucho ruido mediático», algo que viene de una persona que «lleva decenas de entrevistas concedidas» en los medios.

Hace sólo cuestión de días el Gobierno de España, con su presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta tercera Teresa Ribera a la cabeza, asustaban a media España dando publicidad a una propuesta de boicot desde Alemania a la fresa cuyo impacto redujo a cero ayer el ministro de Agricultura. Luis Planas celebró los datos del sector de los frutos rojos –1.500 millones en exportaciones– y mostró su apoyo a la creación de una Denominación de Origen de la fresa de Huelva. Otra prueba de que sólo se ha pretendido atacar al Gobierno de Andalucía. La solución pasa por actuar para corregir la injusticias admitidas por todos, pero eso quizá solo llegue tras el 23J y el cambio de gobierno.