El ingreso mínimo suma 60.000 peticiones más en un ejercicio en Andalucía

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en marzo a 222.322 hogares andaluces en los que viven 691.562 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 479,46 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de marzo ascendió a 118 millones. El pasado año 2024 arrancó con 232.377 expedientes aprobados para el Ingreso Mínimo Vital y acabó en diciembre con un total de 293.508. El aumento en un año fue de 61.131 expedientes. El número de beneficiarios ha pasado de 703.803 a 894.537. Por su parte, la Renta Mínima de Inserción, que gestiona la Junta de Andalucía es una ayuda de último recurso cuando el Ingreso Mínimo Vital es denegado al ciudadano. Generalmente, si se tiene derecho a percibir una, no se puede cobrar la otra. El pasado año, según los datos hechos públicos por la Consejería de Inclusión en una respuesta parlamentaria consultada por LA RAZÓN, «el número de expedientes aprobados de renta mínima de inserción social en Andalucía a diciembre de 2024» ascendió «a 4.432». El año anterior se aprobaron 9.424 expedientes, con casi 25.000 beneficiados. El número de expedientes ha caído en casi 5.000 en un año. Según la Consejería, «el número de personas menores en las unidades familiares perceptoras de la renta mínima de inserción social en Andalucía, en el ejercicio 2024, asciende a 3.248» y «el importe total del presupuesto ejecutado y destinado a la renta mínima de inserción social de Andalucía en 2024 ha sido 27.376.219,76 euros».

La consejera de Inclusión Social, Familias, Juventud e Igualdad, Loles López, defendió recientemente en comisión parlamentaria las modificaciones realizadas a la Renta Mínima de Inserción (Remisa) en Andalucía: «Hemos aumentado un 45% el importe de estas rentas», aseguró, destacando que la cuantía básica ha pasado de 419,52 euros mensuales en 2018 a 658,52 euros en la actualidad.

Una de las principales modificaciones fue eliminar los reintegros para familias que recibían simultáneamente el Ingreso Mínimo Vital y la renta autonómica. «Queríamos que las familias que no llegan a fin de mes no tuvieran que devolver dinero», señaló, subrayando la importancia de «no penalizar a los colectivos más vulnerables». La Remisa ahora atiende a colectivos excluidos del Ingreso Mínimo Vital, como jóvenes entre 18 y 22 años con discapacidad o familias con miembros con discapacidad. «Si el Gobierno de España no los atendía, la Junta de Andalucía sí lo hacía», destacó. En 2024 más de 4.400 familias andaluzas en situación de vulnerabilidad recibieron la renta, de las cuales más de mil son familias monoparentales. «Las solicitudes se resuelven actualmente en un plazo medio de dos meses, frente al año que se tardaba en 2018», defendió la Junta de Andalucía. Según la consejera, la Remisa es un derecho subjetivo y que el presupuesto está adaptado a las necesidades reales, con una ejecución actual del 90% frente al 28% de 2018.

Por parte del PSOE se viene criticando la «drástica reducción» de beneficiarios de la Remisa: de casi 100.000 personas en 2020 a 17.200 en 2023, «lo que supone un 84% menos de cobertura». «Solo un andaluz de cada 150 que se encuentra bajo el umbral de pobreza recibe la renta mínima de inserción social», según el PSOE, que sitúa la tasa de cobertura en un «0,7%, cinco veces inferior a la media nacional del 5,9%». Los socialistas hablan también de una reducción del presupuesto de un 65% en tres años. Los socialistas denuncian el «desmantelando el sistema de protección para personas en situación de exclusión social». Por parte de IU, Toni Valero denunció que solo una de cada 7.000 personas en riesgo de pobreza recibe la renta mínima de inserción en Andalucía. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha concedido desde 2018 a 2023 un total de 512 millones de euros en ayudas de la Renta Mínima de Inserción Social que han beneficiado a 120.000 familias y a 264.000 personas.

La Cámara de Cuentas advirtió de que la gestión de la Renta Mínima de Inserción Social «no se ha mostrado eficaz como consecuencia fundamentalmente de las deficiencias observadas en relación con la planificación, seguimiento, coordinación, evaluación y el sistema informático empleado». En un informe de fiscalización apuntó que las solicitudes del período 2018-2021 pasaron de 82.021 a 30.953, una caída de más del 62%.