Las encuestas en Andalucía apuntan que, a día de hoy, solo hay dos alternativas en las próximas elecciones autonómicas: una nueva mayoría absoluta de Juanma Moreno o un Gobierno en minoría del PP que debería pactar con Vox para evitar la repetición electoral. El conjunto de partidos de izquierdas, PSOE, Sumar (con o sin Podemos) y Adelante Andalucía no contarían con el apoyo suficiente para conformar una alternativa.

En cualquier caso, desde los partidos de izquierda se lanzan promesas que van en la dirección contraria a las políticas impulsadas por el Gobierno del PP desde 2019. Una de ellas es en materia de vivienda, uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos por la falta de oferta y la escalada de precios.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, aseguró ayer que si su partido alcanza el gobierno de la Junta de Andalucía tras las próximas elecciones autonómicas previstas para 2026, la primera medida que exigirán será aplicar la ley estatal de vivienda en la región con el fin de topar los precios del mercado del alquiler en las denominadas zonas tensionadas. La realidad es que la ley de vivienda aprobada en mayo de 2023 no ha solventado el problema de la escasez de oferta en alquiler y tampoco cuenta con el beneplácito de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Sí está de acuerdo con ella el PSOE, aunque para otros posibles socios de ese Gobierno de izquierdas en la comunidad esa medida se queda corta y quieren ir más allá.

Es el caso de Adelante Andalucía, que en los últimos meses mantiene una relación fluida con Sumar –Por Andalucía en el Parlamento– y con el PSOE y ha protagonizado para acciones conjuntas. Si la izquierda llega al poder es previsible que sea con la participación de Adelante, que tiene su propia hoja de ruta en materia de vivienda y que mostró en una Proposición de Ley presentada en el Parlamento.

El texto regulaba por ley el precio máximo de los alquileres, pero iba más allá y establecía que «el precio de referencia vendrá delimitado por la renta media de los residentes en la sección censal de la misma en que se encuentre la vivienda, siguiendo el principio del destino al alquiler del máximo del 20% de la renta de la unidad familiar».

También incluía un apartado para expropiar los inmuebles a los que consideran «grandes tenedores de viviendas». En concreto, la proposición detalla que «existirá causa de interés social a efectos de la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad respecto de las viviendas propiedad de grandes tenedores de vivienda cuando se mantenga deshabitada la vivienda de forma ininterrumpida en el plazo mayor de dieciocho meses desde su declaración en el Registro de Grandes Tenedores de Vivienda Deshabitada».

Para ello, «el justiprecio de la vivienda lo determinará la consejería competente, basándose en el 50% del precio en que fue adquirida» y una vez ejecutado «se destinará a cubrir las necesidades de tipo social de vivienda en régimen de alquiler del parque público de vivienda de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)».

La actual política de vivienda del Gobierno andaluz va en otra dirección. El Parlamento de Andalucía tramita una Ley de Vivienda, que ya ha pasado el debate a la totalidad y que contempla, entre otras cuestiones, la activación de suelo para construir 40.000 pisos.