«Tengo pánico a mi hijo!». La frase la pronuncia una madre andaluza que, tras años de tensión en casa, se atrevió a descolgar el teléfono y marcar un número que en muchos hogares se ha convertido en un auténtico salvavidas: el servicio de atención a la violencia intrafamiliar que la Junta de Andalucía mantiene operativo.

Cuando pensamos en violencia en el ámbito doméstico, lo habitual es imaginar a mujeres agredidas por sus parejas. Pero la realidad en ocasiones es más compleja y dolorosa. En no pocos hogares andaluces, los propios padres y madres son víctimas de sus hijos, que ejercen contra ellos violencia física, psicológica e incluso económica. Asumirlo ya es un trago amargo; dar el paso de establecer un «cortafuegos» o incluso denunciar, supone un sacrificio antinatural que muchos viven con culpa y angustia. Ahí es donde este teléfono, creado por acuerdo político en la primera legislatura de Juanma Moreno, marca la diferencia. Lo defiende con rotundidad la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López: «Si una sola llamada sirve para salvar una vida, merece la pena».

Los datos oficiales son contundentes. Entre julio de 2023 y febrero de 2025, el teléfono de violencia intrafamiliar ha recibido casi 700 llamadas. Solo en 2023, primer ejercicio con registros completos, se atendieron 346 llamadas. En 2024, la cifra ascendió a 294, y en los dos primeros meses de 2025 ya se contabilizaron 57.

La estadística permite una lectura clara: en Andalucía, cada día se producen de media una o dos llamadas de auxilio de familias que no pueden más. La crudeza del dato es estremecedora, pero también revela que cada jornada hay padres y madres que encuentran en este número un respiro, una orientación y, sobre todo, un principio de solución.

El servicio no solo escucha: acompaña, asesora y deriva cuando es necesario. De las llamadas recibidas en estos años, 267 fueron atendidas directamente y 430 se trasladaron a otros recursos especializados, como el Teléfono de la Infancia, el Teléfono del Mayor o el servicio SAVA (Asistencia a Víctimas en Andalucía).

Este mecanismo demuestra que el sistema funciona en red: no todas las situaciones son iguales y el éxito está en conducir cada caso hacia la ayuda más adecuada.

En el Parlamento andaluz, la oposición ha preguntado por el gasto que supone mantener este recurso. La respuesta del Gobierno autonómico es clara: no hay una partida desglosada, porque el teléfono forma parte del paquete de Servicios Telefónicos de Atención Social. En otras palabras, no se trata de una carga extraordinaria, sino de una herramienta integrada dentro de la red de atención ciudadana que ya gestiona la Junta.

Aquí emerge una paradoja significativa: mientras algunos critican su existencia, la propia Consejería lo defiende con un argumento incontestable. Como dijo López: «Tiene que ser muy duro denunciar a un hijo, pero si podemos evitar una tragedia, todo esfuerzo merece la pena».

El fenómeno no es aislado. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se registraron en España 8.860 víctimas de violencia doméstica con medidas de protección. En Andalucía fueron 1.851, con un 36% de hombres y un 64% de mujeres entre las víctimas. Pero más allá de los números, la utilidad del servicio se mide en vidas que no se rompen. La Junta lo tiene claro: este servicio no se toca. Y no solo por ser fruto de un acuerdo político, sino porque responde a una realidad creciente que ninguna sociedad responsable puede ocultar. La violencia intrafamiliar es un problema que golpea en silencio, pero que ya empieza a encontrar su voz en un teléfono que da respuestas y, en muchos casos, devuelve la esperanza. Al final, los números sirven para el análisis, pero la enseñanza es mucho más sencilla: una llamada puede salvar una vida. Y mientras haya padres y madres que confiesen «tengo miedo de mi propio hijo», Andalucía necesita que esa llamada siga teniendo quien la escuche.

La dependencia preferente, «un gran paso»

►La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, visitó ayer el centro residencial para mayores Bouco de Aljaraque (Huelva), donde destacó que Andalucía «ha dado un gran paso para reconocer derechos a las personas que más lo necesitan» gracias a la entrada en vigor de una Orden pionera en la comunidad en la que se regula la tramitación preferente en el acceso al reconocimiento de la dependencia. La misma permitirá «dar prioridad a grupos vulnerables: menores hasta 14 años o mayores de 90, así como a personas que padezcan ELA o estén en situación de cuidados paliativos, entre otros.