La presión crece sobre las tres presuntas acosadoras de Sandra

La investigación para esclarecer los motivos que llevaron a Sandra Peña a suicidarse continúa su curso mientras que el debate sobre el bullyng y sus consecuencias se agiganta. Tres compañeras de la joven están en el ojo del huracán, cuyos rostros están circulando por las redes sociales sin control generando comentarios de todo tipo. Este episodio está tomando tal magnitud que la Policía Nacional ha llegado a pedir cautela a la hora de determinar precipitadamente la posible responsabilidad que hayan podido tener las tres menores que han sido señaladas, a la espera de que se pueda determinar y comprobar su grado de participación o no en los hechos.

Sobre este asunto se pronunció ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien remarcó que la investigación se deberá centrar en «todos los elementos que arrojen luz» sobre lo ocurrido y, entre esos elementos, dijo, la información que aporte el teléfono móvil es «importante». Al tratarse de una investigación en el ámbito escolar que afecta a menores, el delegado reclamó el «máximo respeto» para dejar que la Policía, junto con la Fiscalía de Menores, siga avanzando en la investigación.

Preguntado sobre si la Policía ha adoptado medidas de seguridad después de que hayan aparecido pintadas en el centro escolar contra las presuntas agresoras y de que algunos de sus datos se hayan filtrado, Fernández indicó que los agentes están haciendo un trabajo de custodia para evitar que se produzcan «situaciones no deseadas» en un entorno «tan sensible» como el de un colegio. «Evidentemente, la Policía está pendiente de la situación para evitar cualquier circunstancia que pueda propiciar la tensión que se ha acumulado en los últimos días», señaló.

Mientras, los agentes analizan el teléfono móvil de la joven y las redes sociales en busca de indicios de acoso. Fuentes cercanas al caso que lleva el grupo de Menores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), bajo la dirección de la Fiscalía del Menores, aseguraron que los agentes tratan además de determinar el posible grado de implicación de las tres chicas, mayores de 14 años, con lo que serían imputables penalmente. No obstante, el desarrollo de la investigación llevará tiempo, entre otros motivos porque es necesario el desbloqueo del dispositivo móvil de la víctima –todavía pendiente– para poder acceder a todo su contenido. El entorno escolar de Sandra centra la atención de los agentes, lo que incluye además de su móvil todo lo que pueda arrojar datos sobre la situación de acoso de la que supuestamente era víctima. También el análisis de las redes sociales puede aportar datos sobre estas circunstancias, aspectos que serán recogidos en un atestado policial para su posterior traslado a la Fiscalía de Menores.

En el plano político las reacciones siguen sucediéndose. En este caso, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sugirió que las grandes corporaciones tecnológicas bloqueen el uso de las redes sociales a los que acosen de manera «reiterada» a otros. «Más allá de que los protocolos –de acoso escolar– que tiene la Junta de Andalucía se deben cumplir siempre a rajatabla, les pediría a las grandes compañías que limiten el uso de insultos y descalificaciones entre menores. Ellos, con los algoritmos actuales, pueden perfectamente bloquear», señaló.

El presidente andaluz argumentó que «cualquier niño» que haya participado con un móvil en una campaña de acoso a través de las redes sociales, «como mínimo, no debería tener derecho a usarlas hasta los 18 años». Sobre la posibilidad de retirar el concierto al colegio Irlandesas de Loreto, subrayó que «todo está encima de la mesa». «Se está comprobando qué es lo que ha sucedido. Hay que dar tiempo a que la investigación nos dé información», indicó.