Las farmacias votarán si aceptan o no la tasa del SAS

Las farmacias tendrán la última palabra sobre la aceptación o no del nuevo modelo que el Servicio Andaluz de Salud negocia con el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) para abaratar la factura que abona la Administración. El sentir general se inclina por rechazar la propuesta, pero el objetivo es que se pronuncien los principales afectados.

El pasado miércoles se produjeron distintas reuniones informativas en varios colegios provinciales de farmacéuticos para explicar la nueva adenda al convenio entre el SAS y el Cacof para el fomento del uso de medicamentos genéricos. Tras la misma, algunos presidentes de Colegios trasladaron su intención de someter a votación si se acepta o no la propuesta, «dando voz a los auténticos interesados y vinculando la posición del Colegio a la de sus miembros». Es el caso que se produjo en Málaga y que va en la misma línea de lo que se estudia en Sevilla, Córdoba y Almería. En Granada, por ejemplo, la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos se ha comprometido «a informar en tiempo y forma a los colegiados de los avances de esta negociación, en cuanto exista alguna novedad», con total «transparencia».

Al margen de la decisión que tomen las oficinas de farmacia, la postura institucional de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) es muy clara: está «rotundamente» en contra de la medida.

Tal y como avanzó LA RAZÓN este jueves, la intención es que las farmacias andaluzas aporten un 5% de sus ventas de genéricos al Sistema Andaluz de Salud (SAS), lo que permitiría reducir la factura de la Administración. Ceofa, a través de un comunicado, considera que este planteamiento «no se ajusta a derecho debido a que vulnera la ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que es de carácter básico y obligado cumplimiento por las Comunidades Autónomas».

Esta asociación sin ánimo de lucro y que aglutina a la mayoría de los farmacéuticos titulares de farmacia de Andalucía entiende que la opción planteada «no es buena para la farmacia andaluza, porque no estimula el crecimiento de genéricos, sino que penaliza su dispensación por parte de la farmacia». Además, consideran que «no existe una contrapartida clara para las oficinas de farmacia», sino que «se crea una discriminación tanto de los pacientes como del farmacéutico con respecto al resto de España». Ceofa explica que «estas medidas lejos de ayudar a la farmacia asistencial procuran todo lo contrario y no facilitan que la farmacia ayude a descongestionar la atención primaria».

Hay un trasfondo mayor en este asunto y es que las farmacias consideran que el planteamiento de la Junta de Andalucía es una «subasta encubierta» de medicamentos. Es decir, se trataría de volver al un sistema parecido al que impulsó el PSOE cuando estaba en el gobierno y que el PP se comprometió electoralmente a su eliminación por la discriminación que ocasionaba en la población andaluza con respecto al resto de españoles, al contar con una cartera menor de medicamentos.

En este sentido, uno los asuntos que más preocupan es que, dentro del acuerdo de promoción del genérico, se pretende que, de todas las prescripciones por principio activo que lleguen a la oficina de farmacia, se hagan dispensaciones de medicamento genéricos, con la penalización de devolución de las recetas.

Esto, a su juicio, puede vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia, al favorecer al genérico en detrimento de la marca, ya que se realiza mediante la modificación del Concierto y no por ley, como ocurrió anteriormente; y también, que puede ser contrario a la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, debido a que esta habilita a las farmacias a dar marca o genérico ante una prescripción por principio activo, siempre del precio más bajo.

Además, afirman que se estaría conculcando la libertad del farmacéutico para dispensar una marca según su criterio sanitario en pacientes con ciertas patologías, a los que puede no convenir cambiarle la medicación que ya están tomando. Por todo ello, amenazan incluso con acciones legales si la medida se aplica finalmente.

Desde la Consejería de Salud se insiste en que se trabajan en estrategias de uso racional de los medicamentos y en el control del gasto farmacéutico para seguir asegurando una prestación universal de calidad, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema. En Andalucía, se destina un 30% del presupuesto del SAS a medicamentos para paliar, mejorar y prevenir las enfermedades.