La Fiscalía pide la absolución de los acusados por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

La Fiscalía ha mantenido este lunes en sus conclusiones definitivas su petición de absolución para los acusados en el macrojuicio por la adjudicación a la empresa México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla).

El Ministerio Público, a la espera de que argumente esta decisión en su informe final ante la Audiencia de Sevilla, ha elevado de esta forma a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que ya apuntó que no hallaba indicios fundados y suficientes de la perpetración de delito en esta causa, que encara su renta final con la fase de conclusiones e informes en la Sección Tercera.

Este macrojuicio, que arrancó el pasado marzo, ha sentado en el banquillo a dieciséis procesados, en su mayoría funcionarios y técnicos que participaron en la mesa de contratación y la comisión técnica del proceso, entre ellos el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, además de los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno.

El proceso se abrió inicialmente en febrero de 2015 con la denuncia que interpuso Emerita Resources España, firma que también optaba a la concesión de la mina y que apuntó la existencia de supuestas irregularidades -como tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude- durante la tramitación del expediente y adjudicación del concurso.

'Irregularidades penales'

Precisamente, el abogado de la acusación que ejerce la empresa denunciante -y a diferencia del criterio mantenido por la Fiscalía- se ha referido este lunes en su extenso informe final a la existencia, a su juicio, de más de veinte irregularidades penales, no solo administrativas, en este procedimiento.

El letrado de Emerita ha argumentado que en este caso se produjo un "concurso de voluntades" para, más allá de las bases exigidas en la convocatoria, "darle la mina a quien no le correspondía", una empresa "amiga" como Magtel -vinculada a la adjudicataria final- que tenía "relaciones fluidas" con la Junta de Andalucía y que entraba en la Consejería implicada "como Pedro por su casa".

Según esta acusación, que cree que a lo largo de una década de instrucción judicial ha tenido que "luchar" contra la administración, la Fiscalía, la jueza instructora e incluso la Intervención General del Estado, hubo además "falta absoluta" de procedimiento administrativo.

Por ello, ha sostenido en su informe final que los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno se habrían "concertado" para obtener unos derechos mineros con quienes tenían "transmisión de influencia" y que permitieron que la adjudicataria pasara fases del concurso sin cumplir los requisitos y con valoraciones "injustas".

Al respecto, ha añadido que los miembros de la mesa, que además votaron de forma unánime, puntuaron de forma arbitraria para, a la postre, conceder la mina a una sociedad con una oferta "peor", con lo que se entregaba un bien público como un recurso minero a una empresa como Emerita cuyo proyecto hubiera supuesto un mayor beneficio para la administración pública.

Acusación de Ecologistas

Por su parte, el abogado de la acusación que ejerce Ecologistas en Acción ha presentado un documento reciente de varios profesores de la Universidad de Sevilla para tratar de acreditar el menoscabo causado por contaminación desde la mina a los ríos Agrio y Guadiamar, aunque este ha sido rechazado por "extemporáneo" por el tribunal.

Los ecologistas han mantenido su acusación respecto a la existencia, a su juicio, de delitos de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y prevaricación ambiental (artículo 329), y han pedido que se declare nula de pleno de derecho la resolución de adjudicación del concurso "desde su inicio".

Recta final

Además de este lunes, la Sección Tercera mantiene reservado para los próximos 8, 9, 14 y 15 de julio para la fase de conclusiones definitivas e informes finales de cada una de las partes personadas en el juicio.

Las defensas ya plantearon al inicio de la vista oral vulneración de derechos y lamentaron la "pena de banquillo" de los procesados, mientras que la Fiscalía negó dicha vulneración durante la investigación de la causa y defendió la actuación por parte de la jueza de Instrucción 3, que pidió su archivo en dos ocasiones.

En su declaración como acusado, el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, procesado por su labor anterior como secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta, defendió la "absoluta legalidad" del proceso y dijo que no dio indicaciones, instrucciones o sugerencias sobre ningún aspecto del concurso minero.

Por su parte, la que fuera directora general de Minas María José Asensio declaró que los miembros de la mesa fueron asignados de acuerdo a la legislación, que no se hizo "por afinidad personal" y que la decisiones se tomaron por unanimidad, mientras que otros funcionarios de la Junta también negaron al inicio del juicio irregularidades.