Un tercio de los procesos judiciales por abusos sexuales a niños en Andalucía se alarga entre 2 y 3 años

En Andalucía y el resto de España, los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexuales siguen enfrentándose a procesos judiciales largos que "los exponen nuevamente al dolor de los hechos sufridos". Así lo refleja el nuevo informe de Save the Children 'Por una justicia a la altura de la infancia' basado en el análisis de 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024 y que actualiza los estudios publicados en 2021 y 2023. En el caso andaluz, las condenas representan el 93,6% de las sentencias estudiadas.

Según el análisis detallado en un comunicado, en Andalucía, el 82,5% de los casos las víctimas son niñas o adolescentes (el 82,9% a nivel estatal), lo que confirma una tendencia estable y creciente. La edad media de inicio de los abusos se sitúa en los doce años en Andalucía y el resto del país. Además, en un 5% de los casos las víctimas presentan algún tipo de discapacidad.

Save the Children ha advertido que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y, al mismo tiempo, una de las más ocultas. Prueba de ella son los últimos datos del Ministerio del Interior. En 2023 se presentaron 9.185 denuncias por delitos contra la libertad sexual contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que representa una pequeña parte de la realidad, ya que en la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse.

"Estamos ante una violencia silenciada: casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, pero el sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos. La justicia no puede ser un ámbito de desprotección para quienes ya han sufrido violencia sexual", ha afirmado el director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca.

En cuanto a los agresores, en Andalucía, el 97,9% son hombres (98% a nivel estatal) y el 73% es una persona conocida por la víctima (ocho de cada diez casos a nivel nacional), manteniéndose así la tendencia del anterior informe, principalmente procedentes del entorno familiar en un 41,8% de los casos, tanto en Andalucía como a nivel nacional. Otro 31,3% corresponde a personas conocidas no familiares (38,7% a nivel nacional), como amigos de la familia o profesionales que trabajan con la infancia.

Procesos judiciales "demasiado largos que producen revictimización"

El estudio pone de manifiesto que, en Andalucía, el 33,3% de los casos han durado entre dos y tres años y un 17,5% supera los cinco años (12,1% a nivel estatal). Las víctimas, además, deben revivir los hechos una y otra vez: más de la mitad de las víctimas tuvo que declarar más de una vez.

"Estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los niños y niñas víctimas. La implementación de sistemas de justicia especializada ayudaría a reducir estos tiempos, al agilizar los procedimientos y limitar la necesidad de múltiples declaraciones.", ha señalado Cuenca.

Aunque la aplicación de la prueba preconstituida, es decir la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio, se menciona en un 34,5% de los casos, tanto en Andalucía como a nivel nacional, esta cifra sigue siendo insuficiente y, nos preocupa que refleje un uso minoritario de esta prueba.

"El testimonio de los niños y niñas víctimas es la principal prueba en la mayoría de los casos. Por eso es preocupante que todavía no se generalice la prueba preconstituida, que además es obligatoria para menores de 14 años, y que muchas víctimas tengan que revivir el trauma una y otra vez a lo largo del proceso, incluso durante el juicio oral", ha añadido Cuenca.

Una justicia a la altura de la infancia En 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 422/2025, por el que se crean las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia conforme a lo establecido en la Lopivi.

Sin embargo, sólo se contempla la creación de tres secciones especializadas para todo el Estado: una en territorio andaluz, Málaga, y las otras dos en Barcelona y Madrid. Aunque se trate de un avance, Save the Children advierte que esta medida deja fuera a la mayoría de niños y niñas víctimas de violencia, ya que dejará la mayoría de los casos en manos de secciones de instrucción sin formación específica en infancia.

Asimismo, es necesario aclarar las competencias y la coordinación con otras jurisdicciones (familia, violencia contra la mujer y niñas y adolescentes), garantizando que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas. Si bien la implantación de estas secciones debe ser progresiva, cumplir con los compromisos de la Lopivi exige un despliegue más ambicioso desde el inicio.

Además, no se han creado fiscalías especializadas ni equipos técnicos multidisciplinares, tal y como establece Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) aprobada hace ya cuatro años. Por otro lado, en ninguna de las sentencias analizadas los jueces y juezas hicieron referencia al interés superior del niño.

La organización recuerda que se deben cumplir los compromisos de la Lopivi y garantizar una justicia especializada para la infancia en todo el territorio. Entre ellas se encuentran el ampliar de manera urgente el número de secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia; crear fiscalías especializadas en violencia y equipos técnicos multidisciplinares; garantizar la práctica sistemática de la prueba preconstituida, extendiendo la obligatoriedad para la grabación del testimonio a los menores de edad mayores de catorce años, protegiendo a todas las edades frente a la revictimización.

Asimismo, incorporar de manera efectiva la evaluación del Interés Superior del niño en todas las sentencias; resolver cuestiones competenciales para que los casos de violencia sexual contra las niñas se tramiten en las secciones de infancia y adolescencia, evitando así desigualdades y garantizando una atención adecuada a sus necesidades; impulsar el modelo Barnahus en Andalucía con un compromiso institucional firme con el fin de facilitar la necesaria coordinación interdepartamental con las consejerías competentes.

La organización insiste en la necesidad de implantar en todo el país el modelo Barnahus (casa de los niños), donde las víctimas son atendidas en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados. Se trata de un modelo de atención integral a los niños y las niñas víctimas de violencia sexual, ya que todas las instituciones implicadas en un caso de abuso sexual infantil trabajan de forma coordinada bajo un mismo techo, con el fin de evitar la victimización secundaria.

En Andalucía, la atención coordinada e integral desde el modelo Barnahus, avanzando desde las buenas prácticas existentes, está contemplada en el III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Como ejemplo, solo en 2024, las Barnahus de Cataluña atendieron cerca de 3.000 casos de violencia sexual infantil. Los resultados del proyecto piloto en Tarragona muestran que este modelo reduce la duración de los procesos judiciales de casi tres años a poco más de un año, aumenta las condenas (del 65,9% al 84,5%) y mejora la experiencia de las víctimas, que deben repetir menos veces su testimonio.