Baleares asegura que el Gobierno "da la espalda" a las necesidades de las islas en materia migratoria

La llegada masiva de pateras a las costas de Baleares, con más de 5.400 migrantes registrados en lo que va de 2025, ha situado al archipiélago en el centro del debate político. Aunque el Gobierno central declaró la emergencia migratoria a mediados de septiembre, el Ejecutivo autonómico considera que esta decisión “no responde” a las necesidades reales de la comunidad.

Así lo ha expresado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, quien ha denunciado que el Estado “da la espalda” a las reivindicaciones que Baleares lleva planteando desde hace más de un año.

Según explicó en el informativo de IB3, la declaración actual solo habilita actuaciones en los ámbitos de competencia estatal -fundamentalmente la atención en puertos y la primera acogida-, pero deja fuera a las instituciones autonómicas y locales que gestionan directamente la atención a menores no acompañados y otros servicios sociales.

"Incongruencias" en la gestión

Estarellas recordó que los consells insulares habían pedido ya en 2024 esta declaración de emergencia para habilitar espacios de acogida y reforzar la presencia de Frontex, pero la solicitud fue rechazada.

De igual modo, el Govern planteó la posibilidad de declarar la contingencia migratoria, una figura que permite movilizar recursos adicionales, pero el Ministerio de Inclusión y Migraciones lo descartó al considerar que Baleares no supera la ratio mínima de menores exigida -tres veces la capacidad de acogida actual-.

“La realidad es que día tras día llegan menores de manera sorpresiva y, mientras tanto, se nos deniega la emergencia y la contingencia, pero sí se aprueba la que solicita el Gobierno central. Esto es una incongruencia”, subrayó la consellera. En este sentido, acusó al Ejecutivo de Sánchez de activar mecanismos “solo para darse herramientas a sí mismo” y no para reforzar a las instituciones autonómicas.

El mismo escenario en Canarias

El Govern insiste en que la situación de Baleares requiere medidas específicas antes de que la presión migratoria alcance niveles críticos. “Que el Gobierno no espere a que Baleares llegue a la situación de Canarias para dar herramientas a la Administración autonómica”, reclamó Estarellas, en alusión al colapso que sufrió el archipiélago canario en 2020 y 2021, cuando se desbordaron los centros de acogida.

Los datos de este año parecen avalar sus advertencias. En lo que va de 2025 han arribado a las islas más de 260 embarcaciones, con un flujo constante de personas procedentes del norte de África. El incremento del 55,6 % respecto a 2024 ha tensionado los dispositivos de rescate, los centros de acogida temporal y los recursos sociales, especialmente en Ibiza y Formentera, donde la capacidad de respuesta es más limitada.

Debate político encendido

La oposición critica que la presidenta Marga Prohens “busque culpables en Madrid” en lugar de articular un plan autonómico sólido, mientras que desde el Govern recalcan que son los consells quienes están asumiendo la carga más dura en la atención a menores. Vox, socio parlamentario del PP, ha aprovechado la crisis para insistir en un endurecimiento de las políticas migratorias, con más controles y expulsiones inmediatas.

Por su parte, entidades sociales y ONG advierten de que la discusión política no debe invisibilizar la situación de vulnerabilidad que sufren los recién llegados. Alertan de que, sin una mayor coordinación institucional, Baleares corre el riesgo de entrar en un ciclo de saturación permanente.

Un otoño de incertidumbre

La declaración de emergencia aprobada por el Gobierno central se traduce en una dotación de 6,75 millones de euros para reforzar la primera atención, habilitar módulos temporales en los puertos y mejorar la coordinación con Salvamento Marítimo. Sin embargo, el Ejecutivo balear insiste en que se trata de una respuesta “insuficiente y parcial”.

Con la temporada turística ya en descenso y la llegada del otoño, la presión migratoria seguirá siendo uno de los grandes desafíos de Baleares. La incógnita es si el Estado y el Govern lograrán coordinarse a tiempo para evitar que la ruta balear, consolidada en los últimos años, termine reproduciendo las escenas de saturación que marcaron la crisis migratoria en Canarias.