La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico reactivará el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Baleares, un órgano creado en 2013 pero que no se había puesto en funcionamiento.

El objetivo, según ha explicado, es “coordinar todas las políticas de protección y prevención hacia la infancia y la adolescencia”, trabajando en red con todos los agentes implicados para abordar problemas como la pobreza infantil, la salud mental juvenil y la justicia juvenil.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Fernández ha asegurado que esta coordinación “es algo prioritario” para el Govern, ya que sin una actuación conjunta “no se lograrán resultados reales”. El Observatorio tendrá como misión también reforzar las políticas preventivas para evitar situaciones de riesgo entre menores y jóvenes.

Choque con el Gobierno central

La consellera ha aprovechado para criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por exigir el cumplimiento del reparto de menores extranjeros no acompañados mientras, ha denunciado, “él no cumple con la ley de dependencia”. Fernández ha recordado que el Ejecutivo central debería financiar el 50 % del coste de la dependencia en las comunidades, pero en el caso de Baleares “no llega ni al 20 %”.

Estas declaraciones se producen después de que Sánchez advirtiera de que los gobiernos autonómicos que no acepten el reparto de menores “tendrán que asumir las consecuencias”.

Baleares reclama más acuerdos con Argelia

Baleares debe acoger a 49 menores migrantes procedentes de Canarias, algo que el Govern rechaza al considerar que los servicios de protección de menores “están completamente saturados, por encima del 1.000 % de su ocupación”. Además, la comunidad es receptora directa de llegadas.

El Ejecutivo balear ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto que establece este reparto y está preparando argumentos jurídicos y otras vías para hacer frente a nuevas situaciones similares.

Al mismo tiempo, reclama al Gobierno central acuerdos con Argelia para frenar la llegada de migrantes, más efectivos para combatir las mafias y una financiación adecuada para cubrir los gastos derivados de la atención a menores no acompañados.

Nueva ley de derechos de las personas con discapacidad

Más allá de la cuestión migratoria, Fernández ha avanzado que en septiembre se presentará un plan de choque para reducir las listas de espera de dependencia y discapacidad.

Entre las medidas, se incluirán trámites más ágiles, equivalencias entre discapacidad y dependencia para simplificar gestiones, y un incremento de 18.400 horas en el servicio de ayuda a domicilio, lo que permitirá que 400 personas salgan de la lista de espera.

Asimismo, el Govern se ha comprometido a impulsar una ley de derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de blindar el modelo actual que, según la consellera, “es el mejor de España”.

La lucha contra la trata de blancas

En el ámbito del IBDona, Fernández ha destacado que se trabaja en un nuevo protocolo de actuación interinstitucional, en el VI Plan Estratégico de Igualdad y en el II Plan contra la trata y la prostitución. El objetivo, ha dicho, es reforzar la protección de las víctimas de violencia de género, luchar contra la brecha salarial y mejorar las políticas de conciliación.

La consellera ha concluido mostrando su disposición a mantener “un diálogo abierto” con la oposición y el tercer sector social, buscando consensos amplios en materia de servicios sociales e igualdad.