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En corto y por decreto.

En corto y por decreto.
En corto y por decreto.larazon

Por Yolanda Berdasco

En “corto y por derecho” entran a matar los toreros cuando es el diestro el que se lanza sobre el toro que no embiste. Así ataja el ejecutivo la mayor parte de los asuntos que se encuentra en su ejercicio. Sin poner la vista en el largo plazo, y por decreto, abalanzándose sobre los hechos.

En poco más de cuatro meses de gobierno y tras emplear, de media, una vez por semana, el recurso al Real Decreto Ley, es el turno de la banca. El Ejecutivo lo tiene claro, el impuesto de las hipotecas es un tema prioritario y como dice el artículo 86 de la Constitución, un caso de “extraordinaria urgencia y necesidad”, al igual que en las trece ocasiones anteriores.

Esta es, sin duda, la forma más mediática de dar contento a los que claman las maldades de la banca. La mano de hierro del gobierno no tiembla cuando se trata de satisfacer los deseos de aquellos que hace apenas tres años abogaban en su programa electoral por un aumento en el tipo impositivo del gravamen. Un recurso veloz, vistoso e ineficaz.

El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es un ingreso que va a parar a las arcas de las Comunidades Autónomas. Se paga por el hecho de firmar una escritura hipotecaria ante notario y varía de un territorio a otro. Recordemos además que es un impuesto y no una tasa, pues el ciudadano tributa por el acto en sí y sin recibir a cambio ningún servicio por parte de la administración.

Este gravamen no existe en otros países como el Reino Unido, Holanda y Alemania. Y en los países en los que sí se aplica, lo pagan los clientes y el tipo impositivo es, por ejemplo en Francia, una cuarta parte que en España.

Por dar algunos datos más, el año pasado se firmaron en España algo más de 310.000 hipotecas, lo que supone que este impuesto afectó el año pasado, al 0,67% de la población española.

Nos quieren hacer creer que este Decreto es fruto del “clamor social”,-así denominan en la extrema izquierda todas aquellas movilizaciones aupadas en las redes sociales y que pretenden legitimar en las calles lo que no les permiten las urnas-, pero se olvida el gobierno de Pedro Sánchez de otras peticiones que los ciudadanos llevan años haciendo.

El mejor ejemplo, el que grava las herencias, el impuesto sobre sucesiones. La muerte solo requiere de una condición para darse, estar vivo, y por tanto nos afectará a todos antes o después. Y el hecho de que los herederos tengan que tributar por aquello por lo que el finado ya lo hizo en vida supone una doble imposición y además, fomenta una vez más la desigualdad entre comunidades autónomas.

Con estos mimbres, el Real Decreto sobre el IAJD es un intento de exhibir músculo ejecutivo. No es más que una cortina de humo que aprovecha el tirón mediático que la información tiene. Se trata de una medida que, en el mejor de los casos afecta a poco más del 0,6% de la población anualmente. Son además personas que pueden comprarse una casa y que han podido solicitar una hipoteca, lo que no les sitúa entre los más desfavorecidos de la sociedad y no muestra el carácter social que cabría esperar de un gobierno socialista.

En última instancia, siguiendo la estela de nuestros vecinos europeos y dado que el ingreso acaba finalmente en las arcas públicas, cabría la posibilidad de eliminarlo y evitar así el pago por parte de los ciudadanos. Sin embargo, el ejecutivo legisla de urgencia y quiere tapar el sol con el dedo. Es la forma de convencer a los socios que mantienen a un Gobierno sin votos y que de propiedades ehipotecas saben más de lo que nos quieren hacer creer.

Mientras tanto, la banca de la “competencia” perfecta a ojos del Presidente del Gobierno, buscará la fórmula oportuna para no perder. No parece demasiado complicado, pues un aumento de medio punto porcentual en el diferencial de los préstamos hipotecarios, aplicada sobre total del capital, supondrá beneficios más que suficientes para compensar. Esto sí, lo pagará indudablemente el ciudadano. Es la consecuencia de la demagogia instalada en el poder y de las decisiones políticas tomadas solo para buscar el pañuelo blanco del ruedo.