La Policía Nacional ha arrestado en Santa Cruz de Tenerife a una mujer señalada como presunta responsable de numerosas estafas relacionadas con falsos alquileres de viviendas anunciados en internet. Según la investigación, habría captado a decenas de interesados a los que exigía el pago de fianzas y reservas, logrando reunir más de 10.000 euros antes de ser localizada y puesta a disposición judicial, que ha ordenado su ingreso en prisión provisional.

La investigación se inició en diciembre de 2024, cuando los agentes comenzaron a recibir varias denuncias por engaños muy similares. Distintos perjudicados relataron cómo, tras contactar con una anunciada arrendadora a través de portales inmobiliarios y plataformas digitales, habían entregado cantidades en efectivo para asegurar un piso que nunca llegaron a ocupar.

En los anuncios se ofertaban supuestos inmuebles en alquiler en la capital tinerfeña y otros puntos de la isla, siempre con condiciones aparentemente ventajosas y disponibilidad inmediata, lo que facilitaba que potenciales inquilinos se interesaran de forma rápida. Una vez establecía el primer contacto, la mujer concertaba una cita presencial con cada afectado para dar una apariencia de normalidad a la operación.

Durante esos encuentros, la detenida mostraba a los interesados un vídeo de la vivienda ofertada. A continuación, procedía a la firma de un contrato que resultó ser falso y, acto seguido, solicitaba el pago de una cantidad en efectivo en concepto de fianza y reserva del supuesto alquiler, insistiendo en cerrar el trato cuanto antes para evitar que otra persona se adelantara.

Tras recibir el dinero, la presunta estafadora entregaba a cada perjudicado una llave que, según su versión, permitía el acceso al inmueble acordado. Sin embargo, cuando los futuros inquilinos acudían a la dirección facilitada comprobaban que no podían acceder al piso o que el inmueble no tenía relación alguna con el acuerdo alcanzado. En ese momento tomaban conciencia de que habían sido engañados.

Una vez consumados los hechos, la investigada bloqueaba cualquier vía de comunicación con los afectados.Cortaba llamadas, impedía el contacto por mensajería instantánea y dejaba sin respuesta correos electrónicos, dificultando que las personas estafadas pudieran reclamar la devolución de su dinero o aclarar lo ocurrido. Esa estrategia de desaparición inmediata se repitió en todos los casos conocidos.

El importe total de lo obtenido de manera fraudulenta supera los 10.000 euros. No obstante, la Policía Nacional no descarta que la cifra sea más elevada, ya que los investigadores consideran que existe un número significativo de víctimas que no ha llegado a formalizar denuncia, bien por desconocimiento del procedimiento o por vergüenza al reconocer que han sido engañadas.

Los agentes constataron además que la mujer era consciente de que estaba siendo buscada tanto por distintos juzgados como por la propia Policía Nacional. Ese conocimiento la llevó a adoptar medidas de autoprotección con el objetivo de evitar su localización. Cambios frecuentes de domicilio, precauciones en sus desplazamientos y la limitación de sus apariciones públicas son algunos de los comportamientos que dificultaron el trabajo policial.

Esa actitud obligó a diseñar un dispositivo específico de búsqueda y detención, en el que se coordinó el trabajo de distintas unidades. Tras varias gestiones discretas, los investigadores lograron situar a la sospechosa en Santa Cruz de Tenerife y proceder a su arresto sin incidentes. Posteriormente fue trasladada a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas.

Una vez concluido el atestado, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente. El juzgado encargado del caso decretó su ingreso en prisión provisional, a la espera de que avance el procedimiento penal y se determinen con precisión tanto el número total de perjudicados como las cantidades realmente defraudadas.