A finales de los años ochenta, mientras España terminaba de hacerse un hueco en la recién estrenada Europa comunitaria, en Canarias se cocinaba un pulso que nadie hubiese imaginado entre Madrid y el Gobierno de Lorenzo Olarte, que obligó al Ejecutivo de Felipe González a sacar el artículo 155 del cajón y utilizarlo como aviso en plena negociación sobre el encaje fiscal del Archipiélago en la Comunidad Europea.

Un aviso inédito en la historia autonómica

En febrero de 1989, el Consejo de Ministros de González aprobó el envío de un requerimiento formal al Ejecutivo canario que funcionaba como una última llamada antes de la intervención y dejaba claro que, si las Islas no se adaptaban al acuerdo europeo sobre impuestos, el Gobierno central se reservaba la opción de pedir la aplicación del artículo 155 y recortar parte de la autonomía.

Al frente del gabinete regional estaba Lorenzo Olarte, dirigente del CDS, que presidía una coalición formada con fuerzas de raíz centrista y conservadora procedentes de la antigua UCD y de sectores cercanos al PP, por lo que no se trataba de un Ejecutivo de corte soberanista, sino de un equipo que defendía con ahínco un trato diferenciado para un territorio alejado de la Península y muy dependiente del comercio exterior. En ese clima, la decisión de Carlos Solchaga de delegar los asuntos del Archipiélago en José Borrell fue interpretada por Olarte como una desconsideración hacia la presidencia canaria y convirtió un desacuerdo en un pulso político de primer nivel.

"Madrid va a saber lo que vale un peine"

En medio de esa tensión apareció la frase destinada a quedarse en la hemeroteca cuando Olarte advirtió que "Madrid va a saber lo que vale un peine" y resumió con una sola imagen el desafío que se proponía mantener con el Gobierno central para proteger los intereses económicos de las Islas. El presidente cuestionaba que la integración europea se planteara con el mismo patrón para un territorio fragmentado en Islas, con costes añadidos en transporte y una estructura productiva débil.

Mientras la España peninsular lucía el sello comunitario desde 1986, Canarias avanzaba tres años por detrás, como si circulara en un carril distinto, no por dejadez, sino porque se jugaba un traje fiscal a medida en un lugar donde cada cambio en los impuestos tiene efectos directos sobre la cesta de la compra y sobre el tejido empresarial. Esa diferencia de ritmo alimentó en las Islas la sensación de que la negociación se aceleraba más en función del calendario político de Madrid que de las necesidades reales de la economía insular.

Los arbitros como choque del conflicto

El choque nació de algo tan prosaico como unos impuestos, porque el plan europeo obligaba a ir rebajando los antiguos arbitrios que gravaban las mercancías que llegaban al Archipiélago desde la Comunidad Europea y esa rebaja estaba recogida negro sobre blanco en el Protocolo 2 del Tratado de Adhesión. Desde el 1 de enero de 1989 debían reducirse de forma notable esos gravámenes y el Ejecutivo de González entendía que la comunidad autónoma tenía la obligación de adaptar su normativa, mientras que el Gobierno regional defendía que esa tarea correspondía al Estado para evitar que el sistema fiscal canario quedara desprotegido frente a la competencia exterior.

Nada más jurar el cargo a finales de diciembre de 1988, Olarte pidió hablar con Solchaga para aclarar el calendario de la reforma, las llamadas nunca obtuvieron respuesta y aquel silencio durante semanas terminó pesando más que cualquier comunicado y afianzó en la sede de la presidencia la idea de que desde Madrid no se les tomaba en serio. Cuando llegó la fecha de entrada en vigor de la rebaja, el Ejecutivo canario optó por no aplicarla y ese gesto activó todas las sirenas políticas y jurídicas en la capital, con Borrell advirtiendo de que el Gobierno podría acudir al Constitucional y, si era necesario, forzar una intervención del autogobierno.

Un régimen económico con siglos de historia

La tozudez del Ejecutivo insular no se explicaba únicamente por la necesidad de mantener ingresos tributarios porque detrás estaba un modelo que arrastra siglos de trato especial, desde los privilegios concedidos en tiempos de los Reyes Católicos hasta un sistema de bonificaciones y rebajas fiscales que siempre ha separado a las Islas del resto del país y que hoy se conoce como Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). De esa tradición nacen rasgos tan singulares como la ausencia de IVA y la existencia de figuras propias sobre el consumo diseñadas para compensar la lejanía y la fragmentación territorial.

Con ese paisaje de fondo, entrar del todo en la Europa comunitaria no era una simple firma en Bruselas, ya que abaratar impuestos abría la puerta a productos más baratos, pero también podía dejar al Archipiélago sin defensa frente a la competencia del continente y, por eso, el Gobierno regional apretó para conseguir un encaje a medida dentro del marco europeo, lo que más tarde se consolidaría con el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica y con un tratamiento específico en materia fiscal y de ayudas públicas.

Una juagada calculada

Con el paso del tiempo, el propio Olarte desveló que Virgilio Zapatero, ministro encargado de las relaciones con las Cortes y secretario del Consejo de Ministros, le remitió una comunicación en la que se le advertía de que, si no se desarrollaba el tratado que rebajaba los arbitrios, el Gobierno propondría aplicar el artículo 155 y retiraría competencias en materia fiscal. El presidente canario reconocería años más tarde que ocultó ese aviso a parte de su gabinete para evitar que el miedo a una intervención deshilachara el frente interno y le impidiera sostener el pulso que, según su versión, terminó inclinando la negociación a favor del Archipiélago.

Los contactos se prolongaron durante meses en un clima de tensión, pero controlad;, hasta que se alcanzó un acuerdo que permitió aplicar finalmente los nuevos tipos reducidos de los arbitrios a las importaciones europeas a partir del 4 de abril de 1989, con cuatro meses de retraso sobre el calendario oficial. La autonomía no llegó a ser intervenida y el episodio quedó como una advertencia de hasta dónde podía estirarse la cuerda de la confrontación institucional sin llegar a romperse, con Borrell viajando a las Islas para sellar una salida pactada que rebajó el tono y cerró la crisis.