Nueve niñas migrantes solicitantes de asilo salen de Canarias rumbo a la Península

Nueve niñas migrantes no acompañadas y solicitantes de asilo viajaron este jueves por la mañana desde Canarias a la Península en un operativo coordinado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico. Es la tercera derivación ejecutada desde que el Tribunal Supremo ordenó activar estos traslados. Las menores proceden de Guinea, Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Mali, con dos casos originarios de Senegal, otros dos de Gambia y tres de Mali. Según la Consejería de Bienestar Social, son chicas atendidas en centros gestionados por el Gobierno canario y no en el dispositivo “Canarias 50” de Las Palmas de Gran Canaria.

El domingo saldrá un segundo grupo esta misma semana: siete chicos malienses que partirán precisamente desde “Canarias 50”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya había avanzado el lunes 18 de agosto que se realizarían dos traslados en estos días. “Adelanto que esta semana tendremos dos derivaciones más. Y por eso apelo a aquellas administraciones que, a donde lleguen esos niños, les reciban también con lo mejor que tengan. Y no con pancartas. Y no con muros. Y no con afirmaciones de ‘aquí no los quiero’, porque eso es lo que está ocurriendo”, declaró tras reunirse en Lanzarote con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo.

Torres agradeció a las instituciones que están facilitando la acogida y acusó a otras de poner “palos en las ruedas”, con referencia explícita al centro de Pozuelo de Alarcón. “Pusimos en la mesa la opción de Pozuelo y automáticamente se hicieron modificaciones o requerimientos que dificultaban el que pudiera haber menores en un centro específico de la red estatal para solicitantes de asilo internacional, cosa que no se hizo cuando los menores eran ucranianos. Se ha hecho ahora cuando son africanos”, lamentó. Al mismo tiempo anunció que a finales de mes se convocará la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde espera, aunque sin mucha confianza, que las comunidades gobernadas por el PP acudan y expliquen su posición, después de una anterior convocatoria en la que -sostiene- ni siquiera asistieron.

Desde Canarias, Fernando Clavijo pidió acelerar de forma inmediata la salida de menores con derecho a asilo porque, según traslada el tercer sector al Ejecutivo regional, hay plazas disponibles en la Península. “No hay ningún plan, la improvisación sigue igual”, criticó. Aseguró que el Gobierno canario tiene localizadas ONG peninsulares capaces de asumir cientos de menores y reprochó que el ritmo actual es demasiado lento: han entrado más menores de los que han salido, lo que empeora el hacinamiento y la calidad de la atención. “Con lo cual, esta salida tan moderada, modesta o pequeña -de alrededor de una decena del millar de menores con derecho a asilo- puede verse claramente mejorada en cantidad y en tiempo para resolver el problema de hacinamiento y mejorar la atención”, remató.

El Ministerio sostiene que también querría más velocidad pero que el proceso no es sencillo por las garantías que acompañan a cada expediente. Ese argumento es atendible, pero el balance general vuelve a dejar en evidencia al Gobierno de España: no hay un calendario público y verificable de derivaciones, no se conocen criterios transparentes y homogéneos de reparto entre comunidades, no se ha presentado un mapa de plazas reales en la red estatal de asilo ni se han explicitado estándares mínimos de acogida, escolarización y apoyo psicosocial. Sin planificación, recursos suficientes y rendición de cuentas, las derivaciones quedan atrapadas entre anuncios y reproches. Si, como dice Canarias, existen ONG preparadas para asumir cientos de casos, corresponde al Ejecutivo liderar con datos, fijar plazos y financiar el dispositivo; señalar a terceros no sustituye la obligación de gobernar.

En los próximos días, la convocatoria de la Sectorial ofrecerá una nueva oportunidad para ordenar el reparto y para que el Ministerio concrete el anunciado último Real Decreto que modificará el artículo 35. Si el Gobierno quiere que el mensaje cale, tendrá que acompañarlo de hechos medibles: plazas abiertas, destinos confirmados, tiempos medios de tramitación y garantías de integración escolar y sanitaria en cada comunidad. Hasta entonces, la tercera derivación de hoy y la prevista para el domingo son un alivio puntual, no una solución estructural.