Cantabria pide al Gobierno que se haga cargo de un menor migrante que ha solicitado asilo en la comunidad

Solo uno de los menores migrantes no acompañados ha solicitado asilo de los que tiene acogidos Cantabria, que señala que con este trámite su protección corresponde al Estado y por ello ha pedido al Gobierno central hacerse cargo. "Hemos demandado al Gobierno de España que se haga cargo de este menor", ha indicado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río.

"El asilo es competencia del señor Sánchez", ha subrayado para añadir que éste "no cumple", como sí ha hecho Cantabria dando respuesta al requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia de remitir los datos solicitados a las comunidades autónomas sobre su capacidad de acogida de menores.

Gómez del Río ha recordado la medida cautelar adoptada a finales de marzo por el Tribunal Supremo, que dio diez días al Gobierno central para que garantizase el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos mil menores migrantes que se encontraban en las islas Canarias y habían solicitado asilo, pero ha lamentado que "no ha cumplido".

La consejera ha hecho estas afirmaciones en el Pleno del Parlamento y manifestó que es "imposible" acoger la cifra que se ha publicado que correspondería a la región, 170, sin poner en peligro el sistema de protección. Al respecto, la titular de Inclusión Social ha reiterado que Cantabria "va a cumplir con la legalidad", pero eso "no quiere decir que no esté actuando" en contra y de hecho va a presentar "en breve" ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el real decreto ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería al objeto de establecer la obligatoriedad del reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

Recurso de inconstitucional

"Si no ha sido hoy, será mañana", ha dicho, después de que el Consejo de Gobierno autorizara el pasado 3 de abril interponer ese recurso de inconstitucionalidad. "El Gobierno de Cantabria es y será solidario, pero dentro de la capacidad que tienen sus servicios de protección, sin ponerlos en riesgo", ha dicho, añadiendo que el Ejecutivo va a defender sus competencias y a reclamar financiación para atender a estos menores.

"Seremos muy escrupulosos en el cumplimiento de la legalidad y seremos muy activos defendiendo no sólo ante el Tribunal Constitucional, sino ante todos los tribunales, todas las actuaciones que entendemos que vulneran el ordenamiento jurídico. Porque nosotros, en Cantabria, sí creemos en la separación de poderes", ha sentenciado. Además, ha repetido que el real decreto no recoge "ningún tipo de número" y que desconoce "de dónde sacan" la cifra de 170 menores que corresponderían a Cantabria. Al hilo, ha opinado que Pedro Sánchez "olvida el interés superior del menor" y "mercadea con los niños, las niñas y los adolescentes extranjeros, cediendo al chantaje del independentismo para aferrarse al poder". "Pone por delante los intereses de Junts", ha denunciado la consejera, quien ha asegurado que, en todo caso, los menores que estén en Cantabria "van a estar protegidos, porque no son fardos".

"Tienen que tener la debida protección, la debida adecuación, la debida protección sanitaria y todas las medidas oportunas para que se integren en la sociedad. Por lo tanto, no les vamos a abandonar, les vamos a proteger defendiendo nuestro sistema de protección, nuestras competencias y nuestra financiación, y siempre ajustándonos a la legalidad", ha asegurado. Según los datos que ofreció actualizados la semana pasada, Cantabria tiene 220 plazas de acogida de menores, de las que 36 se destinan a atender a los menores extranjeros no acompañados.

De estas últimas están ocupadas 25, con lo que habría 11 libres. Así, desde Vox, su portavoz, Leticia Díaz, ha pedido al Gobierno cántabro que "no caiga en el juego socialista, no se ponga a hablar de repartos técnicos ni justos", cuando se quiere asignar a la región una cifra "cinco veces" superior a su capacidad. Además, ha defendido que "la solución a esta crisis no pasa por repartir a los menas por todo el territorio nacional como si fueran paquetes", sino hacer que vuelvan a sus países de origen con sus familias.

"¿Acaso no es lo que haríamos si un menor español estuviera abandonado en Marruecos o en Senegal? Exigiríamos lo mismo, que se le devuelva a su familia", ha sentenciado.

Reconocimiento de la discapacidad

Antes de abordar este asunto, en la sesión vespertina del Pleno la consejera de Inclusión Social ha respondido a otra interpelación del PRC sobre los tiempos de espera para la valoración y reconocimiento del grado de discapacidad, respecto a lo que ha recordado que su departamento ha contratado recientemente a cinco fisioterapeutas y cinco trabajadores sociales para reforzar el equipo y agilizar este trámite.

Según ha dicho, estos profesionales están actualmente recibiendo formación, mientras que la diputada regionalista Rosa Díaz ha reprochado al Gobierno que la demora actual de la resolución de los expedientes para la valoración de la discapacidad "ronda los 18 o incluso 20 meses", cuando era de "unos 12".

La consejera ha incidido que el Gobierno contratará "a todos aquellos" que le permita el ordenamiento jurídico para este fin y, cuestionada por el Grupo Regionalista sobre el motivo por el que el Ejecutivo ha optado por estos perfiles en lugar de médicos, como ocurre en otras comunidades autónomas, la consejera ha respondido que en las listas de Cantabria, en la actualidad, "no hay plazas de médicos".