Amilivia reclama una supervisión continua del sector público

Un sistema de supervisión continua del sector público que vigile la gestión de estos entes y si están cumpliendo los objetivos para los que fueron creados.

Esta es la principal petición que hacía ayer a la Intervención General de la Comunidad el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, para dar cuenta e informar del informe de fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades públicas hasta 2017. Durante su intervención en la Comisión, Amilivia exponía que la puesta en funcionamiento de este sistema de control ya se está comenzando a implantar en el sector público estatal, a través de la denominada Oficina Nacional de Auditoría (ONA), así como en varias comunidades, pero no en la nuestra. Por ello, proponía que sea la propia región de Castilla y León la que pida ayuda al órgano central y, de esta forma, se garantice también la coordinación con el sistema de vigilancia que corresponde a la Consejería a la que está adscrita el ente público.

Respecto al proceso de reestructuración de las entidades públicas, el presidente del Consejo de Cuentas explicaba que entre enero de 2011 y enero de 2017 se suprimieron 32 entes -la cifra pasó de 88 a 56- a los que se unieron otras dos sociedades entre 2017 y 2018 para un total 34. Al respecto, Amilivia revelaba que en el informe se pone de manifiesto que no se ha producido una reversión total a la administración por las entidades extinguidas, sino a otros entes existentes, lo que ha dado como resultado un sector público más simplificado que continúa desempeñando las mismas funciones.

Esta reducción del sector público autonómico hasta 2017 ha supuesto un ahorro de 121 millones de euros en relación con 2010, pasando de 298 a 177 millones de euros, al desempeñarse las mismas funciones pero con menos personal y menos aportaciones de la Junta

Acerca del ahorro de personal, Amilivia indicó que se finiquitaron 233 contratos de trabajo, con un coste por despido e indemnización de 4,8 millones, si bien evitó un desembolso anual 7,7 millones. Además, la mayor reducción se produjo en la Agencia de Desarrollo, con 90 bajas y Sotur, con 64. La reducción de las transferencias realizadas por la Administración a estos entones pasó de 298 millones a 177, lo que representa una minoración de 121 millones, un 41 por ciento.

La primera crítica a este informe era la que realizaba el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés y del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos, quien denunciaba que esta reducción de entes no ha supuesto una eliminación sino un traspaso del gasto público a otras áreas de la Junta. Y ponía como ejemplo la existencia de un mayor número de altos cargos en la Administración castellano y leonesa

Desde el PSOE, la procuradora Rosa Rubio hablaba de un proceso de reordenación más que de reducción e ironizaba con el cambio de nombre de algunos entes, como el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE), que antes fue Agencia de Desarrollo (ADE). «Se podía haber llamado Agencia de Colocación y Corrupción del PP (Accpp), decía en referencia a la «corrupción» popular.

En el PP, Salvador Cruz destacaba el «esfuerzo» de la Junta en la reducción del sector público y, al igual que el procurador de Ciudadanos Juan Pablo Izquierdo, recordó el proceso abierto en aras de la transparencia y buena gestión con 16 entes públicos analizados.