Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia rechazan aumentar la protección del lobo

Castilla y León, junto a Galicia, Asturias y Cantabria consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, una propuesta que el Gobierno se encuentra analizando, algo que ha movilizado la inquietud de estas cuatro autonomías, por lo que han enviado una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una misiva firmada por los cuatro consejeros.

Todas ellas señalan que “otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene en este momento sería una decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, con importantes poblaciones, y que son los que sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales”.

La inclusión en esta lista supondría la prohibición general de su caza, y que sólo se haría de manera excepcional, siempre con criterios más estrictos que en la actualidad. Ello sería una contradicción a las políticas desarrolladas en estas Comunidades en los últimos años para buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos en diferentes zonas del territorio con la ganadería extensiva, lo que podría poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona.

Las cuatro autonomías señalan en la carta que “hemos elaborado y aprobado planes de gestión del lobo que, por desgracia, no se han librado en algunos casos de su traslado a los tribunales, que en ocasiones han anulado en todo o en parte estos planes”.

A partir de estos planes, se ha conseguido que “las poblaciones del lobo mejoren, que ocupen nuevos territorios, que mejore la percepción de las comunidades rurales frente al lobo, y que aparezcan nuevas formas de potenciar el recurso turístico lobo y para conseguir una mejor valoración por los vecinos de estas zonas”.

Toda esta gestión señalada se ha hecho siempre “desde la máximo lealtad institucional y en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo”, actualmente vigente, promovida por ese Ministerio y aprobada en enero de 2005 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. “Si bien es cierto -se señala en la carta- que todos creemos que es necesario una nueva estrategia nacional liderada por ese ministerio y consensuada con las Comunidades Autónomas loberas”.

“Por tanto, ministra, queremos trasladarte que, a pesar de los esfuerzos en la gestión solo conseguimos parcialmente los objetivos, el buen estado de las poblaciones del lobo, pero el problema de los daños a la ganadería sigue estando presente en el día a día y la conflictividad social asociada aumenta”, continúa la carta. “La población del medio rural que convive diariamente con esta especie -añade la misiva- no quiere que se les indemnice si los daños son continuos en una explotación, lo que nos demandan es que esos daños disminuyan, y creemos que esto solo lo conseguiremos a través de una gestión flexible, conjunta y coordinada que nos permita, además, trasladar a la sociedad soluciones eficaces basadas en los datos científicos y la experiencia de nuestros equipos técnicos, y alejados de posicionamientos ideológicos sesgados y radicales”.

Lo que piden tanto Castilla y León como Galicia, Cantabria y Asturias es que se cumplan y respeten los procedimientos administrativos y el actual marco competencial en el cambio de estado legal del lobo, “que en su actual propuesta en ningún caso responde a un consenso jurídico, técnico o científico”.

En el final de la carta de los cuatro consejeros terminan haciendo una hacen reflexión conjunta en el sentido de que “la mejor forma de conservar y gestionar esta emblemática y simbólica especie es reduciendo el conflicto social y mediático que se genera a su alrededor, y es lo que pretendemos en esta carta”, y piden a la ministra Ribera una reunión para buscar soluciones “que tengan en cuenta la experiencia de gestión que tenemos las cuatro Comunidades, que hemos asumido desde hace tiempo la imprescindible compatibilidad entre la conservación del lobo y nuestro sector ganadero”. En esta reunión pretenden exponer con más detalle argumentos “ya que estamos convencidos de que ello contribuiría a trasladar a la sociedad un mensaje de unidad de todas las Administraciones en torno a la gestión del lobo, sin importar el signo político -como se demuestra con esta carta-, lo que sin duda revertirá en el objetivo final que todos perseguimos, que no es otro que su conservación”.

Los firmantes de la carta a la ministra Ribera son el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Juan Guillermo Blanco, y el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Jesús Calvo.