Se amontonan los casos en los juzgados de lo Social

Los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia están consiguiendo que se amontonen en las mesas los casos en los juzgados de lo Social de Castilla y León, que en el primer trimestre de este año resolvieron 4.799 asuntos, lo que supone un 24,19 por ciento más que el pasado año, cuando se alcanzaron los 3.864. Estos niveles de actividad no se registraban desde 2015, cuando se alcanzaron las 5.352 resoluciones.

De estos 4.799 asuntos resueltos, 1.163 fueron despidos, 2.309 reclamaciones derivadas del contrato de trabajo, 1.302 estaban relacionados con la Seguridad Social y 25 fueron conflictos colectivos.

Por provincias, los juzgados de León se situaron en cabeza con 1.196 asuntos resueltos, por delante de los de Valladolid, con 1.087. En el otro extremo se sitúan Soria (119), Segovia (266), Zamora (279,) Ávila (301), y Palencia (327). En Burgos se contabilizaron 748 y en Salamanca 476.

Con respecto al primer trimestre de 2019, el mayor incremento se registró en despidos, con un 36,34 por ciento, dado que de 853 se pasó a 1.163, mientras que en los conflictos con la Seguridad Social la subida fue del 24 por ciento, al contabilizarse 252 asuntos resueltos más.

En cuanto a las reclamaciones derivadas de los contratos de trabajo, la subida fue del 18,8 por ciento, con 306 más, mientras que los conflictos colectivos pasaron de 18 a 25, informa Ical.

Los casos de despidos se resolvieron con 302 sentencias favorables, que afectaron a 309 trabajadores con una indemnización media por trabajador de 9.908,9 euros, mientras que en el primer trimestre del pasado año las sentencias favorables fueron 226 y la cuantía media subió hasta los 11.574,5 euros.

Además, se contabilizaron 508 despidos resueltos por conciliación, frente a los 400 de los tres primeros meses de 2020, con una indemnización pactada de 8.424,4 euros.

Este incremento de asuntos se puede acentuar en los próximos mes y saturar la actividad de los juzgados de lo Social. En este sentido, el pasado mes de mayo, en la presentación de la Memoria Judicial de la Comunidad correspondiente a 2020, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ya advertía de los efectos de la crisis y auguraba un escenario complicado para los tribunales de lo Social.

“La pandemia va a suponer en el año 2021 un escenario totalmente diferente toda vez que a la crisis sanitaria que se vive desde marzo de 2020 se le suma la crisis económica que ha supuesto la pandemia y, en consecuencia, ello va a implicar un extraordinario volumen de asuntos de entrada en determinadas jurisdicciones, como la social”, afirmaba.

Nuevas unidades

Además, Concepción reclamaba entonces al Ministerio de Justicia la creación de nuevas unidades judiciales para hacer frente a los efectos de la pandemia, pero también para acabar con una situación que se viene manteniendo en el tiempo. En concreto, solicitaba nuevos juzgados de lo Social en Burgos, León Segovia y Valladolid.

A pesar de petición, la situación no ha mejorado mucho. Sólo desde la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en un acuerdo adoptado el pasado 3 de junio, se atendió la petición del TSJ y se consideró reforzar los Juzgados de lo Social de Burgos con un equipo de asignación dinámica formado por la magistrada-juez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga (Palencia), a quien se concedió una comisión de servicios con relevación de funciones por un periodo de seis meses. En esa misma reunión de la Comisión Permanente del CGPJ, fueron rechazadas las peticiones para la implantación de refuerzos en los juzgados de lo social de Salamanca y Valladolid.

Junto a este refuerzo, se está a la espera de la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Social 4 de León, aprobado en octubre del pasado año por el Gobierno, prevista para finales de año.

Además, según confirmaron fuentes del TSJ, desde octubre del pasado año, el Juzgado de lo Social de Segovia tiene el refuerzo de un juez de adscripción territorial (JAT) y un plan de actuación para poder sacar adelante el trabajo.