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Medio año de espera a que Sánchez pague los 182 millones que el Gobierno debe a Castilla y León

El presidente Fernández Mañueco recuerda que se trata de un dinero que se va a dedicar íntegramente a las personas y sectores más afectados por la pandemia

Fernández Mañueco conversa con Pedro Sánchez durante una visita del presidente del Gobierno este año a Renault
Fernández Mañueco conversa con Pedro Sánchez durante una visita del presidente del Gobierno este año a RenaultPhotogenic/Claudia Alba

Este lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la sentencia de 19 de abril de 2021 del Tribunal Supremo que ratifica la condena al Gobierno de España al pago de los 182 millones de euros más intereses correspondientes a la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2017.

La sentencia estima parcialmente el recurso que interpuso Castilla y León contra la presunta desestimación de las pretensiones principal y subsidiaria formuladas por la reclamación de 21 de febrero de 2020 dirigida por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del IVA.

Tras conocerse la publicación de este sentencia, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado al Gobierno de España que llevan ya casi medio año esperando a que el Ejecutivo de la nación y su presidente, Pedro Sánchez,, se dirija a ellos para notificar el pago de esta importante cantidad que, según advierte Fernández Mañueco, es un dinero que pertenece a todos los castellanos y leoneses.

De hecho, en la sentencia, elTribunal Supremo reconoce que la Junta de Castilla y León ha intentado llegar, en todo momento, a una solución consensuadaprevia a la judicial y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos en el marco de la lealtad institucional para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a la Comunidad por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación correspondientes al IVA.

Además, el jefe del Ejecutivo regional pone de manifiesto también que se trata de un dinero necesario y urgente ya que su Gobierno tiene previsto destinarlo íntegramente para ayudar a las personas, familias y empresas más afectadas por las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus.

Desde el pasado 19 de abril, esperamos que el Gobierno de España se dirija a nosotros y nos notifique el pago de estos 182 millones de euros, que son de todas las personas de Castilla y León y que dedicaremos por completo a ayudar a los sectores que más han sufrido la pandemia”, escribe el presidente en un tuit en su perfil de la red social Twitter.

Esta irregularidad corresponde al anterior Gobierno de Mariano Rajoy, que en el año 2017 implementó el llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA que implicó que, en términos de caja, sólo se contabilizaran once meses de autoliquidaciones de IVA, en lugar de los pertinentes doce. Esta decisión generó un problema en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017, que el Gobierno trató de solventar incluyendo un cambio normativo en la liquidación del IVA. Sin embargo, PP y Cs votaron en contra.

Castilla y León, en un empeño de su presidente, fue la primera en dar el paso pidiendo en numerosas ocasiones la devolución del IVA de 2017, cuantificado en 182 millones y que el Tribunal Superior ha condenado al Estado a pagar a la Comunidad.

Los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León interpusieron un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara de forma presunta, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades debidas al Gobierno regional.

Fernández Mañueco solicitaba al Ejecutivo central que se pagaran a la comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros. Asimismo, se reclamaba el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que ascendían a otros 61,51 millones de euros.