El programa de viviendas con asistente personal gana presupuesto y se extenderá a más colectivos

Favorecer la independencia y autonomía personal de las personas con discapacidad es una de las prioridades del Gobierno que preside Fernández Mañueco para esta legislatura. De hecho, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aumentará el presupuesto del programa de viviendas y apoyo a la vida autónoma con asistente personal un 43 por ciento, hasta los dos millones de euros, y, además, lo vinculará a los itinerarios de empleo.

Además, este programa que tan buena acogida está teniendo se extenderá a otros colectivos vulnerables, según anunciaba la consejera Isabel Blanco durante su visita a una vivienda supervisada en Ávila que gestiona la Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Discapacidad por Enfermedad Mental en la capital abulense.

Allí, Blanco reivindicaba la figura del asistente personal como un recurso «fundamental «en la atención a las personas con discapacidad y, además, como posibilidad para tener un proyecto de vida. Castilla y León fue la primera región que puso en marcha este recurso, que después se introdujo en la estrategia para combatir la soledad no deseada y ahora prevén incluir a colectivos para evitar su aislamiento social. «Tenemos que fomentar esta figura», insistía Blanco, mientras ponía en valor que la Comunidad es la segunda del país que más prestaciones de asistente personal tiene,con 1.561, 576 de ellas con personas con enfermedad mental. Al respecto, cabe señalar que esta es una figura que se da en todas las edades y de hecho el ocho por ciento del total de prestaciones atiende las necesidades de menores de cuatro a 17 años.

También destacaba que esta figura es un yacimiento de empleo puesto que se apuesta por la formación de personas con discapacidad para que sean asistentes personales. De hecho, el año pasado hubo 95 personas, de las que 69 tenían enfermedad mental y casi el 40 por ciento logró un empleo.

Colaboración con Faema

El fomento de esta actividad está demandado por asociaciones como Faema, con la que se tiene una colaboración y para la que se visitó una de sus 15 viviendas supervisadas en Ávila, en las que residen 67 personas. Es una labor que se realiza para mejorar la calidad de vida de un colectivo formado por 30.000 personas en Castilla y León, unas 2.100 en Ávila.

De las 67 personas atendidas e las viviendas, 27 reciben el servicio de asistencia personal y las otra 40 acuden a centros de Faema. Además se ha proporcionado un trabajo en el centro especial de empleo a cinco de ellos y otros 12 tienen formación para trabajar en su inserción laboral.

En estos momentos se está atendiendo a 49 hombres y 18 mujeres, con edades entre los 19 y los 75 años. El servicio cuenta con 26 profesionales que forman un equipo multidisciplinar y que tienen educadores, coordinadores, psicóloga, trabajador social o logopeda, entre otros.

El servicio de viviendas supervisadas se enmarca en un nuevo modelo de atención sociosanitaria a la enfermedad mental, sustentado en la coordinación entre los servicios sociales y el sistema sanitario, dirigido a ofrecer los apoyos que necesite cada usuario para llevar a cabo sus propios proyectos de vida y lograr la plena integración de las personas con discapacidad por enfermedad mental.

En estas viviendas, las personas con enfermedad mental tienen una atención personalizada como apoyo a su socialización.

Respecto al servicio de asistencia personal, entre enero y octubre de este año, Faema ha atendido a 223 personas, entre ellas cuatro menores de edad, según avanzaba su directora, Inmaculada Pose.

Actualmente se atiende a 183 personas teniendo en cuenta que el servicio varía según las altas y bajas que haya. Este servicio se presenta como un nicho de empleo como asistentes personales, con 65 en Faema, cuatro de ellos personas con discapacidad.

En el entorno de la visita de la consejera de Familia a la vivienda de Faema se dio a conocer un estudio de esta asociación que pone de manifiesto que el retorno social de los asistentes personales, medido en términos sociales y económicos, es muy superior al gasto que requiere la prestación de este servicio. En concreto, por cada euro invertido retornan 3,59 euros a la sociedad, informa Ical.

La Junta de Castilla y León mantiene una colaboración constante con Faema, de forma que la Gerencia de Servicios Sociales respaldó su labor con 1,7 millones el pasado año. De esta cuantía, 700.000 euros se destinaron a financiar servicios a través de la prestación vinculada de dependencia, con 172 usuarios, y otros 600.000 a sufragar centros.

Pobreza energética

Por otro lado, Blanco avanzaba que la semana que viene se empezarán a pagar las ayudas a la pobreza energéticacomprometidas por el presidente Fernández Mañueco, porque ya tienen localizada la lista de personas vulnerables severas, de perceptores de pensiones no contributivas o de la Renta de Ciudadanía que tienen ingresos inferiores a los 5.000 euros en el caso general, y que son a quienes se dirige la ayuda.

Primero se les notificará por si alguno ha cambiado de domicilio o de cuenta y se les empezará a ingresar. Se beneficiarán alrededor de 45.000 familias con el requisito de estar considerados personas vulnerables en estado severo.