Casi 100 días lleva María González Corral, una apasionada de la ingeniería, el agua y el campo, al frente de la nueva Consejería de Movilidad y Transformación Digital, una “casa” que tiene como reto impulsar las infraestructuras en un contexto de crisis y cuatro grandes proyectos: el plan de carreteras, el nuevo modelo de transportes, la estrategia logística y el impulso de la digitalización de la Castilla y León de 2022. En una entrevista concedida a Ical en una jornada maratoniana de reuniones, detalla los ejes de su gestión, guiada por el “vademécum” de su comparecencia en las Cortes y las reivindicaciones al Ministerio de Transportes, del que denuncia un trato “diferente” y al que planta “batalla” contra la supresión de paradas de autobús y para lograr que las líneas de tren de altas prestaciones tengan la declaración de Obligación de Servicio Público. Además, cuestiona la efectividad del descuento de 20 céntimos en el combustible y llama a los socios de Vox a “separar el pensamiento político” del cargo que ostentan en el gobierno de coalición con el PP.

La Junta ya ha iniciado la elaboración de los próximos presupuestos, ¿hay margen en un contexto como el actual para las inversiones en infraestructuras?

Los presupuestos se van a ver mediatizados por el contexto actual, con un IPC (Índice de Precios al Consumo) desbocado. A ello se unen otros factores como la guerra de Ucrania o la situación postCOVID. Además, estamos trabajando con unas cuentas prorrogadas que de una forma u otra han supuesto que determinadas inversiones hayan tenido que reorganizarse durante los próximos años. Sin embargo y, a pesar de todo esto, hay un compromiso claro, tanto del presidente como mío propio, de apostar por las infraestructuras.

Como consejera de Movilidad, ¿aspira a que las inversiones de su cartera ganen peso respecto a los últimos años? ¿Se notará un impulso en 2023?

Me encantaría contar con un mayor presupuesto, igual que a cualquier otro consejero, pero estamos en una situación muy compleja en la que para los ciudadanos de Castilla y León hay algunos servicios que son imprescindibles, como son la educación, la sanidad o el transporte de viajeros y de ellos no podemos prescindir. Esto no quita para que en la medida de lo posible, y siempre que los presupuestos lo permitan, destinemos el mayor importe que se pueda a las infraestructuras.

Ha reclamado infraestructuras pendientes al Gobierno, ¿la Junta estaría dispuesta a colaborar en la ejecución de la Autovía del Duero o la León-Valladolid? Fue una fórmula que en el pasado se impulsó desde Castilla y León.

Nosotros vamos a trabajar con las carreteras autonómicas y en el caso de las estatales vamos demandar al Gobierno que finalice algunas que llevan años de retraso. Ya lo hemos trasladado en mi comparecencia y en dos cartas remitidas al Ministerio (de Transportes), en las que he solicitado una reunión. Hay determinadas infraestructuras que son claves para nuestro territorio y que las necesitamos para esa cohesión territorial en la comunidad más extensa, con una dispersión de la población muy grande y necesitamos que autovías como la del Duero o a León-Valladolid o la Burgos-Aguilar por fin se vean finalizadas, como también la vía del AVE a Burgos y otras. Seremos reivindicativos desde la Junta con el Gobierno. Ya lo hemos sido, lo estamos siendo y lo seguiremos siendo.

¿Y ha recibido respuesta a su última carta?

A principio de legislatura mandamos una a la secretaria de Estado con un recopilatorio de temas pendientes, solicitando una reunión y, previamente, otra sobre temas ferroviarios. A día de hoy no he recibido respuesta y espero que lo antes posible me reciba.

El nuevo mapa de carreteras de Castilla y León nace, como el anterior, en un contexto de dificultades, ¿se van a revisar sus proyectos?

Este plan de carreteras 2023-2034 tiene que recoger cuál es la situación actual y cuáles son las necesidades reales. Estamos trabajando para tenerlo presentado y aprobado el año que viene, pero antes abriremos distintas mesas para que la ciudadanía pueda trasladar sus inquietudes. Ahora mismo la situación es la que es, pero tampoco podemos renunciar a dejar reflejados en un plan a 12 años actuaciones que queremos abordar en nuestra comunidad. Vamos a incluir aquellos objetivos que son incuestionables e irrenunciables, que no podemos obviar, como la seguridad vial, la conservación, el mantenimiento y el refuerzo, pero daremos la posibilidad, en función de cómo sea la situación económica, de poder abordar todas esas nuevas obras, que vamos a dejar reflejadas en ese plan, que se va a someter a unas revisiones y evaluaciones, en función de los hitos que vamos logrando y de la situación económica, de manera que vayan coordinados.

En Castilla y León existe una pelea entre territorios por la preponderancia logística, ¿la nueva estrategia clarificará el papel de cada territorio?

La Junta trabaja en una estrategia logística para el periodo 2022-2028 que ya ha superado la primera fase de análisis de la situación actual y a partir de ahora vamos a abrir un diálogo continuo con todos los agentes económicos y sociales para tener una visión completa y una definición de las funciones de cada uno de los nodos logísticos. La previsión es que a finales de este año podamos presentar la estrategia y con ello se podrá establecer los papeles fundamentales de cada uno. Lo que tenemos que conseguir es una conexión y correlación entre todos ellos. No consiste en que unos hagan competencia a otros, sino entre todos hacer de Castilla y León un punto de referencia en el desarrollo logístico.

¿Qué cambios deben introducirse en las plataformas y centros logísticos para abordar los nuevos retos?

Estamos trabajando por potenciarlos, un ejemplo de ello es la plataforma logística de Zaldesa de Salamanca, donde la Junta ha invertido nueve millones y que va a permitir que sirva de nexo de unión entre Castilla y León y la zona norte de Portugal. Esta Consejería tiene el compromiso de invertir en las plataformas logísticas 27,5 millones (Burgos, Salamanca, Ponferrada y Villadangos) y también en los centros logísticos 16,7 millones, que serán para el de Benavente, Medina del Campo, Ávila o Ponferrada. Es una apuesta decidida y queremos ser capaces de recoger todas las demandas de todos sectores en un momento tan decisivo y en el que Castilla y León se puede convertir en un territorio con muchas oportunidades de desarrollo.

El Gobierno acaba de aprobar el nuevo paquete de medidas anticrisis, ¿es partidaria de complementar con fondos autonómicos el descuento nacional en los carburantes?

No somos muy partidarios del descuento de los 20 céntimos. La realidad es que los combustibles siguen subiendo y no son capaces de frenar ese aumento. Nosotros defendemos una bajada de impuestos, al final para el ciudadano lo que estamos haciendo es sacarle dinero de un bolsillo y metérselo en otro. Yo te saco dinero vía impuestos de los combustibles cuando llenas el depósito de tu vehículo y te meto en el otro bolsillo esa bonificación de 20 céntimos. Lo que tenemos que tener claro es que no me sacan lo mismo que me meten. Me sacan más de lo que me meten y cuando el combustible sube hay más impuestos y me sacan más, pero simplemente me siguen metiendo 20 céntimos. ¿Qué solicitamos nosotros? Una bajada de impuestos y en esa línea estamos trabajando.

El alcalde de Valladolid solicita a la Junta que se sume a las bonificaciones del 30% en los abonos del transporte de viajeros por carretera con las ayudas del Gobierno

Aquí cada uno tiene que ser responsable de sus competencias. De una manera u otra nos acogeremos en la medida en que podamos, pero a simple vista, y a la espera de la publicación de la orden que lo clarifique, el presupuesto que maneja el Ministerio parece que se va a quedar corto. Eso va a suponer que vamos a tener que ser las comunidades las que lleguemos a ese porcentaje. Aquí tenemos que tener en consideración que en esos abonos entran los ‘cercanías’ de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, que tienen un presupuesto altísimo. Con las estimaciones iniciales que se han barajado es difícil que lleguemos a todos. Todo aquello en lo que podamos sumar, bienvenido sea pero Castilla y León es una comunidad que viene apostando desde hace muchísimo tiempo por el transporte público de pasajeros y el medio rural.

El Gobierno ha anunciado, además, que serán gratuitos los abonos para cercanías y media distancia de Renfe ¿están de acuerdo con la medida?

La vemos con sorpresa, más que nada porque hemos estado la semana pasada en una Conferencia Nacional donde nos han estado explicando el descuento del 30 por ciento y del 50 por ciento en ferrocarriles, y hoy hemos amanecido con el 100 por 100. No sé qué repercusión va a tener eso, ni cómo se va a articular. Bienvenido sea siempre que sirva para fijar la población aquí. Nosotros ya estábamos trabajando y apostamos por ayudar. Es una medida muy coyuntural, de momento para cuatro meses, y tenemos que esperar a ver cómo se articula. El 100 por 100 de la bonificación en un abono casi choca con que te cuesta comprarte un solo billete, pero te bonifican la totalidad de un abono. Hay que esperar a ver qué se traduce eso sobre el papel.

Usted ha expresado su oposición al recorte de paradas en el mapa concesional del Estado, ¿qué planteamiento hace la Junta en esa reordenación?

El Ministerio nos ha trasladado un documento, ahora mismo lo estamos analizando y desde luego nos oponemos a un nuevo mapa de transporte nacional que suprime las paradas en 346 municipios, que tienen una población asociada de más de 200.000 habitantes. Eso implica no apostar por el medio rural, por la cohesión territorial y por una comunidad, que con la dispersión de población y la extensión que tiene, necesita el transporte público de viajeros. Esto choca totalmente con el planteamiento que tenemos, porque nosotros apostamos por brindar oportunidades al ciudadano que vive en el medio rural, y el ejemplo está en el Bono Rural Gratuito.

¿Aceptaría que esos servicios se prestaran con líneas autonómicas a cambio de apoyo financiero del Estado?

No vale con decir que determinadas competencias se trasladarán a las comunidades autónomas porque hay servicios que nosotros a nivel autonómico no vamos a poder dar. Si hay una línea que hace Madrid-Irún y quitas paradas en tres pueblos de Castilla y León, nunca vamos a poder dar ese servicio. Podremos unirlos con las capitales de provincia, pero no vamos a poder llevarles a otra comunidad, porque no es competencia nuestra. No vale con que digan que nos darán presupuestos para complementarlo, es que habrá cosas que se puedan hacer, pero habrá otras que no. Hoy salimos con una medida estrella que anuncia el presidente del Gobierno que bonifica al 100 por 100 de los abonos, pero vamos a apostar por el transporte en serio y no vamos a suprimir las paradas. Es lo que debería hacer el Gobierno.

¿La Junta qué respuesta prepara para frenar este primer mapa

Pelearemos, lucharemos y reivindicaremos para que se sigan manteniendo las paradas en nuestro medio rural. En la Conferencia de la semana pasada yo y otros consejeros solicitamos una reunión. Es el momento de abordar el mapa del transporte y no se puede demorar un tema como este, porque se pasa de hacer paradas en municipios pequeños a casi hacerlo solo en aquellos de más de 50.000 habitantes, lo que en una comunidad como Castilla y León es borrarnos del mapa.

¿Qué le dijo la ministra?

Nos dijo que nos había convocado para otros temas (sonríe). Esperemos que se modifique esa primera propuesta. Esta Junta y esta Consejería dará la batalla para que en la medida de lo posible no salga o no salga en estas condiciones.

En Castilla y León también está en marcha un nuevo mapa autonómico, ¿será diferente al que diseña el Gobierno?

Ese mapa lo que no pone encima de la mesa es la supresión de paradas en 346 municipios. La Junta lo que hace es sufragar el déficit de las líneas, hasta tal punto que en estos últimos años la situación de la pandemia ha hecho descender mucho el número de viajeros y el presupuesto que destinamos a las líneas se ha multiplicado por tres. Lo que queremos es darle un servicio al ciudadano que vive en el medio rural y no quitarle oportunidades, como hace el mapa estatal. Esperamos que el Ministerio, por supuesto, lo reconsidere y lo retire porque es algo que machaca a nuestro medio rural.

Este nuevo modelo se inició la pasada legislatura, ¿Ha habido algún cambio de planteamiento en el decreto que regulará el nuevo mapa? ¿qué calendario manejan?

Trabajamos con ese texto porque no podemos estar para adelante y para atrás, pero ahora lo que tentemos que hacer es recoger lo que el Consejo Consultivo nos ha trasladado. Lo estamos analizando y una vez que hayamos contemplado sus recomendaciones, continuaremos con la tramitación para la aprobación del decreto en el próximo trimestre. Una vez rematada esta fase normativa, comenzaremos ya con los anteproyectos y proyectos de explotación para sacarlos a información pública a finales de 2022 y principios de 2023. En ellos hablaremos de las líneas, las paradas e incluso de los vehículos, es decir, de todo aquello que nos sirva para sacar a licitación las nuevas concesiones. La previsión que tenemos es ponerlo en funcionamiento en 2024. Pero por supuesto, fijándonos en que apostamos por la cohesión territorial y por no dejar a los ciudadanos sin servicio de transporte público de viajeros.

Visto cómo ha terminado el modelo de ordenación del territorio aprobado hace casi una década, ¿será necesario que se arremanguen para hacer pedagogía con los alcaldes y presidentes de diputación?

Una vez que tengamos esos anteproyectos, por supuesto que contaremos con los agentes implicados, como son las diputaciones, los ayuntamientos o el sector del transporte, que ya ha participado también en las fases previas.

¿La Junta se replantea recuperar algún incentivo a la conexión aérea de la Comunidad o es un capítulo cerrado?

Nuestro foco ahora mismo está centrado en el transporte por carretera y para eso tenemos nuestro plan para mejorar las infraestructuras y el mapa, y además tenemos un papel muy proactivo en la reclamación al Gobierno central de la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) para las líneas de altas prestaciones, que es necesario para que los ciudadanos se puedan beneficiar de las bonificaciones que suponen los abonos. Esto es lo que tenemos sobre la mesa y son las prioridades que manejamos ahora mismo.

¿Qué ocurre para que no esté disponible el descuento del 25% para los usuarios del AVE? ¿Falta voluntad política en alguna parte?

Lo tenemos ya muy avanzado y esperemos que vea la luz a muy corto plazo. Es verdad que ha costado ponerlo en marcha, porque éramos la primera comunidad que abordaba esta iniciativa, en la que intervienen Renfe, la Junta y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que es el que corrobora el empadronamiento del ciudadano en la Comunidad. Esto ha requerido un engranaje para confirmar en los microsegundos en los que uno hace la gestión en la aplicación web que se reside aquí. Vamos a poner casi diez millones y la vamos a implantar durante cuatro años. Apostamos por ello, evidentemente si son cuatro años, será prorrogable.

Será para viajeros recurrentes, ¿pero desde qué ciudades con servicios de alta velocidad estará disponible?

Estamos trabajando con Renfe para buscar alguna posibilidad hasta el momento en el que el Ministerio declare la Obligación de Servicio Público de las líneas de Castilla y León. No es concebible que otras comunidades conectadas por AVE tengan esta consideración y aquí no. Por lo menos se pueden ofrecer trenes sinergiados, que siendo un AVE, permitan hacer uso del bono Avant. Es una pelea que tenemos en esta casa con el Ministerio y que de hecho fue el asunto que motivó la primera carta que envíe a los pocos días de tomar posesión. De momento no tenemos noticias.

¿Es partidaria de soterrar las vías en Valladolid o defiende una apuesta más modesta visto lo ocurrido con las operaciones ferroviarias? ¿Tiene la Junta capacidad para financiar soterramientos en todas las capitales donde se planteó?

Independientemente de la ciudad o municipio donde se promueva un tipo de integración u otro, las soluciones y el modelo de ciudad dependen de los ayuntamientos. Es un tema exclusivamente urbanístico y son los ayuntamientos los que deciden cómo quieren el desarrollo de sus ciudades. La Junta no es quien para opinar, es el ayuntamiento al que le corresponde, lo que no quita que por supuesto la Junta no va a condicionar ninguna decisión y apoyará económicamente esos desarrollo que se decidan hacer a nivel de ciudad.

¿Qué posición tiene como consejera de Movilidad sobre las restricciones a la circulación de vehículos contaminantes por los centros urbanos? ¿Cree que se está imponiendo una movilidad eléctrica?

Deberíamos haber dedicado el mismo tiempo en definir esas actuaciones para conseguir ese objetivo como a trabajar en qué implicaciones tenían esas decisiones. Creo que lo hay que hacer es trabajar para cumplir con las imposiciones a nivel europeo, que tienen que ir aparejadas al desarrollo de las ciudades, sobre todo, en los centros urbanos, en los centros históricos, y que no deberían colisionar las unas con las otras.

¿En 2023 se cumplirá el compromiso de que el 100 por 100 de la población tenga acceso a 30 megas?

Desde 2021 las comunidades ya no participan en el despliegue, pero sí que es verdad que hay un compromiso de llegar al 90 por ciento en 2023. Esperemos que así sea y en la media de nuestras competencias la Junta en todo lo que pueda actuar, va a actuar. Estamos trabajando en una convocatoria de ayudas de nueve o diez millones, financiados con fondos europeos, que vamos a sacar a finales de este año para actuar en los polígonos.

¿Cómo es la relación con la ministra de Transportes? ¿Siente que la atención a la Comunidad es diferente por el pacto PP-Vox en Castilla y León?

Hay una atención diferente a Castilla y León. No se si es por el pacto PP-Vox o no. Lo que sé y puedo afirmar es que es diferente y ahí soy firme, tajante y muestro mi descontento con la ministra, a la que he trasladado cartas y solicitudes de reunión y no he recibido contestación. He traslado la necesidad de abordar el mapa de transportes y no he recibido contestación y por poner un ejemplo, he estado con ella y su secretario general visitando el derrumbe del viaducto de la A-6 (Autovía del Noroeste) y se ha convocado a los empresarios y a las cámaras gallegas para hablar de las consecuencias y no se ha hecho con Castilla y León. Le tuve que recordar que el viaducto se había caído en León, y que es una vía que atraviesa nuestro territorio y sirve de entrada y salida de muchos productos. No entiendo por qué esa ministra que gobierna para toda España nos ha tratado así a los ciudadanos de Castilla y León y así lo he trasladado.

¿Conocen la solución que plantea Transportes?

No conocemos nada. Espero que en los próximos días nos trasladen esa alternativa en la que están trabajando y en la que se comprometieron en la última visita, porque esto afecta a los ciudadanos y empresas del transporte, que sufrirán embotellamientos y tiempos de viaje más largos, lo que afecta a los tacógrafos y al gasto en combustibles.

Se ha estrenado como consejera de Movilidad en el primer gobierno autonómico de PP y Vox, ¿Qué balance hace del mandato?

Han sido unos meses muy intensos. Arrancamos una nueva legislatura con un montón de proyectos encima de la mesa y sin parar de trabajar por los ciudadanos de Castilla y León. Ya sea Vox, ya sea PP, al final todos estamos bajo el mismo paraguas que es el Gobierno de la Junta de Castilla y León. En el primer Consejo de Gobierno se aprobó ese primer gran acuerdo en el que reflejábamos un montón de medidas para el desarrollo de nuestro territorio y cada uno, dentro de sus competencias, vamos a seguir implantando otras nuevas.

El presidente de la Junta pidió no prejuzgar al ejecutivo de coalición y apostó por la gestión, ¿se lo ponen difícil sus compañeros de Vox? ¿Ve equilibrada la balanza entre gestión y carga ideológica?

Somos un gobierno, pero dos partidos y cada uno tiene sus pensamientos, pero tenemos firmado un acuerdo, con unos objetivos que tenemos que desarrollar. Eso es lo que debe de primar; esa gestión de esos recursos, que son de todos los ciudadanos y que lo que tenemos que hacer es optimizarlos, máxime en esta situación económica en la que por desgracia nos encontramos.

Con sinceridad, ¿ha sentido incomodidad con algunos planteamientos de Vox, como el último sobre la sexualidad y despoblación?

No me siento incómoda y creo que al final nadie, o ninguno de los que estamos en ese Consejo de Gobierno, se tiene que sentir incómodo. Cada uno tiene una ideología y lo que tenemos que saber es separar el pensamiento político de cada uno de nosotros con el cargo que ostentamos dentro del Consejo de Gobierno. Ellos -Vox- por su parte pueden pensar así y yo puedo pensar así o de otra manera, eso no quita que dentro de nuestro Consejo de Gobierno trabajemos, al final, por los ciudadanos de Castilla y León.

Entiendo, entonces, que piensa de otra manera sobre esa relación entre sexualidad y despoblación

Silencio (Sonríe).