Castilla y León inicia el procedimiento para contar con una ley de violencia intrafamiliar

La Junta de Castilla y León inicia el procedimiento para contar con una ley de violencia intrafamiliar como respuesta a una “problemática social existente”, de acuerdo al pacto de gobierno de PP y Vox que establecía el compromiso de poner en marcha los primeros trámites antes del 31 de agosto. Así, ha abierto una consulta previa en el portal de Gobierno Abierto en el que precisa que esta regulación no se aplicará a los supuestos que se consideren violencia de género, ni a la desprotección de menores.

En ese sentido, el Ejecutivo autonómico mantiene este proceso de audiencia hasta el 31 de agosto para que una vez que haya finalizado el periodo de alegaciones al esquema de la estructura conocido esta mañana, se redactará el anteproyecto de ley que, posteriormente, también se someterá al trámite de consulta previa con su publicación en el portal de Gobierno Abierto.

La Junta defiende que es “necesario” impulsar una norma autonómica en Castilla y León que “favorezca la protección y atención de las personas que sufran situaciones de violencia en el ámbito familiar”, con el objeto de dar “respuesta a una problemática social existente”. Además, en una nota de prensa indica que la “preocupación” del Gobierno de Castilla y León por este tipo de violencia no es una novedad, como demuestra, a su juicio, la aprobación en 2019 del Plan de Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar con el objetivo de prevenir esta violencia y atender a las personas que la sufren.

“La futura ley supondrá un paso más en esta inquietud, elevando de rango la protección jurídica a las personas que la sufren, dando así respuesta a esta problemática social existente que afecta a los diferentes grupos de personas que se encuentran en ese entorno familiar”, defiende la Junta.

La finalidad de la norma, según avanza la Junta, tiene como objetivos “sensibilizar” a la sociedad contra la violencia intrafamiliar; favorecer el acceso a la información destinada a las personas víctimas; prevenir y detectar precozmente estas situaciones; atender de manera integral a las víctimas, incluyendo la protección y la asistencia para conseguir la reparación efectiva, entendida como el restablecimiento de los ámbitos dañados por la situación de violencia vivida y la recuperación de su propia autonomía a través de la formación profesional, la inserción laboral y la participación en la vida comunitaria, e investigar sobre esta materia y difundir los resultados.

Igualmente, el Ejecutivo autonómico explica que “se entiende por violencia intrafamiliar la que se produce entre ascendientes, descendientes o hermanos, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre menores o incapaces que se hallen sujetos a la patria potestad, tutela curatela acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente o que con él convivan, o sobre otra persona amparada por cualquier relación por la que se encuentren integrados en el núcleo de convivencia familiar, siempre y cuando no se trate de supuestos que, desde el punto de vista jurídico, se consideren como violencia de género o de desprotección de menores”.

Concretamente se contemplarían la violencia -física o psicológica- de los hijos menores hacia sus ascendientes y hermanos, denominada “violencia filioparental”, la ejercida de pareja que no tengan la consideración de violencia de género, sobre los mayores que residen en el hogar -maltrato a personas mayores-, de los mayores a sus familiares -violencia senil/conductas disruptivas-; a las personas con discapacidad por parte de sus familiares -malos tratos a personas con discapacidad- y de personas con discapacidad o trastorno mental hacia sus familiares -malos tratos al cuidador/conductas disruptivas-.

Las competencias en la materia que aclara la Junta son establecer las directrices para erradicar la violencia intrafamiliar, promoviendo las condiciones necesarias para su aplicación, a través de la aprobación de instrumentos de planificación que orienten la actividad de la Comunidad, dirigida a la erradicación de la violencia, durante el período de vigencia que se establezca en los mismos. También, incluye la de garantizar el derecho a la atención integral; la de crear, promover, impulsar y programar un modelo de atención a las personas víctimas de violencia intrafamiliar y a las personas dependientes de las mismas; prestar asistencia a las instituciones públicas y privadas que participen en la atención de víctimas de violencia intrafamiliar; impulsar la coordinación de las actuaciones en materia de violencia intrafamiliar. Promover la colaboración y la participación de todos los agentes implicados, y establecer medidas que fomenten la inserción laboral de las personas víctimas de violencia intrafamiliar que lo necesiten.

Medidas

Con el objetivo de prevenir y combatir la violencia intrafamiliar, el esquema de la estructura de la ley recoge que se impulsarán medidas de sensibilización y prevención para informar e incrementar la receptividad de la sociedad en la lucha contra este tipo de violencia. Estas líneas de trabajo, basadas fundamentalmente en la información y formación, comprenderán acciones educativas, comunicativas y pedagógicas dirigidas a los sectores y ámbitos donde se pueda enfocar la violencia intrafamiliar.

Por otra parte, también el Ejecutivo avanza que trabajará en la detección precoz para poder identificar, analizar y diagnosticar cuanto antes la existencia de situaciones de riesgo y vulnerabilidad en que se encuentren las víctimas o posibles víctimas. En esta fase será fundamental la labor de los profesionales de los distintos ámbitos que pudieran tener vinculación con la violencia intrafamiliar, como el sanitario, educativo, social, policial o judicial, por lo que será necesario impulsar programas de formación específicos, así como protocolos y procedimientos de actuación, que permitan la coordinación y colaboración entre los distintos agentes para una detección precoz, rápida y eficaz. Estos profesionales dispondrán de un sistema de información unificado que permitirá conocer los antecedentes y situación de las víctimas y su entorno en cada momento.

Asimismo, destaca la importancia de la atención integral a las víctimas de violencia intrafamiliar y su entorno para garantizar su protección, su recuperación y la restitución de los derechos vulnerados. Esta atención se llevará a cabo de manera coordinada a través de la red de recursos y prestaciones que sean necesarias en los distintos ámbitos -servicios sociales, sanidad, educación…-. En último lugar, la ley supondrá poner en marcha actuaciones para la elaboración de investigaciones y registros de información sobre esta problemática que puedan contribuir a un mayor conocimiento y un mejor abordaje.

Servicios y prestaciones

El documento publicado en Gobierno Abierto también establece el esquema sobre el que se asentarán los principales servicios y prestaciones para las víctimas, entre los que se encuentra el servicio de información y orientación, dirigido a prestar una correcta información a las posibles víctimas y su entorno sobre sus derechos y deberes y sobre los recursos existentes.

En cuanto a la atención psicológica, podría desglosarse en una primera atención de apoyo emocional y de consultas o problemas que puedan plantearse y, en el caso de que fuera necesario, en una intervención psicológica más especializada, adaptada y prolongada en el tiempo en función del caso y la situación concreta. El asesoramiento jurídico será un servicio dirigido a facilitar asesoramiento legal gratuito a las víctimas de violencia intrafamiliar en materia civil, penal, administrativa o cualquier otra que guarde relación con su situación.

La futura ley también preverá proporcionar a las víctimas recursos de alojamiento cuando carezcan de medios de subsistencia.

Por último, contemplará la concesión de ayudas económicas para las víctimas de violencia intrafamiliar. Con carácter general, estas prestaciones irán dirigidas a aquellas víctimas para las que quede acreditada insuficiencia de recursos económicos, especiales dificultades o imposibilidad de acceder a un empleo y serán incompatibles con cualquier ayuda, ingreso o subvención concedidos con la misma finalidad. Los menores huérfanos tendrán derecho a una ayuda económica cuando la violencia intrafamiliar tenga resultado de muerte de sus progenitores o de uno de ellos como consecuencia de la violencia intrafamiliar en el ámbito de la pareja.