Cámaras de alerta de incendios: entre la disuasión, el 112 y el factor humano

En un año negro de incendios forestales, el análisis que realizan los sindicatos y los propios integrantes del operativo sobre la experiencia con las cámaras de alerta temprana no es el mejor, ya que presentan fallos de ‘percepción’ que cuestionan que sea una opción válida sin participación humana en el corto plazo; mientras que el papel disuasorio que tienen y su complementariedad en la vigilancia abonan su uso por parte de las administraciones.

En concreto, el planteamiento de la Junta de Castilla y León no es que las cámaras sustituyan a los vigilantes sino aprovechar la potencialidad de estas nuevas tecnologías para abarcar cada vez más terreno, en un momento en el que la evidencia ha mostrado cómo el mayor sistema de alerta temprana son los propios ciudadanos, responsables de más del 50 por ciento de los avisos a través del Servicio de Emergencias 1-1-2, mientras que las torretas de vigilancia son responsables del 36 por ciento en los picos más altos de actividad, según han explicado a Efe fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Tras más de una década de desarrollo experimental del uso de cámaras de vigilancia -basadas en la tecnología térmica y visual- y después de un análisis de sus resultados, las mismas fuentes han detallado que se está produciendo una “reorientación” para que las funciones clave de las cámaras sean, más que la alerta, la verificación y el seguimiento del incendio, para aportar información relevante para la toma de decisiones técnicas.

Representantes sindicales y técnicos del operativo desplegado en Castilla y León, la Comunidad que más ha padecido este verano el drama de los incendios, han reconocido que pese a que hace una década fueron presentadas por el Gobierno autonómico como una especie de “panacea” contra los incendios, “la realidad es que las cámaras dan un montón de fallos”, según ha explicado a Efe el responsable autonómico de Medio Ambiente del sindicato CSIF, Agustín Angulo, que ejerce como jefe de jornada en el Centro Provincial de Mando de León.

En concreto, asegura que los fallos de ‘percepción’ por parte de estas máquinas oscila entre el 50 y el 80 por ciento de las alertas que lanzan, basadas en una tecnología en ocasiones confunde conatos de incendio con la llanta de un coche al sol, el tejado de chapa de un edificio, la barbacoa de un pueblo o incluso la salida y la puesta de sol.

Cuando la cámara detecta un posible incendio lanza un pitido al Centro Provincial de Mando, donde personal contratado por la Fundación Patrimonio Natural tiene que corroborar con las imágenes que recibe que se trata realmente de un incendio o si, por el contrario, es una de las falsas alarmas del sistema, también sobre la ubicación de las llamas.

Es este factor humano el que, según explica el representante sindical, el que evita que se movilicen recursos de extinción que no son necesarios, lo que justifica que desde su inicial fase de pruebas en montes de León, Zamora y Soria, el uso de las cámaras no haya sustituido realmente a ninguno de los integrantes del operativo que se dedican a alertar de posibles incendios, los conocidos como “escuchas”.

Sin embargo, su entrada en funcionamiento sí ha provocado que en las negociaciones laborales la Junta plantee esos puestos de trabajo como tendentes a la desaparición y, por lo tanto, haya frenado un posible incremento de horas de trabajo que, en opinión de los sindicatos, ahorrarían dinero en extinción al invertirlo en prevención y acción rápida.

NUEVAS CÁMARAS EN EL SUR DE ÁVILA Y SALAMANCA

Pero la Junta de Castilla y León no está en esa fase, según han explicado las fuentes consultadas, y el próximo despliegue de cámaras en el sur de las provincias de Ávila y Salamanca servirá para completar el sistema que ya funciona en Soria (21 cámaras), Zamora (11) y León (19) y que se reorientará también a la función de verificación y seguimiento, más allá de la alerta.

Hasta que los datos evidencien la eficacia de la tecnología -cámaras y drones- en la alerta de incendios, el Secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de la UGT de Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, uno de los negociadores de futuro modelo de prevención y extinción de incendios, ha remarcado que el papel de los trabajadores es “más que obligatorio”.

Sobre el coste de estos servicios, la Junta trata de ajustar el coste y el beneficio porque se trata de cámaras que están a la intemperie y resultan afectadas por rayos y por los propios incendios, como ocurrió en el reciente de la Sierra de la Culebra, que no afectó a las cámaras directamente pero sí a las líneas de comunicación, lo que hizo caer el sistema, ya reparado.

La ventaja es que cámaras de peor calidad que las actuales costaban unos 6.000 euros y ahora, con los avances tecnológicos, pueden adquirirse otras de mayor alcance por la mitad de precio, por lo que la Junta entiende que la inversión es eficaz de cara al futuro.E

n esta materia, el secretario de Acción Sindical de FeSP UGT Castilla y León, Carlos Arenas, ha considerado que actualmente “no existe ahorro porque se tiene que seguir pagando a una persona para el control de la máquina, más el coste de la cámara y su mantenimiento, que no tiene que ser barato, ya que los asumen empresas privadas”