Un juzgado de Palencia reconoce el derecho de dos menores a recibir la hormona de crecimiento con cobertura pública

El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia ha emitido dos resoluciones definitivas que exigen al Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) cubrir los tratamientos con hormona de crecimiento para dos menores con déficit diagnosticado desde su nacimiento. Las sentencias, ya firmes, establecen un precedente crucial sobre la financiación de tratamientos médicos prescritos por facultativos cuando no están expresamente excluidos del sistema público de salud.

En el primer caso, Sacyl debe reembolsar 54.037 euros a la familia de O.F.S. por los gastos de tratamiento previamente asumidos. En el segundo procedimiento, se reconoce el derecho a la cobertura continua del tratamiento para R.P.P., representados por la Asociación El Defensor al Paciente.

Sacyl ha sido criticado por la denegación inicial

Los menores presentaban, desde su nacimiento, un déficit de crecimiento significativo, situándose por debajo de los percentiles estándar de peso y talla. Los especialistas del Complejo Asistencial de Palencia prescribieron el tratamiento con hormona de crecimiento, que inicialmente fue denegado por el comité asesor de financiación. Esta denegación obligó a las familias a sufragar íntegramente los costes del tratamiento, una situación que motivó la posterior intervención judicial.

El juzgado enfatizó varios puntos fundamentales en su resolución. Destacó que la prescripción médica cumplía criterios de uso racional y que la hormona de crecimiento no figura entre los medicamentos excluidos de financiación pública. La sentencia subraya que la decisión sobre tratamientos médicos corresponde a los profesionales que los prescriben. Cuando estos cumplen criterios de racionalidad y no están excluidos de financiación, el sistema público debe asumir el coste, independientemente de la postura de los comités asesores.

Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor al Paciente, criticó la actitud persistente de Sacyl de oponerse al reintegro de gastos médicos, lo que obliga a las familias a recurrir a instancias judiciales para defender sus derechos.