Sociedad

La Junta pide al Gobierno que relaje la normativa para poder abatir lobos

La presión que sufren “las explotaciones ganaderas resulta insostenible e inaceptable”

Ataque de lobos a una explotación zamorana
Ataque de lobos a una explotación zamoranaZamoraNewsLa Razón

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que relaje la normativa para poder abatir lobos, ya que en la actualidad es preciso un “informe preceptivo” del departamento de Teresa Ribera.

Lo ha hecho, en el marco de la reunión mantenida con algunos de los 60 alcaldes abulense que, según Hernández, se han dirigido al Gobierno autonómico para exigir medidas que controlen la expansión de estos cánidos, lo que está ocasionando que “se estén incrementando los ataques” a explotaciones fundamentalmente de extensivo.

Tras recordar que la provincia de Ávila es la más afectada de la Comunidad, el delegado territorial ha denunciado la situación de “indefensión” y de “impotencia” que sufren los ganaderos abulenses, ante lo que consideran “desequilibrio” entre la presencia de lobos y los daños que causan al ganado.

En este sentido, y en representación de los alcaldes, la regidora de Zapardiel de la Ribera (Ávila) y procuradora del PP, María Ángeles Prieto, ha insistido en que la “presión que sufren” las explotaciones ganaderas resulta “insostenible” e “inaceptable”.

Tanto Prieto, como José Francisco Hernández, han llamado la atención sobre los “efectos económicos” de esta situación, pero también sobre los “sociales y emocionales”.

Tras señalar que las medidas adoptadas resultan “insuficientes” -financiación de mastines, vallados perimetrales...-, Hernández ha lamentado que el Gobierno central “lejos de establecer una relajación en esa protección del lobo ibérico al sur del Duero, la ha incrementado al norte, considerándolo allí especie protegida”.

En su opinión, esto ha provocado “un aumento de la población” de cánidos, así como de los ataques, lo que ha provocado un coste económico “muy importante” en las indemnizaciones que tiene que abonar la Junta.

“La situación no puede seguir así, es injusta e insostenible”, ha reiterado el delegado territorial, antes de considerar que “ni el Ministerio, ni la ministra pueden mantener que es una situación equilibrada”.