El fiscal superior alerta de que los delitos contra la libertad sexual han crecido y llama al compromiso de todos

El Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha advertido este lunes de que los delitos contra la libertad sexual han crecido un 30 por ciento durante el último año en la Comunidad, y ha apelado a la unidad y pedido el compromiso de todos en esta lucha y para facilitar los mecanismos de denuncia para poder proteger más y mejor a las mujeres.

Mena ha comparecido en las Cortes regionales para presentar la memoria de 20222 de la Fiscalía, donde, además, ha defendido que Castilla y León se mantenga sin competencias en Justicia. “No creo que sea bueno para la Justicia en Castilla y León que empiece de cero para ver qué pasa”, decía al respecto, para después asegurar que en otras regiones donde sí tienen trnasferidas las competencias “no están mejor que nosotros”.

Respecto a la violencia de género, Mena advertía de la alarma social que generan los asuntos relacionados con la violencia hacia la mujer y alertaba de la gravedad con la que se ataca, que en la mayoría de los casos afecta a mujeres jóvenes y adolescentes. “Agresiones y abusos que en muchas ocasiones son muy violentos, cometidos en grupo y para alardear, por lo cruel, ante sus iguales en las redes sociales”, explicaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Se detuvo en la violencia de género para subrayar que en el pasado año fueron cuatro las mujeres asesinadas por sus parejas en Castilla y León y una de ellas dejó dos huérfanos, pero no constaba denuncia previa.

También defendía la importancia del apoyo psicológico antes, durante y después de la denuncia y la formación, así como ahondar en el “yo sí te creo”.

En cuanto a los datos que revela la memoria en esta materia, en 2021 hubo 75 ingresos en prisión por agresiones contra su pareja, además se dictaron 1.241 ordenes de protección, un 21 por ciento más que el año anterior, junto con 101 dispositivos de control de agresores.

De la misma forma, el fiscal superior reclamaba que se faciliten los recursos necesarios por las administraciones a las víctimas de violencia de género en todos los lugares de la Comunidad para que exista igualdad en el acceso con independencia de dónde se resida.

Y advertía de la inquietud existente por los peligros de las redes sociales por el hecho de que el 94 por ciento de menores entre 10 y 15 años son usuarios de internet, y alertaba igualmente del aumento de los delitos de odio en ellas. Ante esta situación, pedía una respuesta firme” desde los órganos jurisdiccionales.

Por otro lado, los delitos contra la propiedad, robos en viviendas, se mantienen como los más numerosos, con 180 calificaciones, en una “situación preocupante”, según el fiscal superior.

Mena destacaba también que se ha reactivado la actividad judicial aunque aun no llega a la existente antes de la pandemia y detallaba que los nuevos procedimientos llegaron a 89.116 en 2021, un 13 por ciento mas que en 2020, que fueron 79.230, pero sin llegar a los 95.950 de 2019. De ellos, el número más numeroso, indicó que corresponden a los delitos contra el patrimonio, seguido por la seguridad de tráfico y quebrantamiento de condenas.

Las diligencias urgentes aumentaron un 21 por ciento respecto del año anterior, de las que el 74 por ciento son calificadas de forma rápida por el fiscal y se producen un 84 por ciento de sentencias de conformidad con la acusación pública, en su mayoría referidas a la seguridad vial y violencia de género doméstica.

El Ministerio Fiscal, por todo tipo de delitos, formuló 11.311 escritos de calificación y el mayor número corresponde a procedimientos abreviados, que aumenta más de un 16 por ciento. Los fiscales acudieron a un total de 15.274 juicios, lo que supone un “importante aumento” respecto de años anteriores.

Llamaba la atención sobre el importante número de suspensiones de juicios que producen “unas situaciones indeseadas que impactan negativamente tanto en la organización de los juzgados como de la fiscalía, pero sobre todos en las víctimas, testigos, acusados y el resto de profesionales”. “Lo detectamos, pero no hemos dado con la solución para que esto no ocurra”, admitía.

También, señalaba que el 59 por ciento de las sentencias son conformes con las peticiones fiscales y concretó que la criminalidad en Castilla y León supone unos parámetros similares al resto del país, aunque con un nivel menor en la conflictividad criminal que hay que cualquier otra comunidad autónoma.

La Memoria de la Fiscalía de 2021 recoge el ingreso de 275.411 asuntos en las salas de lo civil, penal, contencioso y social, lo que supone un 60 por ciento más que el ejercicio anterior, y se resolvieron 273.149 asuntos, un 72 por ciento más. A tenor de los datos, situó la cifra de criminalidad de Castilla y León en niveles medio y bajo.

También, destacó que la plantilla ha dado “un vuelco” con el 65 por ciento de mujeres de 131 fiscales y 35 por ciento varones y afirmó que la relación y colaboración con la Administración autonómica “es excelente”, lo que achacó a que las competencias son ministeriales.