Aumentan las reclamaciones ante la falta de información proporcionada por las Administraciones

En 2022, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, ha visto incrementado notablemente su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público.

En el último año se ha superado el número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos en relación con los ejercicios anteriores. En concreto, en el séptimo año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, se presentaron 794 reclamaciones, casi 300 más que en 2021. Del total de reclamaciones recibidas, 585 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales, es decir casi 3 de cada 4 de las presentadas.

De ellas, 518 se presentaron frente a ayuntamientos, 39 frente a entidades locales menores, 22 frente a diputaciones provinciales y 3 frente a mancomunidades; 137 reclamaciones fueron presentadas frente alguna de las consejerías de la Administración autonómica. 681 reclamaciones se fundamentaban en la ausencia de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 85 % de las presentadas.113 reclamaciones lo fueron frente a denegaciones expresas de información, denegaciones que se basaban principalmente en algunos de los siguientes motivos: la protección de datos personales; que la información se encontraba en curso de elaboración o había sido objeto de publicación; la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada; y, en 2 fin, que la entidad a la que se dirigía la petición no disponía de la información pedida.

Como ha ocurrido en años anteriores, el tipo de información solicitada por los ciudadanos cuya denegación ha motivado las reclamaciones es muy diverso; no obstante, las cinco materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones han sido las relativas a protección del medio ambiente, empleo público, obras públicas, contratación y actuaciones de carácter urbanístico. En el año de referencia, el 2022, la Comisión de Transparencia ha adoptado 262 resoluciones, 2 más de las emitidas en 2021.

En 154 de ellas se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada, de las cuales 138 resoluciones se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público, 15 se formularon a la Administración autonómica y una a un Colegio Profesional. El contenido completo de todas las resoluciones emitidas se halla publicado en la página electrónica del Comisionado de Transparencia. Las resoluciones de la Comisión de Transparencia deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales; en concreto, las tres sentencias judiciales adoptadas en 2022 en recursos interpuestos frente a resoluciones de la Comisión de Transparencia han ratificado la postura adoptada por esta.

Por otra parte, un año más es destacable que en 67 ocasiones, una vez que ha intervenido la Comisión, aun sin haber llegado a dictar resolución, ante la presentación de reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, la Administración o entidad pública correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a esta, desapareciendo, por tanto, el objeto de la reclamación.