El Consejo de Cuentas subraya la responsabilidad fiscal de las entidades locales en la ejecución presupuestaria pese a la suspensión de las reglas fiscales por la pandemia

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, dedicó su tercera comparecencia del año en el Parlamento autonómico al informe que aborda el análisis del impacto que tuvo la suspensión de las reglas fiscales en la situación económico-financiera de las entidades locales en el periodo 2018-2021.

Una fiscalización que analiza la evolución de los datos de ejecución presupuestaria y de las principales magnitudes presupuestarias a raíz de la pandemia, evaluando, a su vez, el impacto que esta y la derivada suspensión de las reglas fiscales –que afecta a los límites de déficit público, deuda pública y regla de gasto— ha tenido en el sector público local (el conjunto de los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León) en los ejercicios 2020 y 2021.

El trabajo se realizó a partir de un primer análisis de la información de las cuentas generales rendidas por las entidades, agrupando a los ayuntamientos por estratos de población; además de un análisis específico de las diputaciones, las capitales de provincia y los otros 14 ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes.

Con carácter general, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, las entidades locales de la Comunidad actuaron con responsabilidad fiscal en la ejecución de los presupuestos de 2020 y 2021. Mayoritariamente, manifestó Amilivia, en estos años se generó capacidad de financiación, cumpliéndose los plazos de pago a proveedores y cumpliéndose los límites de deuda.

Puso de manifiesto además que la evolución de las principales políticas de gasto se corresponde con el contexto de la crisis sanitaria: aumenta en servicios sociales fomento del empleo y bienestar comunitario, y disminuye a causa de las restricciones en educación, cultura y deporte, aunque recuperándose en 2021

La declaración de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020 y la derivada suspensión de las reglas fiscales acordada por el Gobierno incidieron de forma relevante a partir de ese ejercicio en la ejecución presupuestaria de las entidades locales, afectando a algunos de sus principales parámetros y magnitudes, como el límite del 110% de los ingresos corrientes liquidados para el endeudamiento local para 2020 y 2021.

Apuntó Amilivia que debe tenerse en consideración que, tras el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales en 2022 y 2023, con la crisis energética sobrevenida con la guerra de Ucrania, ya en el presente ejercicio 2024 esta medida excepcional desaparece, abriendo la Comisión Europea un periodo de transición, con sendas adaptadas a los Estados miembros, que deberán encaminar sus déficits a niveles que no superen el 3% del PIB y su deuda el 60% del PIB en 2026.

Así, el pasado 10 de enero el Congreso de los Diputados aprobó el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla de gasto para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026.

Todas las entidades locales. Como conclusiones de carácter general para el conjunto de las entidades locales, el impacto presupuestario se produce no tanto en los ingresos, que se mantienen en 2020, como en los gastos, que disminuyen un 1,9%, rompiendo la tendencia de crecimiento del año anterior, de un 3,6%. En 2021, año en el que adquiere vigencia durante todo el ejercicio la suspensión de las reglas fiscales, los gastos crecieron un 10,8% y los ingresos un 6,3%.

Por grupos de entidades, la disminución de los gastos no financieros en 2020 es evidente en los ayuntamientos, ya que aun nivel agregado se sitúa en el 4,9%, llegando a situarse en torno al 9% en los estratos de municipios de menor población. Por su parte, las diputaciones rompen la tendencia general de los ayuntamientos al crecer sustantivamente su gasto.

En 2021 la tendencia de crecimiento del gasto se da en todos los grupos de entidades, resultando un porcentaje muy elevado en los ayuntamientos menores de mil habitantes, donde se eleva en torno a un 20%.

Como consecuencia de la evolución de los gastos e ingresos de carácter no financiero, en 2020 se produjo un importante aumento de los superávits presupuestarios de las entidades locales, en torno al 35%. La tendencia contraria de las diputaciones, que disminuyen su saldo, es absorbida por el incremento de los saldos de los ayuntamientos que, a nivel agregado, es del 63,2%. En 2021 se produce una relevante disminución de estos superávits, del 36,5%, siendo esta la tendencia de carácter general en los diferentes grupos de entidades.

En 2020, la suspensión de las reglas fiscales implicó también la suspensión de los condicionamientos sobre el destino del superávit presupuestario impuestos por la normativa de estabilidad presupuestaria y, consecuentemente, la disminución del gasto en inversiones con el carácter de financieramente sostenibles.

Siguiendo la misma tendencia que el superávit, los resultados presupuestarios aumentan de forma relevante: un 165,2% en 2020 y disminuyen un 22,3% en 2021.

Por su parte, añadió, considerando que el remanente de tesorería para gastos generales es una magnitud acumulada, que engloba tanto operaciones presupuestarias como no presupuestarias, se reproduce la tendencia de incremento de esta magnitud en 2020 en un 14,3%, sin que estos remanentes lleguen a disminuir en 2021 ya que continúan aumentando, aunque en menor medida, un 4,9%.

Tanto los resultados presupuestarios como los remanentes de tesorería para gastos generales fueron positivos a un nivel agregado en todos los grupos de entidades y años, con excepción del resultado presupuestario agregado de las capitales de provincia en 2019, que fue negativo.

Al cierre de 2021, el remanente de tesorería para gastos generales agregado de los ayuntamientos y diputaciones ascendió a 1.319 millones. También, los niveles de endeudamiento de las principales entidades locales no aumentaron a raíz de la pandemia ni como consecuencia de la consiguiente suspensión de las reglas fiscales, manteniéndose dentro de los límites de la normativa reguladora de las haciendas locales.

Análisis de las diputaciones. Estas aumentaron con carácter general sus ingresos no financieros en 2020, así como también sus gastos en mayor medida. Así, disminuyen sus superávits presupuestarios en un 8,1% y en 2021 en un 47,4%. El aumento del gasto de carácter no financiero en este ejercicio supera el 10% en 5 de las 9 diputaciones (Ávila, Burgos, León, Segovia y Soria) cuando la última tasa de referencia de variación anual del gasto (límite de la regla de gasto) había sido fijada por el Gobierno en 2020 en un 2,9%.

Los resultados presupuestarios de todas las diputaciones aumentaron sustantivamente en 2020, mientras que en 2021 disminuyó en siete de ellas. Siguiendo la misma pauta, los remanentes de tesorería para gastos generales aumentaron en 2020 en 8 diputaciones; en 2021 disminuyeron en cuatro o, salvo en un caso, aumentaron en menor medida. Por su parte, los fondos líquidos aumentaron con carácter general en los dos ejercicios.

En esta línea, la utilización del remanente de tesorería para gastos generales de 2019 se situó en 2020 en un 78,5%, incrementándose dicha utilización en el ejercicio 2021, alcanzando el 81,9%.

Ninguna institución provincial liquidó el ejercicio 2020 o 2021 con resultado presupuestario o remanente de tesorería de carácter negativo. De esta forma, a 31 de diciembre de 2021, los remanentes de tesorería para gastos generales de las diputaciones se sitúan entre los 14,8 millones de euros de la Diputación de Ávila y los 146,9 de la Diputación leonesa.

El endeudamiento de las diputaciones disminuyó con carácter general en 2020 y lo hizo también en 2021 en la mayor parte de ellas. La deuda respecto a los ingresos se sitúa en niveles muy moderados a fin del ejercicio 2021, que van desde el 0% de las de León, Soria y Zamora y el 1,1% de la de Salamanca, al 32,8% de la de Burgos, muy lejos en todo caso de los límites legalmente previstos.

En 2020 se realizaron inversiones con el carácter de financieramente sostenibles en un 3,1% del remanente del ejercicio anterior. Cinco diputaciones realizaron este tipo de inversiones y cuatro no lo hicieron. Del total de 11.763.454 euros invertido por este concepto, 6.312.562 corresponden a gasto COVID, que fue realizado por cuatro diputaciones. En 2021 ninguna diputación efectuó inversiones de este tipo debido a la suspensión de las reglas fiscales y a que no se promulgaron normas especiales sobre gasto COVID con cargo al superávit presupuestario.

Análisis de los ayuntamientos capitales de provincia. Estos disminuyeron con carácter general sus ingresos no financieros en 2020 y también sus gastos en mayor medida y a diferencia del incremento que experimentaron el año anterior. Con ello se produce –indicó Amilivia—un aumento de sus saldos o superávits presupuestarios de un 6,6%. Por el contrario, en 2021 aumentan tanto los ingresos como los gastos, incrementándose el superávit un 5,6%. El aumento del gasto de carácter no financiero en este ejercicio supera el 10% en tres de las nueve capitales.

Los resultados presupuestarios del ejercicio 2020 aumentaron en 4 capitales y disminuyeron en 5. En 2021, el resultado disminuyó en 3 y aumento en 6.

Por su lado, los remanentes de tesorería para gastos generales aumentaron en 2020 en todas las capitales; en 2021 disminuyeron en 3 y en el resto aumentaron en mayor medida que en el periodo anterior. Los fondos líquidos aumentaron, con carácter general, en los dos ejercicios.

La utilización del remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2019 en 2020 se situó en un 80%, aumentando algo esta utilización en 2021, donde alcanzó el 80,7%.

Ninguna capital liquidó el ejercicio 2020 o 2021 con resultado presupuestario o remanente de tesorería de carácter negativo. Así, a 31 de diciembre de 2021, los remanentes de tesorería para gastos generales se sitúan entre los 3,7 millones de Palencia y los 69,9 de Burgos.

En cuanto al endeudamiento de las capitales, Amilivia indicó que disminuyó con carácter general en 2020 y también en 2021 en la mayor parte de ellas, si bien dos lo aumentaron sustantivamente. La deuda con respecto a los ingresos al cierre de 2021 se situó entre el 0% del Ayuntamiento de Zamora y el 98,8% del Ayuntamiento de León. La deuda del Ayuntamiento de Burgos, con sus consorcios adscritos, se situaría en torno al 98%. Todas se sitúan por debajo del límite de deuda y, salvo en el caso de Burgos y León, por debajo del 75% de los ingresos, límite a partir del cual se requiere autorización para concertar operaciones de crédito a largo plazo.

En 2020, indicadores como el del ahorro bruto aumentan en la mayor parte de las capitales y disminuyen otros, como la carga financiera. En 2021, el ahorro bruto disminuye en unas y aumenta en otras, disminuyendo la carga financiera en la mayor parte de ellas. También, los 9 ayuntamientos cumplen con el periodo medio de pago a proveedores a fin del ejercicio 2021. Cinco capitales realizaron en 2020 inversiones financieramente sostenibles en un 10,5% del remanente del ejercicio anterior. Del total de 16.603.189 euros invertidos por este concepto, 1.083.508 corresponde a gasto COVID, que fue realizado por 4 capitales. En 2021 solo una capital efectuó este tipo de inversiones, en pequeño porcentaje y con cargo al remanente de 2019.

Análisis de los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes no capitales de provincia. En primer lugar, hay que subrayar que 3 de estos 14 ayuntamientos (Aranda, Astorga y Medina del Campo) no habían rendido la cuenta de 2021 a la fecha fijada en el informe. Aranda y Astorga lo hicieron con posterioridad al informe. Con carácter general disminuyen sus ingresos en 2020 y también sus gastos en mayor medida. Así, se registra un aumento de sus superávits presupuestarios en un 133,2%. Por el contrario, en 2021 aumentan tanto los ingresos como los gastos, incrementándose los superávits. El aumento del gasto en este ejercicio supera el 10% en 9 ayuntamientos.

En 2020 los resultados presupuestarios de todos aumentaron sustantivamente con carácter general, corrigiendo la tendencia del año anterior o aumentando en mayor medida. En 2021, el resultado disminuyó en ocho de estos ayuntamientos.

Siguiendo con esta pauta, los remanentes de tesorería para gastos generales aumentan en 2020 en 11 consistorios; en 2021 disminuyen en 6 o, salvo en un caso, aumentaron en menor medida que en el año anterior. Los fondos líquidos aumentaron sustantivamente en 2020 y disminuyeron de la misma manera en 2021.

Ninguno liquidó 2020 o 2021 con resultado presupuestario o remanente de tesorería para gastos generales de carácter negativo, a excepción de Miranda de Ebro, que obtuvo resultado presupuestario ajustado negativo en 2020. Al cierre de 2021, los remanentes de tesorería para gastos generales se sitúan entre los 2,2 millones de euros de Miranda de Ebro y los 15,8 de San Andrés del Rabanedo.

El endeudamiento financiero disminuyó con carácter general en el ejercicio 2020 y también lo hizo en 2021 en la mayor parte de ellos. La deuda con respecto a sus ingresos a finales de 2021 se sitúa en niveles que van desde el 0% de Ciudad Rodrigo al 227,9% de San Andrés del Rabanedo. Y todos, salvo este último, que no podría concertar nuevos créditos a largo plazo, se sitúan por debajo del límite de deuda y por debajo del 75% de los ingresos.

El Consejo recomienda a todos los ayuntamientos y diputaciones que deberían actuar con una especial responsabilidad fiscal en la liquidación del presupuesto de 2023 y en la aprobación del de 2024 teniendo en cuenta la perspectiva de recuperación de un escenario de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

La segunda recomendación se dirige al Consistorio de San Andrés del Rabanedo, que debería reducir su nivel de endeudamiento, destinando a ello una parte de su remanente de tesorería para gastos generales, en un marco plurianual.

Tras esta sesión, quedan 11 informes pendientes de comparecencia en el Parlamento. Respecto al resto de las actuaciones, 5 fiscalizaciones correspondientes al Plan Anual 2022 están en su última fase de elaboración y otras 22 del Plan 2023 se encuentran en marcha. En total, 38 informes en diferentes momentos de tramitación conforman la actividad de la institución. Y más concretamente, en este primer cuatrimestre se aprobarán 13 informes.

Además, el Plan de Fiscalizaciones para 2024, cuya propuesta fue remitida por el Consejo de Cuentas a las Cortes para someterla a su aprobación el 28 de diciembre, incluye 28 nuevas auditorias.

Durante el presente mandato del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia ha comparecido en la Comisión de Economía y Hacienda en 47 ocasiones, con un total de 119 auditorías, lo que representa ya el 42% de toda la serie histórica.